Muchos se apresuraron a condenar en las redes sociales al Gobierno dominicano por la posición de supuesta genuflexión adoptada por el país en la más reciente Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) frente al gobierno de Nicolás Maduro. Así, habiendo leído o escuchado solo una parte del discurso del canciller Miguel Vargas, una turba de tuiteros se abalanzó a la tuitosfera para criticar la postura “cobarde” del Gobierno presidido por Danilo Medina y acusarlo de estar “vendido” al gobierno de Maduro. Hubo incluso algunos que, ante la afirmación de Vargas de que “lo que el Gobierno y el pueblo dominicano quieren para Venezuela es el fortalecimiento de su democracia, y que la paz y la prosperidad prevalezcan en la tierra de Bolívar”, llegaron a asimilar esta paz con la “paz de Trujillo”. Sin embargo, si se comparan las palabras de nuestro canciller con las de su homólogo chileno, Roberto Ampuero -que fue una de las estrellas de la Asamblea de la OEA, por la manera valiente y certera como respondió las sandeces proferidas por el canciller venezolano-, cuando expresó que, con la aprobación de la resolución contra el gobierno de Maduro, era claro que “es el hemisferio el que pide abrir un camino, una solución pacífica para que el pueblo venezolano tenga lo que merece: paz, concordia, prosperidad”, vemos que el llamado a la paz de Vargas en modo alguno puede interpretarse como un gesto de prosternación frente al régimen de Maduro.
Demostrando una vez más que, como decía ese gran filósofo Yogi Berra, el juego no se acaba hasta que termina, y desafiando todas las predicciones de la opinión pública, a la hora de votación, la República Dominicana estuvo donde tenía siempre que estar: del lado del pueblo venezolano -que tan solidario fue con los dominicanos desde su acogida de nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte hasta la recepción de los exiliados de Trujillo- y de la democracia. Y el dominicano no fue cualquier voto: la resolución aprobada por la OEA constituye el texto más contundente contra el gobierno de Maduro que ha emanado de la OEA, profundizando así notablemente su aislamiento internacional y abriendo la posibilidad de una eventual suspensión de Venezuela como miembro de dicha organización.
Aunque se quiera subestimar y desacreditar, la posición dominicana es destacable y constituye, junto con las recién iniciadas relaciones con China, un verdadero giro copernicano en nuestras relaciones exteriores, que nos coloca, además, como una nación con la suficiente independencia frente a las nuevas y viejas potencias regionales y globales. Por eso, nuestro país fue la gran sorpresa de la Asamblea. Y, no obstante, quien vio a un presidente Medina hace un mes diciendo con firmeza que “yo no creo que participe en ningún diálogo” y lo suma a la revelación por el canciller Vargas en su intervención de que el Gobierno dominicano no pudo “vencer la inexistencia de una voluntad real de llegar a acuerdos”, infirió que el Gobierno estaba decepcionado por la actitud del régimen de Maduro durante el fallido dialogo y que lo menos que podía hacer el país era abstenerse en la votación, principalmente debido a una opinión pública nacional e internacional crecientemente crítica del régimen chavomadurista.
Pero la clave del voto la reveló Vargas al final de su intervención, lo que no pasó inadvertido para los medios diplomáticos y los expertos en relaciones internacionales, cuando dijo: “La República Dominicana espera que cualquier acción colectiva que se emprenda con respecto a la hermana nación venezolana se haga en procura de contribuir a la búsqueda de una solución, pacífica, democrática y definitiva”. Esta “acción colectiva” es, como bien señala la Carta Democrática Interamericana, el conjunto de mecanismos “de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros de la Organización”, que no son más que, tal como establece la resolución aprobada, “los mecanismos para la preservación y la defensa de la democracia representativa”, cuya aplicación ordena el numeral 10 de dicha resolución, es decir, los previstos en los artículos 20 y 21 de la referida Carta, a saber, la convocatoria del Consejo Permanente para adoptar gestiones diplomáticas tendentes a la normalización de la institucionalidad democrática del estado en crisis democrática y, posteriormente, si fuesen infructuosas aquellas, ordenar la suspensión de dicho estado como miembro de la OEA.