El presidente Abinader ha generado una aureola de luminosa y verde esperanza en sus primeros meses de gobierno. Sus actividades y desplazamientos por todo el país han contrarrestado el desánimo generado por la crisis sanitaria y económica. Ha entusiasmado también algunas de sus trascendentes medidas: la independización del ministerio público, la afiliación de 2 millones de ciudadanos a SENASA, el incremento de los subsidios sociales, las pensiones de los cañeros y los planes de reforma institucional y de recuperación turística. Pero su estrategia contra la corrupción y la impunidad, enunciada en un reciente discurso, es tan ambiciosa que ha provocado escepticismo.
La incredulidad es rampante cuando de enfrentar estos flagelos se trata. En un artículo reciente el destacado sociólogo Cesar Perez advierte: “El proceso de reformas se ha iniciado por el proceso de la independencia de la Justicia y por la introducción de medidas que hagan más transparente la gestión de lo público. Pero, es ostensible una cierta tendencia de la gente a limitar sus expectativas de cambios en esos temas.” Por su lado, en sus Capsulas del 16 de los corrientes el matutino HOY apunta: “Probablemente, mucha gente del gobierno tenga la idea de que para luchar contra la corrupción administrativa se necesitan leyes modernas, y no dudemos de que en los próximos días aparezcan iniciativas en esta línea. Pero la verdad es que nuestros códigos están repletos de figuras jurídicas que si se aplicaran la corrupción fuera mucho menos de lo que es.”
El escepticismo generalizado es producto del descreimiento de la población sobre toda iniciativa anticorrupción que dependa de la clase política. Sin embargo, el accionar del presidente Abinader al respecto no deja dudas de que tiene un firme propósito de controlar tal escoria. Esa es una luz al final de un tenebroso túnel. El abanico de medidas anunciadas en su reciente perorata va más allá de la independización del ministerio publico y el nombramiento de personal idóneo al frente de la Direccion General de Contrataciones Públicas y de la Direccion de Ética e Integridad Gubernamental. Tomadas en su conjunto las medidas presagian una seria voluntad política para asegurar la transparencia y la probidad de la gestión pública.
En un discurso titulado “Compromiso por la Transparencia, Integridad y Transformaciones Institucionales”, Abinader afirmó que debemos “cuidar la democracia” y que “el liderazgo político tiene una deuda con el pueblo” relativa a la débil institucionalidad. A los fines de lograr transparencia e idoneidad en la gestión pública anunció la creación de un Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Publico, un Portal Único de Transparencia y un “Plan Integral de Reformas Institucionales”. (Existe ya una comisión de liquidación de la burocracia sobrante que debe trillar el camino hacia un Estado más ágil y efectivo.) Si “la estructura sigue a la estrategia”, como dicen los expertos en administración, el desafío de hacer cumplir ese dictamen será uno de los más complejos frente a la “gula aurívora” de los malvados.
Después de un análisis del marco legal e institucional existente para combatir la corrupción administrativa, Abinader citó la necesidad de desarrollar al respecto un cuerpo de leyes coherentes, cual Leyes de Burgos. Como intervención de mayor rango, Abinader prometió una reforma constitucional que consagre la independencia del ministerio público, para lo cual ya afortunadamente existe un sólido consenso. En una tácita alusión a los intentos de reelección de los gobernantes, Abinader aseguró que dicha reforma habrá de blindar también a la Constitución para evitar que las aspiraciones personales se conviertan en norma “sin tomar en cuenta la estabilidad democrática e institucional”. Sin duda, tales disposiciones representarían una ingente contribución al cuidado de la democracia.
Un reto más complicado será el prometido diseño de una Ley General de Publicidad Estatal para introducir pertinencia y diafanidad en las practicas hasta ahora imperantes en esta esfera. Los mensajes de esa publicidad no deberán usarse para la promoción política o partidaria. Pero un complemento indispensable de la regulación debería incluir disposiciones que combatan el “periodismo amarillo”, para lo cual tendría que promover una cruzada gremial que ayude a lograr ese otro cometido. Mas aún, el renombrado publicista Heddel Cordero ha sugerido que dicha ley sea general y abarque todo tipo de publicidad.
Abinader identificó otros retos de la normativa atinentes a la modificación de algunas leyes y el riguroso cumplimiento de otras. Habrán de modificarse la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones a fin de endurecer sus actuales penalidades e incorporar nuevas sanciones. (Para esos fines ya existe un estudio de Participación Ciudadana y FINJUS.) También habrá de modificarse las leyes relativas a la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. En cuanto a cumplimiento, Abinader prometió una aplicación rigurosa de la Ley 105-13 de Regulación Salarial en el Estado –totalmente ignorada desde su promulgación– y de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
Mientras las anteriores promesas se concretizan, Abinader prometió comenzar la ejecución del Plan mediante decretos y resoluciones. Ya creó una comisión “de revisión y reestructuración de programas destinados a la protección y asistencia social” e impartió instrucciones para contratar un equipo de abogados que, acompañando al Ministerio Publico, recupere el patrimonio robado en hechos de corrupción. También creará una Subdirección antifraude dentro de la Contraloría General para fiscalizar más estrechamente el gasto público.
La agenda esbozada por Abinader es, sin duda, ambiciosa para un periodo de gobierno de cuatro años. La magnitud del reto la sugiere el hecho de que la ong Transparencia Internacional ha rankeado el país entre los cinco más corruptos de America Latina. Junto al precedente de que nuestros pasados gobiernos han arrancado con briosos enunciados contra la depredación del fisco, pero terminan desvencijados, hay motivos para albergar escepticismo. Sin embargo, el dinámico despegue de la gestión de Abinader y algunas de las medidas ya tomadas contra la corrupción apuntan a una firme voluntad de parte del mandatario para proceder contra ese flagelo. Ningún gobernante previo había colocado a su combate en el epicentro de su agenda de gobierno.
Pero sería injusto pretender que la sola voluntad del gobernante obre maravillas. Estuvo rotundamente despistado el editorialista del Listín Diario cuando, en su edición del 11 de los corrientes, afirmaba: “La lucha contra la corrupción administrativa en el Estado, para la cual existen mecanismos legales y normas, solo tendrá éxito cuando respondan auténticamente a la voluntad política y personal de quien dirija los destinos nacionales.” La reciedumbre de carácter del jefe del Estado es un pilar esencial para librar la lucha, pero no podrá lograrse mucho si las sanas instancias de la sociedad no colaboran y abrazan genuinamente la causa. Ni tampoco podríamos apelar a los escandinavos, los menos corruptos del planeta, para que arrimen su hombro en la ciclópea tarea.
Unilateralmente, Abinader está cumpliendo su parte con conciencia de sus limitaciones. Lo demostró cuando en su discurso dijo: “La democracia necesita de un pueblo comprometido con los valores supremos que esta encarna, y de un gobierno y de una arquitectura institucional que le den un desarrollo pleno.” Sus firmes propósitos se revelan en su corajuda exhortación: “Invito a la nación a seguir de cerca nuestra línea de actuación, a exigir lo que prometemos y a colaborar con la construcción de un Estado de Derecho robusto y sostenible para todos los dominicanos y dominicanas.” Esperemos que la sociedad sepa colaborar para recorrer el escabroso camino que debería trillarse a fin de llegar a la luz al final del túnel.