El comunicado núm. 33/21 del 55 de agosto de 2021 del Tribunal Constitucional anunció un zarpazo a la virtualidad judicial concebida hasta el momento por la pasada gestión del Consejo del Poder Judicial, encabezado por el Mag. Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal Constitucional, según lo que puede extraerse del dispositivo publicado, básicamente procedió conforme a lo que era bastante conocido por la comunidad jurídica: el Consejo del Poder Judicial carece de potestad legislativa para trazar procedimientos jurisdiccionales tan complejos a través de medios digitales.

Sabemos bien que las resoluciones números 002, 004, 006 y 007 de 2020 del Consejo del Poder Judicial fueron más que necesarias para garantizar, en alguna medida, la continuidad de la sagrada función jurisdiccional y mantener a flote los procesos en ocasión del cierre de los tribunales. Igual es importante reconocer el esfuerzo excepcional que hizo el Poder Judicial para la implementación de la virtualidad y el ecosistema digital que acompaña a serviciojudicial.gob.do, todo lo cual forma parte de Visión Justicia 2020-2024 y que por las circunstancias extraordinarias provocadas por la COVID-19, se adelantaron fases que ameritan un desarrollo más paulatino.

Ahora bien, la Visión Justicia que ha traído el desarrollo de la plataforma Servicio Judicial no ha ido de la mano con los principios de horizontalidad, descentralización, eficiencia, oportunidad y eficacia de las gestiones. Si bien muchos trámites que antes colmaban las labores de las secretarías de los tribunales hoy ya podemos tramitarlas por la plataforma, el remedio ha resultado peor que la enfermedad. En febrero de este año escribí sobre el colapso de la justicia a raíz del desmantelamiento de las funciones secretariales y su usurpación por parte de un servicio centralizado y desconectado de la práctica diaria como es Servicio Judicial.

Precisamente el malestar generado por el manejo de una plataforma sin tomar en cuenta la experiencia de sus usuarios habituales (los abogados) y sin una mejora sustancial en los tiempos, pues de nada sirve pedir una fijación de audiencia por la plataforma si antes era un trámite instantáneo y hoy día puede durar días para obtener la respuesta, provocó el aluvión de acciones directas que ya en meses terminaron con el sueño digital del Poder Judicial.

Y esto era más que previsible, pues como ya indiqué antes de la pandemia, antes de Servicio Judicial, una plataforma digital como la actual solo puede ser viable con una actualización normativa. En ese entonces escribí que “la gestión del magistrado Molina debe enfocarse claramente en allanar el camino normativo para que esto suceda y esto requiere de una labor intensa de propuestas legislativas que modifiquen el procedimiento civil, el recurso de casación y la propia forma de organización judicial, que permita la inclusión de nuevas tecnologías en los procesos. Con la actual legislación es muy difícil fomentar estos cambios necesarios para el relanzamiento del sistema de justicia.”

Por ello resulta oportuno rescatar parte de esas reflexiones tomando en cuenta la experiencia hasta el momento. La virtualidad judicial es muy importante y definitivamente no podemos dejar de desaprovechar sus ventajas; sino que, al contrario, resulta más que necesario profundizar este servicio y mejorarlo, a través de un replanteamiento de esta herramienta.

De ahí que, por lo pronto y para abrir el debate, me atrevo a indicar cuatro recomendaciones que permitan sacar adelante el proyecto digital del Poder Judicial para reforzar el acceso a la justicia, derecho fundamental consagrado en el artículo 69 de la Constitución:

1.- Urgente preparar un anteproyecto de ley que regule la virtualidad judicial y los procesos que pueden ser objeto de éste. Dicho anteproyecto debe ser ampliamente discutido por la comunidad jurídica, la sociedad civil, los servidores judiciales y la entelequia del Colegio de Abogados de la República Dominicana, para que a su vez sea sometido con la prontitud necesaria al Congreso Nacional. Al tiempo de esta discusión, ya es momento de desempolvar la reforma del procedimiento civil y de la ley de organización judicial para eficientizar las competencias y los procesos, al tiempo de que se garantice mejor el derecho a la tutela judicial.

2.-Devolver a las secretarías sus competencias y facultades trasladadas a Servicio Judicial, de modo que el ecosistema digital sea una herramienta a disposición de las partes; mas no una obligación su uso para la tramitación de cualquier gestión con un tribunal.

3.-Como consecuencia de lo anterior, transformar Servicio Judicial en una herramienta real integrada a la cotidianidad de las secretarías y jueces para facilitar su trabajo y la atención al usuario, no al revés. Esto implica una disolución parcial de la unidad administrativa de Servicio Judicial y una descentralización claramente estandarizada de este servicio, de modo que su implementación no suponga mayor carga de trabajo para el personal existente y con ello, mayor burocracia para trámites que siempre han sido sencillos.

4.-En lo que todo esto llega y en vista de que la presencialidad volverá a ser la norma para las audiencias, lo menos que debe hacer el Poder Judicial es acomodar las infraestructuras para estos tiempos e incentivar a los jueces a estandarizar una práctica eficiente de celebración de audiencias para evitar grandes aglomeraciones, verbigracia: no fijar todas las audiencias a la misma hora.