Asistida por los medios, la comunidad ambientalista cuenta con una imagen de defensores a ultranza del medioambiente. Pero algunos ambientalistas exageran la nota y hasta distorsionan los hechos en su personal cruzada de protección ambiental. Estos últimos logran en ocasiones impedir el desarrollo de proyectos que beneficiarían la población. Para un ciudadano medianamente informado algunas de esas oposiciones carecen de asidero técnico. Entre estos lamentables casos figura el reciente alegato de que el propuesto Aeropuerto de Bávaro dejaría sin agua a Higüey.
El argumento es que dicho aeropuerto afectaría y contaminaría sus aguas subterráneas, provocando que Higuey y su Virgen de la Altagracia se queden completamente sin agua dulce. El declarante pide que el Ministerio Ambiente revise el caso y que el presidente de la República lo piense y analice, “que vean la necesidad de la protección de la zona y evalúen por qué se le entregó un permiso ambiental a una empresa que no cubrió por completo las prerrogativas para su solicitud y obtención.” Otros ambientalistas reclaman que área del aeropuerto sea declarada área protegida en la categoría de Monumento Natural. Importa pues enjuiciar el argumento de la contaminación y la consecuente falta de permiso ambiental.
No hay que ser un experto ambiental para impugnar las afirmaciones de marras. La contaminación del agua subterránea ocurre cuando la calidad natural del agua se degrada como resultado de la actividad humana. Bastaría con señalar que el acuífero de la zona de Bávaro es parte de la vasta área hidrogeológica de la Cordillera Oriental, conocida como “Acuífero del Este” (ver primera grafica). Todas las aguas subterráneas del acuífero están interconectadas, por lo que su utilización en cualquier punto del área afecta el resto de ese acuífero, donde la principal actividad humana es el turismo.
Según un estudio del MEPyD (2018), a nivel nacional “la actividad turística requiere entre 1–2% de la demanda total con tendencia hacia un ligero incremento.” “Pero el consumo turístico preocupa porque es aproximadamente tres veces más alto que el de la población. El Plan Hidrológico Nacional (2012) del INDHRI estimó en 1,000 litros el consumo diario por habitación hotelera. Pero otros reportan que un turista consume entre 800 y 900 litros de agua al día en promedio, el habitante nacional consume un promedio de 200-300 en las zonas urbanas y unos 185 litros en el área rural.” A medida que crece el turismo crece por tanto la demanda de agua.
El destacado geólogo nacional Osiris de Leon ya ha advertido que el propuesto aeropuerto no pondría en peligro las aguas del acuífero. “Todo aeropuerto necesita un promedio de 10 galones de agua por pasajero y, si la nueva infraestructura en Bávaro proyecta mover 2.5 millones de pasajeros al año, necesitará unos 25 millones de galones anuales, equivalentes a la misma cantidad del líquido que consume un hotel de 300 habitaciones”. Es decir, diariamente un huésped de hotel requiere 24 veces más agua que un pasajero de aeropuerto.
De lo anterior se colige que las 4,000 habitaciones de los cercanos hoteles Hard Rock y Moon Palace tendrían un impacto negativo mucho mayor (ver gráfico). Esto hoteles están ubicados a una misma distancia de Higuey que el propuesto aeropuerto (24 kms) y consumirán un total de 526 millones de galones de agua –asumiendo un 40% de continua ocupación al año– frente a los 25 millones del aeropuerto. Sin duda, ellos contribuyen mucho más al estrés hídrico, pero el alarmado ambientalista no ha dicho nada al respecto. Frente a la conectividad del ecosistema, no es justo decir que el uso del agua subterránea solo en el referido aeropuerto afectaría a Higüey o demarcaciones aledañas.
De hecho, resulta más alarmante la afectación de las fuentes de agua de los hoteles de todo el litoral Bávaro-Punta Cana. Estos succionan agua dulce de un banco de pozos ubicado a más de diez kilómetros de distancia de la costa. Un reporte de Diario Libre del 2019 dice: “En general, los pozos suplen agua a 44 hoteles y 28,455 habitaciones, donde se estima un consumo de agua promedio de 2.40 metros cúbicos por habitación por día”. De los 15 campos de golf existentes en la zona hay nueve que demandan 2.3 millones de metros cúbicos de agua por año. Si como se alega el consumo de agua del aeropuerto fuera tan peligroso para Higüey habría que cerrar muchos hoteles. Alegar que el aeropuerto solo afectaría a Higuey es a todas luces una necedad publicitaria.
