Escribo desde el Campamento Verde de la resistencia, colocado enfrente de la Procuraduría General de la República y del Congreso Nacional, exigiendo voluntad política y acciones concretas para detener la corrupción, y el fin de la impunidad, a todos los niveles de la sociedad dominicana, y sobre todo en los proyectos de infraestructura construidos por la multinacional brasileña, Odebrecht. El campamento es un símbolo y lugar de encuentro de militantes de diferentes movimientos, organizaciones y colectivos que han unido fuerzas, espiritualidades, voluntades, indignación ética e iniciativas en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Junto a otros compañeros y compañeras nos ha tocado, en varias ocasiones, el turno nocturno de permanencia en el Campamento Verde. En la madrugada de un día cualquiera han surgido estas notas y estas reflexiones. Nos vienen a la mente la memoria de otros dos campamentos que hemos apoyado y que fueron instalados en la última década, acompañando dos luchas sociales relacionadas con la preservación ambiental: el Campamento de Gonzalo, en las inmediaciones del Parque Nacional Los Haitises (2009), y el campamento permanente en defensa de Loma Miranda, Instalado en la comunidad de Los Algarrobos, provincia La Vega (2014).
En Gonzalo, comunidad localizada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Los Haitises, fue instalado un campamento, apoyado fundamentalmente por jóvenes universitarios y militantes sociales, que durante varios meses unieron sus fuerzas a los de la comunidad local, líderes populares y comunicadores. Se logró que el Tribunal Contencioso del Distrito Nacional suspendiera los trabajos de la cementera hasta tanto se conociera el juicio de fondo. La presión social obligó, además, al gobierno a solicitar una opinión de una comisión ambiental de la ONU, cuyas conclusiones fueron desfavorables a la instalación de la industria cementera, que a la larga estaría contaminando las aguas subterráneas del Parque Los Haitises, de donde se abastecen de agua, además de Gonzalo y las comunidades cercanas, el 40% de las y los habitantes de la ciudad de Santo Domingo.
Con relación a Loma Miranda se logró crear una opinión pública sobre los peligros y consecuencias de explotar una montaña llena de biodiversidad y en donde nacen importantes fuentes de agua que sirven para el abastecimiento humano, así como para la agricultura en diferentes comunidades situadas en el valle del Cibao. La lucha logró que se presentara un proyecto de Ley en el Congreso, declarando a Loma Miranda Parque Nacional. El proyecto fue aprobado en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados; sin embargo el Poder Ejecutivo lo vetó. No pudo pasar el proyecto en esa ocasión, pero tampoco Falcondo, la compañía minera, pudo comenzar la explotación, pues la presión social obligó al gobierno a decir que esta compañía minera no se había ganado la “aprobación social” para obtener el permiso para trabajar en esa zona.
Las organizaciones unidas de la zona de La Vega compraron, en la comunidad de Los Algarrobos, el terreno y la estructura física en donde se instaló el campamento de vigilancia, liderado por militantes sociales de diversas organizaciones de la zona de La Vega y del país. En la actualidad el campamento tiene la presencia permanente del militante ecologista Genaro Rodríguez, quien junto con su familia y el liderazgo de una coalición de organizaciones comunitarias del entorno, sostienen esta iniciativa. De hecho, el pasado sábado quien escribe, junto a un grupo de personas jóvenes y adultas, pusimos nuestras tiendas, pasamos la noche en el Campamento de Loma Miranda y luego hicimos una excursión por dentro de la montaña, que para nosotros y nosotras tiene que seguir manteniéndose como un área protegida.
El Campamento Verde tiene el desafío de mantener la lucha contra la corrupción y la impunidad, enfrentando una problemática histórica, que está en la raíz de la falta de recursos públicos para la salud, la educación, y el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos, como condición para mejorar las condiciones de vida de la gente. No obstante, la corrupción administrativa de presidentes, líderes partidarios, congresistas y empresarios locales e internacionales, demanda una lucha mucho más tenaz y complicada que las que se hicieron por conservar los Haitises, Loma Miranda, o la inversión del 4% para la educación. A esto se agrega la falta de conciencia de una buena parte de la población, manejada y bombardeada ideológicamente por los grandes medios de comunicación social, que sirven, en la mayor parte de las veces, de apoyo a los intereses del gran capital nacional y transnacional.
Las dificultades afrontadas en Santiago para la instalación del Campamento Verde en las inmediaciones del monumento a los héroes de la Restauración, habla de la persistencia, tenacidad y fortaleza de la lucha de la Marcha Verde en esa localidad. Fueron agredidos físicamente y despojados de tiendas, sillas y otros objetos, por parte de la policía, y han logrado una sentencia del tribunal que avala la permanencia en el lugar. Esto habla de la fortaleza de un movimiento que tiene conciencia de haberse involucrado en una lucha sin tregua, que tendrá que ser constante y a largo plazo.
El concierto que se celebrará en el Campamento Verde, en Santo Domingo, el próximo domingo, 8 de julio, con diferentes artistas comprometidos con las luchas sociales, y la Marcha del Millón, programada para el próximo mes de agosto, son solo dos de las actividades significativas organizadas para seguir diciéndoles a los poderes fácticos de este país que, a partir de la exitosa marcha del 22 de enero del 2017, y de otras marchas y actividades realizadas en las diferentes provincias del país, la Marcha Verde está en la calle, en pie de lucha y no se detendrá en la tarea de seguir ayudando a despertar las conciencias dormidas y las prácticas ciudadanas orientadas a construir una sociedad incluyente, y equitativa. Por esto, deben permanecer vivas las motivaciones que fortalecen la lucha continua y constante para que haya real justicia en este país y sobre todo, para lograr la devuelta al pueblo empobrecido de los bienes robados y acaparados, como uno de los propósitos principales de la lucha permanente contra la corrupción y la impunidad.