“El concepto más básico e irrenunciable al clientelismo es la de una relación de intercambio instrumental e informal entre actores: uno político y otro ciudadano, de votos o apoyo político a cambio de un trato de favor directo desde las instituciones”. (José Manuel Pantin Morado: Votos por favores. El clientelismo).
En el libro Como Mueren Las Democracias de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, nos hacen una radiografía de la decadencia de la democracia, un descenso de la calidad democrática. Nos refieren en su metodología los aspectos que han devenido en la degradación de la democracia: rechazo a las reglas de juego, negación a la legitimidad del adversario, fomento de la violencia y la predisposición a restringir las libertades.
Dos elementos cardinales se entrecruzan: la tolerancia y la contención. La tolerancia en una democracia es la necesidad inocultable de ver al otro como adversario y no como enemigo y la contención es lo que tiene que existir en la democracia: los límites que ella misma se impone para igualar a los actores en los distintos territorios.
En los últimos años las reglas del juego han sido vulneradas de manera sistemática y el consenso, parte medular de la democracia, acusa una alta debilidad al tiempo que las altas instancias del poder político ven a la oposición como enemigos. La participación social, como construcción amplia de la democracia, en los años 2012-2020 ha disminuido significativamente. No hay discusión abierta, existe verticalismo, jerarquización e imposición, en un dejo de exclusión muy alta.
El otro año el Programa de las Naciones Unidas nos habló de la Calidad Democrática en República Dominicana. El informe contiene 6 Dimensiones, 22 Componentes y 108 Indicadores. Construyeron un SEMAFORO para evaluar de la manera más objetiva posible nuestra democracia. El resultado fue:
48% en rojo, deficitario.
20% verde, aceptable.
32% amarillo, satisfactorio.
Midieron: Derechos Políticos y Sistema electoral; Derechos fundamentales; Estado de Derecho; Calidad de la gestión pública; Calidad de vida y equidad social y económica y Cultura política democrática.
En nuestra sociedad hay un verdadero retroceso democrático y una obvia y crucial recesión electoral. Para el 2019 fuimos evaluados en materia electoral, antes de la crisis del 6 de octubre de 2019, con una puntuación de 32, colocados a la par con Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
La recepción electoral alcanzó su máximo punto de inflexión con la suspensión del proceso electoral del 16 de febrero de 2020. La OEA y UNIORE vinieron a visibilizar con sus investigaciones la crisis de confianza y de gerencia de la Junta Central Electoral. El de OEA marca 22 fallas que hay que superar, que trascendiendo el lenguaje diplomático, connota una seria investigación para tipificar los distintos delitos que contienen.
Un gran consenso logró la posposición de las elecciones de mayo: presidenciables y congresuales para el 5 de julio. La pandemia del COVID-19 vino a ralentizar todo el proceso de la dinámica social (crisis sanitaria, social y económica) en medio de un proceso electoral. La Junta ha venido trabajando y va de acuerdo al calendario electoral. Existe una lentitud en cuanto al liderazgo en la Dirección de Informática. Desde el punto de vista gerencial no puede bosquejarse una dirección plural. Ha de haber un responsable para los miembros de la Junta y para los partidos políticos.
El VOTO en el Exterior cuasi se vio eclipsado, hasta que el Senador de origen dominicano, Representante en los Estados Unidos, conminó, prácticamente, sobre la importancia del voto en el exterior donde hay 595,879 empadronados en 3 circunscripciones, con un 7.9% del padrón universal, constituyendo el equivalente a 10 provincias y lo que sería la cuarta provincia con mayor número de electores, después de la de Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago.
La Junta Central ha venido trabajando en el proceso electoral y va acorde con el calendario de organización del certamen. Sin embargo, justo es decirlo, solo se ha quedado con ese quehacer que le otorga la Constitución y las leyes. En el Artículo 211 de la Ley de Leyes, que reza así “Organización de las elecciones. Las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”.
El Artículo 212, Párrafo IV, establece “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.
La transparencia, equidad y objetividad han brillado por su ausencia, desde que se hizo la proclama en el mes de marzo. Los límites en los gastos de campaña, con una simple sociología visual nos daremos cuenta del enorme gasto, sobre todo del candidato oficialista. Es una clara obviedad de acuerdo al Artículo 204 de la Ley de Régimen Electoral 15-19, referido al Tope en el gasto de campaña electoral. “El límite de gasto por campaña electoral, por partido político, agrupaciones o movimientos políticos, será el equivalente a 1.75 por electores hábiles inscrito en el registro electoral. En tanto, los candidatos tendrán los siguientes topes:
- Presidenciales: Ciento veintidós pesos con 50 (RD$122.50) pesos dominicanos, por electores hábiles en el Régimen Electoral a nivel nacional;
- Congresuales: Ciento cinco pesos (RD$105.00) pesos dominicanos, por electores hábiles inscritos en el Régimen Electoral a nivel nacional…”.