Una prueba adicional de que la alarma sobre el aeropuerto es falsa la provee la intrusión salina detectada hasta ahora en toda la Llanura Oriental (ver tercera gráfica). Esta no solo afecta las áreas costeras de Bávaro-Punta Cana sino toda la región (incluyendo el área hidrogeológica de San Pedro de Macorís). Las autoridades del INDHRI han alertado del gravoso peligro que eso significa para la salud de todo el acuífero y han demandado que los hoteles usen plantas de desalinización para reducir la demanda de agua del acuífero, permitiendo que este se restablezca. Pretender que el Aeropuerto de Bávaro produciría mas daño al acuífero que el que actualmente producen los hoteles es un absurdo de marca mayor.
De cualquier modo, la declaración del ambientalista no toma en cuenta las nuevas estrategias y tecnologías que usan los aeropuertos modernos para la conservación, uso y reúso del agua. “Las estrategias de agua sustentables para los aeropuertos incluyen el uso de: 1) Agua regenerada, 2) Purificación de agua avanzada; 3) Enfriamiento geotérmico, 4) Agua condensada de aires acondicionados, 5) Accesorios de bajo flujo. 6) actualizaciones de infraestructura, 7) Paisajismo con riego eficiente y follaje tolerante a la sequía, 8) Humedales artificiales, 9) Gestión de aguas pluviales. Los aeropuertos que sí establecen protocolos de conservación de agua tienden a ver reducciones significativas en el uso de agua por pasajero”.
En el sector turístico existen varios casos en que las posiciones descabelladas de algunos ambientalistas han perjudicado el desarrollo económico al propalar falsedades caprichosas. Un caso reciente es el del proyecto hotelero Leaf, el cual iba a ser desarrollado en una esquina del Parque Nacional Cotubanama. Un ambientalista alarmó a la prensa con el argumento de que se violaría la santidad del Parque y el gobierno anuló los permisos por temor al escándalo. Otro caso de mayor envergadura es el del proyecto turístico de Pedernales. El presidente Abinader fue advertido de que ubicar los hoteles en Cabo Rojo podría no ser acogido con beneplácito por parte de los inversionistas. Se le propuso el Parque Turistico Bahía de las Águilas porque esa es la playa codiciada por ellos. El gobierno optó por lo primero porque los ambientalistas así lo exigían.
Injustificadamente, el caso del Aeropuerto de Bávaro se ha convertido en un escándalo turístico. Si este no cuenta con un estudio de impacto ambiental sus promotores deberían subsanar eso de inmediato. Si existe algún otro aspecto negativo, sus promotores deben aclararlo. Pero le haría mucho daño al país y al turismo que intereses caníbales de sesgo monopólico pretendan imponerle barreras tan insalvables que lo hagan perecer. Eso es incompatible con la economía de mercado que debemos robustecer y, en consecuencia, la libre competencia se vería diezmada porque algunos agentes económicos quieran mantener el control del mercado aeronáutico.
Los ambientalistas deben tomar en cuenta que una tercera parte de la población dominicana vive por debajo de la línea de la pobreza. Al impedir caprichosamente que algunos proyectos se desarrollen, su desmesurado afán proteccionista impide también la creación de empleos y, por ende, paliar la pobreza. La comunidad ambientalista esta retada a producir declaraciones proteccionistas cuando haya justificación para ello. Pero de su redil solo salen acusaciones tremendistas que impiden el desarrollo económico.
El país tiene una apretadísima agenda ambiental. Son muchos los frentes donde deben actuar las autoridades, auxiliadas o no por el lobby ambiental. Las prioridades de este último deben ser los temas pendientes, por ejemplo: que tengamos una ley obsoleta sobre las áreas protegidas (No.202-04), que el grueso de estas 122 áreas no está siendo protegido y algunas solo existen en papel, que no deberíamos tener un 26% del territorio con esa designación cuando en América Latina el promedio es de solo 10%. La comunidad ambientalista debe construir un perfil público más visible ocupándose de esos retos sectoriales y no solo de los proyectos que, al caprichoso juicio de algunos de sus miembros, amenazan mortalmente algunos ecosistemas.