“Al policía honesto, que se lo lleve el diablo…” (D. Muñoz).
En el mes de octubre del 2015 el raso de la policía Daurin Muñoz dio una voz de alerta y quiso hacer escuchar su voz por las redes digitales; habló de las precariedades en las que viven las y los miembros de la policía, en República Dominicana y en particular los de rango más bajo. Señaló el valiente policía que su salario de RD$5,800, equivalente a $193 pesos diarios, podía ser denominado como un “sueldo cebolla, porque con solo verlo daba ganas de llorar”.
Los jerarcas de la policía respondieron a la demanda de D. Muñoz, cancelándolo por “mala conducta”; pues se atrevió a denunciar a una institución corrompida, de corte autoritario que no admite cuestionamientos internos. El raso, quien es al mismo tiempo un comunicador social, denunció, además, que dentro de la policía hay unas relaciones anti-democráticas, señalando que “Trujillo sigue vivo en la institución policial”, y que los policías de más alto nivel tratan a los de menor rango con acentuado autoritarismo, llegando incluso a denigrarlos, definiéndolos, en ocasiones, como “tayota podrída” o “aguacate inservible”.
Daurin denunció la histórica falta de interés de los gobiernos para mejorar la calidad de vida de la policía nacional, desde la creación de esta durante la tiranía de Trujillo, en 1936. Afirmó, además, su preocupación por lo difícil que es en este país ser un policía honesto, pues las condiciones de vida y el contexto social de violencia, clientelismo y corrupción lo llevan al macuteo o a envolverse en el crimen organizado, pues todo el sistema policial estar organizado, según afirmó el denunciante, para que “al policía honesto se lo lleve el diablo”.
Un ejemplo claro de un grupo policial que extorsiona a la ciudadanía está constituido por los agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Por lo general no se les ve muy empeñados en regularizar el tránsito, sino en abusar de las y los conductores, inventándoles faltas, pidiendo “peaje” a cambio de un silencio cómplice, o imponiendo multas y sanciones injustas, que les reporta ganancias, porque es una realidad que la institución policial y los agentes reciben comisiones por las multas, justas o injustas, que imponen a la población.
Otro hecho real es que muchos policías están realizando servicios en casas de gente ligada al partido de gobierno; o hacen de “muchachos de mandados” en las casas de los generales, de los líderes partidarios, de los congresistas, de los jueces y militares de alto rango. Otros están al servicio de compañías privadas, como en el caso de algunos bancos. A cambio de estos favores los jerarcas de la policía reciben continuos favores, como el de aquel jefe de la policía nacional de hace unos años, que cuando se le preguntó por el origen de los fondos para comprar una casa de lujo en Casa de Campo, en La Romana, señaló que se trataba de “un regalo de mis amigos banqueros”.
La policía nacional es la institución pública menos confiable en la encuesta del Latinobarómetro 2014-2015; este estudio reveló que la policía dominicana tiene un nivel de confianza de un 27%, siendo que su punto más bajo lo alcanzó en el 2010 con sólo un 17%. Esta institución está lejos de la confianza que exhiben, por ejemplo, la policía chilena que alcanza un 63% o la ecuatoriana con un 56%. Por eso, según declaró la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice, en el 90% de los atracos y de los hechos delictivos están presentes militares y policías.
En el 2015 la Policía Nacional puso en vigor el Código de Ética de la institución, aprobado mediante el decreto del Poder Ejecutivo 358-13, que no pasó de ser una iniciativa natimuerta pues no trascendió más allá del figureo mediático. Recientemente,
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley Orgánica de la Policía Nacional No. 590-16. Solo el tiempo dirá si se implementará y aplicará.
Cuando se plantea la posibilidad de reformar la policía nacional y su servicio a la ciudadanía, surgen varias interrogantes: ¿puede reformarse adecuadamente una institución como la policía nacional, que juega un papel importante en el mantenimiento de un Estado clientelar, presidencialista, corrupto y corruptor? ¿Renunciarán las élites económicas y partidarias, dueños del negocio del consumo y tráfico de drogas y sus cómplices en los organismos estatales, a seguir utilizando la policía para proteger y asegurar el consumo interno y el paso por el territorio isleño de la droga que va a Estados Unidos y Europa? ¿Estarían las élites de las corporaciones económicas y partidarias dispuestas a renunciar, en el gobierno central, en los ministerios e instituciones del gobierno nacional y municipal a sus lujosos e indignantes salarios, para que se mejore el salario de los servidores públicos que ganan el salario mínimo, como en el caso de la policía nacional?
De poco valdrá el código de ética y la nueva ley de reforma de la policía si no se crea un movimiento fuerte, al interior de la misma policía y de los barrios y comunidades que exija el restablecimiento de una práctica y una ética policial al servicio de la comunidad, lo que incluye la lucha por la mejora salarial, así como el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de estos servidores públicos.
Los policías como servidores públicos, tienen derechos sociales y ciudadanos, pero solo serán apoyados en sus demandas por la sociedad, en la medida en que estos sean percibidos como personas aliadas y comprometidas con el bienestar y la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía. Esta alianza estratégica debe generar un compromiso real de toda la población con la seguridad pública y con la defensa de los derechos fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos.