Colapso es la mejor palabra para definir y describir el estatus actual del sistema de justicia y más específicamente del Poder Judicial. La causa principal de esta calamidad ha sido el manejo de la pandemia de la COVID-19 por parte de las máximas autoridades de dicho poder.
Desde el 6 de julio de 2020 y la puesta en marcha de la fase intermedia de apertura de los tribunales, ha habido un considerable deterioro del servicio judicial y un aumento importante del descontento de los operadores del sistema de justicia.
Lo que está ocurriendo ahora con el Poder Judicial, el modelo de gestión deficiente que cada día más ha venido fortaleciéndose y la ausencia de diálogos entre los operadores del sistema, es la consecuencia de una visión administrativista de la justicia que aunque intenta escuchar, deja de lado las experiencias, los usos y la diversidad de procedimientos que garantizan la efectividad del derecho de acceso a la justicia.
Ya el 31 de julio del año pasado advertía en esta columna que la virtualidad judicial impulsada por la pandemia tenía dos grandes retos: la cultura de alta litigiosidad y una cultura administrativa del Poder Judicial que propiciadora de ineficiencias. Indiqué para entonces que:
“Teniendo las herramientas de la virtualidad disponibles, que facilitan muchos de los trámites ordinarios de los tribunales de la República, es completamente inadmisible que, para designar una sala, dar información sobre el estatus de un expediente, fijar una audiencia, confirmar el depósito virtual o desatendido de documentos o expedir una certificación se tomen hasta 15 días para concretizarse, cuando antes del COVID-19 en horas o un máximo de tres días laborables se obtenía.”
Esta situación ahora se agrava por la intención de imponer un modelo de gestión que, por la experiencia hasta el momento, resulta ser altamente ineficiente pues despoja a las secretarías de los tribunales de sus importantísimas funciones en la gestión de expedientes y trámites ordinarios.
En discursos y notas de prensa se les dice al país que los tribunales están abiertos, lo cual es cierto, al igual que las secretarías; pero ya hoy día no se pueden resolver trámites sencillos directamente con estas, sino que están obligando a realizarlos a través de serviciojudicial.gob.do. Sí, a través de la plataforma digital pues aunque se depositen las solicitudes vía los famosos centros de recepción que también están instalando en los tribunales, todo se despacha vía serviciojudicial.gob.do
Ir a ver un expediente en materia civil, lo cual era un trámite sencillo, es básicamente una odisea si no lo tienen digitalizado, pues ahora hay que esperar que lo escaneen y lo carguen para que entonces envíen el enlace y poder visualizar el expediente.
Reitero que una solicitud de fijación de audiencia, lo que tardaba minutos en la secretaría del tribunal, hoy día puede dilatarse días gracias a este sistema. Y esto no es solamente propio de los tribunales ordinarios, empeora si se acude ante la propia Suprema Corte de Justicia donde antes todo era muy lento; pero ahora las gestiones sencillas como verificar si el expediente está completo para que lo tramiten a una de las salas, depende de si todo está escaneado y el trámite que antes era pura dependencia de la Secretaría General, tiene varios interlocutores para una respuesta que puede dilatarse uno o varios días si no encuentran los documentos escaneados.
En mis andanzas de paralegal recuerdo muy bien a doña Grimilda Acosta -la eterna secretaria de la Suprema Corte de Justicia – que siempre que depositaba algún memorial de casación me decía “vuelve en media hora para recoger tu auto” y también como en minutos respondía a decenas de personas sobre situaciones de sus expedientes ante esa alta corte. Hoy no estamos ni cerca de ese nivel de eficiencia, a pesar de mayor inversión en personal y tecnología.
Las cabezas del Poder Judicial en lugar de hacer una defensa a ultranza del sistema actual, deben tender puentes de cooperación y diálogo, incluso con la entelequia del Colegio de Abogados, pues al final todos somos los principales afectados de esta situación, que se traduce en una vulneración sistemática del derecho de acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva.