El clientelismo fue una perversa práctica que usaron los gobiernos del PLD para agenciarse lealtades políticas. Se compraron conciencias y se envileció la burocracia con una hipertrofiada nomina publica y con jugosos salarios y beneficios para muchos funcionarios y periodistas. Ahora el gobierno del “cambio” ha comenzado a desmontar ese nefasto aparataje. Pero esa tarea deberá priorizar el adecentamiento de la relación entre prensa y gobierno. Para erradicar la sarna clientelista engendrada en esa esfera el “cambio” deberá prohijar que los periodistas asuman con decoro el sacerdocio social que le toca en nuestra frágil democracia.
Es harto conocido que la prensa se valora como “el cuarto poder del Estado” en una sociedad democrática. Su misión es la de servir como control independiente de los poderes públicos. Por eso los periodistas y los medios deben ser autónomos del poder político para que puedan proveer a la población “la información que necesita para ser soberana”. “El periodismo independiente mantiene esos propósitos fundamentales: averiguar lo que el resto de la sociedad no conoce y decirlo; alertar sobre las fallas de los poderes; sostener la democracia, impulsar el pluralismo, resguardar la autonomía imprescindible de los medios.” Al comprar la conciencia de muchos periodistas, los gobiernos del PLD trastocaron en gran medida el cumplimiento de esa delicada misión.
Ya hace décadas que ese lastre viene aquejando la clase periodística. Esto lo señalaba el destacado periodista Ramon Colombo en un ensayo del libro publicado en el 2010, el cual echa un vistazo panorámico a la prensa en Latinoamérica (pags.37-54): “…los mecanismos estatales de control y manipulación han alcanzado niveles de sofisticación sin precedentes, basados, no ya en la represión, sino en una estrategia de dominio de todas las instancias mediáticas, desde la propietaria y ejecutiva media y superior, hasta las infanterías reporteriles; una estrategia exhaustiva y profunda orientada por un gobernante, Leonel Fernández, que es precisamente profesor universitario de Sociología de la Comunicación.”
Por su parte, el laureado periodista Juan Bolivar Diaz (JBD), con la autoridad que le confiere un largo ejercicio profesional y haber presidido el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), destapó hace un tiempo una olla de grillos al abordar en un artículo los males que aquejan al ejercicio periodístico nacional. Con el sugerente título “Periodistas: nos cogió la noche” (09-08-18), JBD focalizó la atención en las principales lacras, pero fue particularmente punzante la mención del miserable contubernio entre muchos periodistas y el gobierno. Condenó tajantemente “la incursión de mercenarios y hasta sicarios de la palabra hablada y escrita y por la corrupción que circula por el sistema sanguíneo nacional en medio de un panorama caracterizado por la ausencia de ética de la comunicación.”
Según el rumor público y las evidencias que se percibían por doquier, esa deplorable atrofia del ejercicio periodístico prevaleció especialmente durante el último gobierno del PLD. JBD advertía que se había hecho tarde “para dignificar y proteger nuestra profesión” porque está sumida en “la noche de la descomposición y la corrupción, de la ausencia de ética que confunde el periodismo con el servicio a los poderes públicos y privados. Hoy una alta proporción de los periodistas deriva la mayor parte de sus ingresos de las nóminas y los anuncios estatales. Para colmo, las nuevas tecnologías han hecho más vulnerables las empresas periodísticas, traduciéndose en una profunda crisis de la profesión.”
También el distinguido director de Diario Libre se hizo eco de la crisis que lastra al periodismo haciendo similares señalamientos. En su leída columna AM del 10-08-18, reprodujo la sentencia de Javier Dario Restrepo: “Una característica del periodismo es su universalidad, es decir, su permanente disposición a informar para todos, para ser creído por todos y su renuencia radical a ser identificado con grupos o partidos…. En esto se funda la dignidad de la profesión, en que sirve a todos con los instrumentos de la inteligencia que son las palabras y la información. Cuando el periodista se pone al servicio de candidatos, partidos, gobiernos o religiones se autolimita y se degrada. Y en vez de hacer información, hace propaganda.” Y ese escenario está todavía por desmontarse, una tarea que reta a las nuevas autoridades y a toda la sociedad.
Informalmente se reporta que son miles los periodistas de todo tipo de medios que reciben (o recibían) algún ingreso del estado, ya sea rindiéndole servicios directos, a través de publicidad en sus programas de radio y televisión o con prebendas y privilegios directos. Entre las canonjías más bochornosas se cuentan los nombramientos de periodistas en consejos de administración de entidades estatales, donde se les pagan jugosos emolumentos a cambio de muy pocas horas de asistencia a insípidas reuniones (donde ya las decisiones han sido previamente tomadas por los ejecutivos). Tales atropellos a la ética profesional no son sancionados por el CDP ni por ningún otro órgano de la sociedad civil. Esto sugiere que la practica periodística en nuestro país ha quedado signada por la corrupción y al nuevo gobierno le toca propiciar una profilaxis.
Tanto la clase política como una parte de la sociedad civil ven tales desmanes con tolerancia, como si estas fueran prácticas establecidas y aceptadas por todos. Ni hablar del daño que le hace tal situación a la democracia. (Ya hay un caso de mal manejo por parte del actual gobierno que ha merecido una crítica punzante.) Se requiere una gran cruzada nacional para que nuestra sociedad logre restablecer el rol original de la prensa. ¿Cómo podríamos insuflar ahora la mística de la profesión y oxigenar la prensa para garantizar las prácticas democráticas? ¿Qué puede y debe hacer el nuevo gobierno para evitar la reproducción de las practicas clientelistas y ayudar a corregir estos males?
Los reclamos de la sociedad civil no se han ocupado del mencionado flagelo y por eso no existe un recetario de propuestas disponibles. Mucho menos se ha ocupado la clase política por temor a incurrir la ira de la clase periodística. Pero no es difícil mencionar algunas de las medidas pertinentes: 1) por parte del gobierno debe haber un plan formal de distribución de la publicidad estatal que identifique por lo menos los medios de prensa idóneos y el tipo de mensaje apropiado; 2) transparencia de los presupuestos públicos para publicidad y propaganda; 3) prohibición por decreto de la participación asalariada de periodistas en el aparato estatal; 4) código de ética del CDP y una comisión de vigilancia efectiva, y 5) compromiso de la Sociedad Dominicana de Diarios y otras organizaciones que agrupen los medios, incluyendo los digitales.
Lograr la separación definitiva entre prensa y gobierno no será una tarea fácil. Inclusive algunos intentos que se han hecho en otros países al respecto han tenido magros resultados. Pero el gobierno del “cambio” podría comenzar por nombrar una comisión nacional de personalidades y periodistas que, bajo el patrocinio del Consejo Económico y Social, determine las medidas que deberán introducirse, tanto en el aparato del Estado como en los órganos civiles, para erradicar el contubernio político aquí reseñado. La cuestión es tan importante como para merecer la discusión y firma de un Pacto por la Autonomía Periodística que comprometa a todas las partes con la sagrada ética de un ejercicio periodístico integro y veraz.
Algunas voces señalan que la concentración de la propiedad de los medios es un lastre tan importante como el periodismo amarillo. Tal vez en las discusiones del Pacto propuesto deba abordarse también ese tema. Pero hasta ahora no parece que ese sea un problema tan dañino como el del periodismo amarillo.