SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Danilo Díaz, titular de la Secretaria de Asuntos Electorales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) calificó de atinada la decisión del Tribunal Superior Administrativo que ordena suspender la resolución de la Junta Central Electoral que establecía una nueva distribución de las curules de los diputados.
El propio Díaz informó a media mañana del miércoles la decisión del Tribunal Superior Administrativo escribiéndolo en su cuenta de Twitter : “TSA suspende Resolución de JCE sobre la redistribución de Diputados. Se mantiene la misma distribución de las elecciones del 2010”, escribió.
El Tribunal fundamentó la medida alegando que se violentó el proceso administrativo establecido por la Constitución, así como los artículos sobre Garantías Judiciales de la Convención Americana de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, los cuales están “debidamente formalizados en nuestro sistema jurídico.
“La Junta hizo la distribución faltando menos de un año, y ya era de público conocimiento que los partidos se habían organizado en base a lo que fueron las elecciones de 2010”, declaró Danilo Díaz al calificar de atinada la decisión adoptada
Al conocer la decisión, la Junta Central Electoral (JCE), por intermedio de su presidente, Roberto Rosario, dijo que no la impugnará: “Vamos a respetar la medida cautelar pero, como Pleno, tenemos criterio de que desde el punto de vista jurídico, y es una decisión unánime del Pleno, el plazo para que entre en vigencia ese concepto de la distribución demográfica entró en funcionamiento en el año 2010 con la proclamación de la Constitución”.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) había solicitado al Tribunal Superior Administrativo (TSA) suspender y declarar la nulidad de la distribución de diputados del Distrito Nacional y las provincias del país en las elecciones del 15 de mayo del 2016.
Mediante instancia Reinaldo Pared Pérez, secretario general del PLD, elevó un recurso contencioso administrativo, a través de sus abogados César Pina Toribio y Olivo Rodríguez Huertas, en el que se solicitó declarar la nulidad absoluta de la decisión de la Junta Central Electoral, por ser contraria a diferentes artículos de la Constitución de la República, recurso que acompaño de la solicitud de medida cautelar, que el TSA acogió.