En esta semana hemos tenido la instalación de una nueva gestión gubernamental. Ha habido una sucesión de hechos, ceremonias de instalación de autoridades nacionales, ministeriales, municipales… Discursos, opiniones sobre el discurso del Ejecutivo, retiro de la bancada de oposición en la cámara de diputados; cadena humana contra la corrupción e impunidad, presencia de los cañeros reclamaron sus postergados derechos a una pensión digna, entre otros sucesos significativos.
Asume el gobierno una corporación económica y partidaria, que tiene 20 años en el poder, 12 de ellos de forma continua, que ha gestionado la cosa pública como un feudo particular, con escasos logros, con muchos retrocesos y con gran falta de credibilidad en el sector más crítico de la población. Esa gestión se ha caracterizado entre otros aspectos significativos por promover el asistencialismo, el clientelismo, la falta de institucionalidad, la corrupción, la impunidad, que merma el presupuesto nacional para la inversión y promoción en verdaderas políticas públicas, que permitan que grupos importantes de la población puedan mejorar sus condiciones de vida.
Más allá del discurso del pasado 16 de Agosto del presidente Medina y de los alcaldes, y para visualizar lo que promovería en la gestión pública la corporación PLD-PRD y partidos minoritarios en los próximos en los próximos 4 años, habría que fijarse en la práctica real de la gestión gubernamental, a nivel nacional y a nivel local, que han hecho esas corporaciones en los últimos 20 años.
En dos artículos publicados en el periódico Hoy (RD, veinte años después, 8 y 9 de agosto pasados) Juan Temístocles Montás, el pasado ministro de Economía, Planificación y Marcos Villamán, sociólogo, una de las mentes más lúcidas del peledeísmo, publicaron un informe de balance de los gobiernos del PLD, desde el 1996.
J. T. Montás y M. Villamán señalan que el país registró un cambio cualitativo en el desarrollo humano al pasar de ser un país de desarrollo medio a la categoría de desarrollo humano “alto”, según el último informe del PNUD. Según éstos uno de los indicadores de ese desarrollo es que el PIB per cápita era en 1996 de, $US3,065; y 20 años después de ha duplicado, ascendiendo a $6,039. Otro elemento que destacan es el supuesto crecimiento económico de los sectores de ingreso medio o clase media.
Señalan, además, como signo de avances, la creación de nuevas empresas, de nuevos empleos, y el crecimiento de las grandes cadenas comerciales. Y ponen como ejemplo al grupo Ramos que en 1996 tenía 10 centros comerciales y hoy tiene 49. Destacan, además, como signo de progreso el aumento del parque vehicular y de la inversión extranjera en el país.
Otros aspectos que destacan los autores son la aprobación de la nueva Constitución (2010) y de la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (1-12). Destacando, además, la importancia de la puesta en práctica de algunas medidas orientadas a transparentar la gestión pública y a prevenir y combatir la corrupción, como la ley de Acceso a la Información Pública.
Uno de los problemas principales de los informes de la gestión del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo en los últimos años, es que los datos que han dado no siempre son creíbles para una buena parte de la población, pues generalmente se enfocan en datos macroeconómicos, en variables e indicadores muy discutibles y no en la situación económica y social de la mayor parte de la población. Algunos de ellos se basan en datos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Central o de la CEPAL, que utilizan variables e indicadores, como la cantidad de dólares que recibe una persona por día, que de hecho son mundialmente cuestionados.
El plan de gobierno 1916-1920 presentado por el ministro de la presidencia G. Montalvo en el pasado mes de abril y en el discurso de D. Medina, del pasado 16 de agosto, coinciden en destacar los logros de la pasada gestión gubernamental 2012-2016 y presentan las principales líneas de acción para el próximo período gubernamental.
Algunas de las voces más críticas de la sociedad coinciden en cuestionar los resultados de la auto evaluación de la pasada gestión hecha por el oficialismo. Participación Ciudadana ha hablado del necesario compromiso de enfrentar la falta de institucionalidad en el país, los altos precios de los alimentos, la corrupción y la impunidad, elevar el presupuesto para el sector salud y garantizar la seguridad ciudadana a la población. PolétikaRD, por su lado, planteó la ausencia en el discurso del pasado 16 de Agosto de acciones concretas orientadas a prevenir la violencia contra la mujer. Mientras que J. Rijo, especialista en asuntos presupuestarios, destacó la falta del tema del pacto fiscal, estipulado en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (1-12).
Algunos de los temas tratados tanto en la evaluación del informe de Montás y Villamán, como en lo propuesto en el programa de gobierno (2016-2020), así como en el discurso de Danilo Medina, requieren de una mayor profundización. Sobre eso volveremos en próximas entregas.
De momento sigue siendo oportuno fortalecer la práctica ciudadana de evaluar a las gestiones gubernamentales, así como a los funcionarios, por sus resultados, por sus políticas y estrategias orientadas al Bienestar colectivo. Pues sigue siendo necesario tener razones válidas y bien fundamentadas para creer, para confiar en las propuestas presentadas para la gestión 2016-2020. Ahí está el desafío de la sociedad crítica, quien debe seguir manteniendo la duda estratégica, la vigilancia oportuna y continua, así como la disposición permanente para exigir prácticas creíbles, en una sociedad en donde la palabra hueca está muy devaluada.