La sentencia del Tribunal Superior Administrativo contra la disposición, en autoritarios términos formales, de la Dirección General de Expoliaciones Aduanales, de cobrar un impuesto a las compras por internet inferiores a 200 dólares, conduce a la alegría, no por la tirada (a ver si pegaba) de Presidencia-Hacienda-Aduanas (los términos jerárquicos reales de toda decisión de esta naturaleza), sino porque revive la esperanza en una Justicia independiente y una ciudadanía que vuelve a sacudirse de la molicie y decir “no”, pésele a quien le pese en esta burocracia con ínfulas de absolutismo.

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