El vals de los camiones es constante en nuestra urbanización. Camiones de agua van y camiones de agua vienen. Por primera vez en los casi 40 años que tengo viviendo en el sector de Arroyo Hondo la falta de agua se hace sentir cruelmente, coincidiendo con la peor sequía que ha sufrido el país en los últimos 60 años.
Eso no significa que, en período “normal”, el agua llegaba todos los días; eso sucedía más bien tres veces a la semana. Ahora, a duras penas, la CAASD hace llegar el precioso líquido una vez a la semana, y de a chorrito. Al final, la población no sale de una; cuando disminuyen los apagones desaparece el agua. El reciente silencio de los teléfonos nos hizo tomar todavía más conciencia de nuestra dependencia frente a la fragilidad de los servicios públicos y privados.
¿Llegó el agua? Esta pregunta que he hecho diariamente en las últimas semanas es la pregunta que hacen decenas de miles de nuestros conciudadanos en El Caliche, La Zurza, Capotillo y demás sectores de la capital donde las amas de casa están acostumbradas a modular sus vidas en función de la llegada del líquido vital o de la electricidad.
Contar a un europeo que no tenemos agua en un país tropical es una misión prácticamente imposible. Sus inconscientes nos vinculan a campos de golf, palmeras, bosques tropicales y cascadas, o sea, al perfecto paraíso tropical para turistas y no a un desierto con cadáveres de reses muertas como lo estamos viendo desde hace semanas en la prensa.
Sin embargo, la crisis del agua se perfilaba desde hace décadas a nivel local y global. Este fenómeno era, según el Foro Económico Mundial, una de las amenazas mundiales potencialmente más graves, por delante de las catástrofes naturales, las migraciones masivas y los ciberataques.
Frente a esta situación, desde 2010 -a través de su Resolución 64/292- la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
El acceso al agua potable está íntimamente relacionado con la salud y su deficiencia se expresa en el aumento de las enfermedades de carácter hídrico, que van del cólera al dengue, por lo que la apuesta por la construcción de acueductos -y su manejo adecuado- impacta en el bienestar de la población.
Según el estudio “El agua para la agricultura de las Américas”, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), República Dominicana se encuentra entre los países del continente americano con menor cantidad de agua renovable disponible por persona al año. El agua renovable es la cantidad máxima que es factible explotar anualmente en un país sin alterar el ecosistema y que se renueva por medio de la lluvia.
Según informaciones suministradas por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), el país tiene una capacidad de almacenamiento de agua muy baja, que ronda el 14%.
Desde hace tiempo sabemos que tenemos una ubicación geográfica de riesgo debido a nuestra gran exposición a amenazas naturales. Sin embargo, la defensa del medio ambiente nunca ha sido prioridad para nuestros gobernantes. Para colmo, en la actualidad tenemos al frente de esa cartera a un ministro que ha demostrado situarse más bien del lado de los depredadores y saqueadores que de los intereses estratégicos del país en materia de agua.
De este modo, hoy en día las cuencas de nuestros principales afluentes se encuentran en situación crítica mientras, desde el ministerio medioambiental se observa esta realidad con indiferencia. Esta situación se extiende a las industrias que contaminan con agentes químicos los ríos Higuamo, Ozama y Haina y a otros ríos como el Yubazo, el Nigua o el Nizao, que sufren por la extracción de materiales de parte de las granceras, agravando su deplorable condición.
Por otro lado, nuestros sistemas de abastecimiento de agua potable resultan muy vulnerables debido a políticas coyunturales y a una débil institucionalidad y gobernanza en la gestión del territorio.
Nos afectan la falta de planificación, la cercanía de los alcantarillados con los pozos de agua de consumo, las descargas sanitarias en importantes cuencas y los ayuntamientos que permiten el establecimiento de vertederos en las cercanías de tomas de agua, provocando la contaminación de los afluentes.
También es necesario reducir el fecalismo ya que, según el Indhri, cerca del 5 por ciento de la población todavía defeca al aire libre, mientras el 20 por ciento de los hogares no dispone de inodoros ni de letrinas.
El creciente desastre medio ambiental, los cambios climáticos, las sequías e inundaciones cada vez más recurrentes y devastadoras, además de la necesidad de producir cada vez más alimentos y la falta de fuentes de energía renovables, hacen que hoy en día el tema del agua sea de alta prioridad para la agenda nacional de desarrollo sostenible.
Podemos esperar que la dureza de la crisis actual acelere la regularización del sector y la aprobación de una ley de agua por el Congreso Nacional donde reposan varios anteproyectos.
Es un sector que mueve millones y las discusiones llevan 20 años debido a los intereses y apetencias tanto de los representantes de las dependencias estatales que manejan este recurso vital como del sector privado.
A la par de todas las leyes que se deben aprobar y las medidas que se deben tomar tenemos todos una responsabilidad conjunta de respeto al medio ambiente que se debe traducir en los hechos en educación medioambiental y en una cultura del agua para todos.
Para lograrlo y producir cambios de conducta duraderos y positivos se debe trabajar con la niñez desde la más temprana edad. Solo nuestros niños, niñas y adolescentes pueden garantizar que la sociedad tenga nuevas generaciones con un concepto más amplio de la importancia del recurso agua.