- Párrafo II. “Las contribuciones individuales hechas por particulares con el propósito de aportar a los precandidatos a los cargos de elección popular no podrán ser superiores al uno por ciento (1%) de los límites o topes establecidos en el presente artículo.
Esto quiere decir que los candidatos presidenciales no deben de gastar más de RD$918, 750,000 (novecientos diez y ocho millones, setecientos cincuenta mil pesos).
En medio del toque de queda el candidato del PLD aprovecha las noches para su ostensible campaña clientelar, de manera grotesca y el gobierno con el Plan de Asistencia Social, acude a la “protección social” de los sectores carenciados en la sombra, en la oscuridad.
La Ley 15-19 del Régimen Electoral en su Artículo 196, Párrafo I y III, contempla la separación ipso facto del cargo de aquel funcionario que sea candidato. La Junta no ha asumido la transparencia activa, esto es, ella misma como órgano supremo electoral llamar la atención. Ha sido la prensa y la sociedad civil que han puesto sobre el tapete todas estas transgresiones. Ha tenido que ser la sociedad civil y una parte de la oposición que han denunciado como se viola la referida Ley y, al mismo tiempo, la Ley 41-08 de Función Pública en su Artículo 80, numeral 13 y la Constitución.
La Junta Central Electoral ha asumido el horario de 7 a 5 de la tarde para las elecciones del 5 de julio. Es de rigor desde la perspectiva operacional que se requiere de mayor tiempo ya que las filas serán más lentas, dado el distanciamiento físico que deberá operar en las mismas y el ambiente sanitario que demanda este proceso. Por ello, el órgano electoral debe de disponer de un horario más flexible que abarque 12 horas. El Artículo 218 señala “Votación en solo un día. Toda votación se realizará en un solo día. Comenzará a las siete (7) de la mañana y terminará a las cinco (5) de la tarde, como plazo máximo, salvo que la Junta Central Electoral, por razones atendibles, decida ampliar dicho plazo”. Como vemos estamos en un periodo especial que expresa una clara razón atendible.
La Junta Central Electoral no ha hecho nada, al mismo tiempo, con respecto a las firmas encuestadoras. Una verdadera guerra de encuestas donde en un mismo día vemos valoraciones totalmente distintas. Se violan los artículos 198 y 199 de la Ley del Régimen Electoral en cuanto a Encuestas y sondeo electoral y Registro de firmas encuestadoras. La profesionalidad y ética de muchas firmas dejan mucho que desear. Es, en algunos de los casos, simple negocio, que tratan de posicionar candidatos como instrumento de propaganda y publicidad.
La propia Vicepresidencia de la República a quien se le solicitó por todas las vías, escribiría alrededor de ello. Luego explicaría la diferencia entre clientelismo y protección social. Es más, llegó a decir que si la Junta se lo pedía, accedería. No fue si no el lunes 8 de junio cuando se separó del cargo de Jefa del Gabinete Social de la Presidencia. Ninguno de los candidatos funcionarios pidieron la licencia como establece la Ley 15 – 19 y la Ley de Función Pública.
En otras palabras, la Junta no ha tomado ninguna medida y vulneran los principios de equidad, de transparencia y de violaciones a las normas. Los delitos electorales, contemplados en los Artículos 284 (22 artículos) y 285 (18), no han sido asumidos por la Procuraduría Especializada en delitos electorales, tal y como contempla el Artículo 289 de la Ley Orgánica 15 – 19 del Régimen Electoral.
En esta campaña electoral no hay competencia electoral, dada la alta ausencia de equidad y el uso de financiamiento excesivo por parte del candidato oficialista. Por cada anuncio de un candidato de la oposición, el oficial tiene 50 y con más larga duración. Frente a una campaña electoral inédita, que debió ser más novedosa, nunca habíamos asistido a un proceso tan clientelar y populista. La ausencia de debate corrió el mismo curso de nuestra arritmia histórica.
Es la puesta en escena de la Biopolítica, que como muy bien nos señala Byung Chul Han, en su libro Psicopolítica “Esta negatividad del adiestramiento es constitutiva del poder disciplinario. En esto es similar al poder soberano que se basa en la negatividad de la absorción. Tanto el poder soberano como el disciplinario ejercen la explotación ajena. Crean al sujeto obediente”.