Durante varios meses la prensa dominicana ha tenido como tema prioritario todo lo relacionado con el cambio de la Constitución para permitir la reelección y la permanencia en el poder del presidente Medina y de su grupo económico-partidario. Ahora el tema de la reelección ha pasado a un segundo plano y ocupa el primer puesto todo lo relacionado con la migración haitiana y la situación de apatridia de más de 200,000 dominicanos y dominicanas, que creó la fatídica sentencia 168/13. Sin embargo, tal como acaba de denunciar el movimiento político por una vida digna, Camina RD, en una rueda de prensa este pasado jueves 9, la clase económica y partidaria usa el tema migratorio para encubrir los verdaderos males del país.
En el proceso del cambio de la Constitución para permitir al actual equipo gubernamental permanecer en el poder y seguir manejando el presupuesto nacional y los fondos públicos como si fuera un botín partidario o corporativo, se puso al descubierto la verdadera identidad y la incoherencia de los liderazgos de la corporación económico-partidaria. Danilo Medina quedó desenmascarado cuando sus hechos se encargaron de desmentir sus supuestas convicciones y declaraciones anti-reeleccionistas.
Leonel Fernández, por su lado, que en el pugilato por disputar la primacía en el liderazgo en el PLD se declaró guardián de la Constitución, quedó al descubierto cuando su defensoría de la Carta Magna duró apenas unas horas, pues firmó el acuerdo reeleccionista, que busca mantener la cohesión del proyecto corporativo PLD-PRD-PRSC, asegurando cuotas de poder significativas para él, sus más cercanos colaboradores y sus partidos/empresas aliados. Miguel Vargas, líder del PRD, por su lado, al apoyar la reelección, se desenmascara demostrando que su partido es un simple comité de base al servicio de los intereses de una corporación gobernante, en la que él tiene significativas inversiones.
En el proyecto reeleccionista uno de los elementos que más debe preocupar al pueblo dominicano es un endeudamiento público que no se detiene y al mismo tiempo el uso medalaganario de los recursos del presupuesto nacional, al servicio de los intereses de la corporación gobernante: de los altos salarios de las élites económico-partidarias, del Congreso Nacional, de las altas cortes y de las nominillas asignadas a los diferentes organismos, ministerios e instituciones del Estado y de las jugosas comisiones que obtienen los funcionarios de turno. Estamos ante un gasto nacional que se sigue desarrollando sobre la equivocada base de que la capacidad de endeudamiento del país es ilimitada y de que es posible mantener el reparto irresponsable y sin límites de los bienes públicos, según las demandas insaciables de las diferentes parcelas del poder económico-partidario.
El especialista en asuntos presupuestarios, José Rijo Presbot, (Acento, 8-7-2015) acaba de denunciar que de un límite máximo de financiamiento de 175 mil 500 millones que se aprobó en la ley No. 527-14 del Presupuesto General del Estado para el 2015 (PGE-2015), ya hay un endeudamiento de 206 mil 988 millones solo en los primeros seis meses del año. Y esto ocurre sin que el Congreso ni los organismos que tienen que ver con el control de la ejecución presupuestaria asuman el papel y la función que les toca desarrollar.
El otro tema a considerar es si el pacto por la reelección significa al mismo tiempo un pacto por la impunidad entre los líderes partidarios y sus clientes. El sector social más consciente y comprometido con la causa de las y los empobrecidos y excluidos de la sociedad dominicana no termina de indignarse ante los continuos actos de corrupción impunes en los que están involucrados todos los partidos que forman parte de la corporación gobernante. Es escandaloso lo que pasó con el reparto de puestos y de dinero público en la cancillería liderada por el PRSC, lo que ocurrió en el Ministerio de Minas, liderado por Pelegrín Castillo, de la FNP; el escándalo y la corrupción en la compra de los Tucanos, en donde se dice están envueltos integrantes del Senado; la sobrevaluación en la reconstrucción del Darío Contreras, la falta de transparencia en la licitación para lo de las plantas de carbón, entre otros. Y todo eso ocurre ante la mirada aparentemente indiferente de un Ejecutivo que se propuso firmemente, “no tirar piedras hacia atrás”.
Debe llamar a la atención, además, que personas como Félix Bautista, acusado de depredar bienes públicos y con un expediente en la justicia, haya sido uno de los artífices del famoso acuerdo entre los dos líderes partidarios del PLD, representantes de grupos económicos enfrentados al interior del partido gobernante. Preocupa que entre los acuerdos no publicados en el pacto esté el tema de la impunidad para los grandes casos de corrupción, incluido, entre otros, los casos de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, quienes manejaron significativos recursos públicos asignados a la construcción de infraestructura pública en la anterior administración (2008-2012).
El momento actual más que para dejarse distraer por el tema migratorio o por la polémica sobre los derechos de los LGTB es tiempo oportuno para que el movimiento social organizado, las fuerzas vivas que pretenden apuntar hacia la construcción de un estado de derecho y de justicia social podamos articular esfuerzos, ilusiones, proyecciones y prácticas alternativas. Es necesario avanzar en la construcción de un frente que asuma la construcción de un proyecto país, fundamentado en la recuperación de la memoria histórica de los hechos y personajes liberadores, que han apuntado significativamente a la construcción de una sociedad justa, equitativa, inclusiva y que han pagado con precio de sangre por su osadía. Recuperar la memoria, la esperanza y la ilusión de que es posible la construcción de otra sociedad posible es un desafío, aunque no podamos ver ni recoger todos los frutos de nuestra siembra, pues tal como señaló el cantautor J. Labordeta: “también será posible que esa hermosa mañana, ni tú, ni yo ni el/la otro/a la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser”.