En enero de este año escribía ya sobre la apuesta por la virtualidad del servicio judicial y el Plan Estratégico 2020-2024 del Poder Judicial, sin pensar que el coronavirus se iba a salir de control desde China y el mundo estaría con una pandemia que ha causado enormes pérdidas humanas, ha cambiado nuestra forma de relacionarnos y sigue azotando las economías de los países.
En el sector justicia, el coronavirus provocó la implementación inmediata de la virtualidad para poder continuar con las labores propias de la justicia. Lo que estaba previsto a ser paulatino, con proyectos piloto y quizá de la mano algunas modificaciones a las normativas procesales, pasó a ser de golpe con las herramientas digitales disponibles.
El esfuerzo del Poder Judicial para implementar la virtualidad ha traído la esperanza de que en algún futuro cercano los procesos administrativos podrán realizarse por esa vía de forma más expedita y eficiente. La virtualidad ha traído consigo cambios positivos como depósitos desatendidos, solicitudes secretariales y comunicación de documentos a través de serviciojudicial.gob.do, lo que es un logro importante en tan poco tiempo, que debe ser mejorado para garantizar su propósito.
Igual pasa con las audiencias virtuales para temas urgentes o de aquellos no ameriten la concentración e inmediación del tribunal para la producción, exhibición y discusión de pruebas y otros asuntos, que deberán constituir la regla en el futuro próximo.
Estas bondades de la virtualidad judicial y su enorme potencial se están viendo claramente opacados y afectados por los que considero los verdaderos retos a los que la comunidad jurídica en su conjunto debe empeñarse en superar para que este esfuerzo no sea un desperdicio de recursos.
Uno de estos tiene que ver con la cultura del litigio por el litigio (en la que también debo incluirme) que está muy arraigada entre los abogados dedicados al ejercicio frente a los tribunales. Esta cultura, que honestamente no entiendo su procedencia, provoca el alargamiento innecesario de los procesos e impide la implementación efectiva de la virtualidad judicial en el marco jurídico actual.
En el marco jurídico actual, las audiencias virtuales, las notificaciones por medios electrónicos, etc., ameritan del consentimiento, la lealtad procesal y la buena fe de ambas partes, es decir, de una ética del litigio que por nuestra costumbre jurídica pareciera muy difícil en tanto que lo importante es el litigio por el litigio, el alargamiento de los procesos para evitar, por la razón que fuera, una decisión pronta o un avance ágil del proceso.
Esta cultura de alta litigiosidad sin razones puede convertirse en el principal escollo para que la virtualidad judicial evolucione y permita agilizar los trámites judiciales, haciéndolos más accesibles, menos costosos y más expeditos para los usuarios. Urge que la comunidad jurídica asuma la virtualidad como la nueva normalidad judicial y que el Colegio de Abogados se muestre a la altura del momento (sé que es difícil), para construir puentes que permitan llevar las experiencias del sector a los operadores del Poder Judicial de cara hacer mejor este servicio.
El otro reto tiene que ver con la propia cultura administrativa del Poder Judicial. Pareciera que la pandemia ha servido de pivote para ralentizar labores cotidianas. Teniendo las herramientas de la virtualidad disponibles, que facilitan muchos de los trámites ordinarios de los tribunales de la República, es completamente inadmisible que, para designar una sala, dar información sobre el estatus de un expediente, fijar una audiencia, confirmar el depósito virtual o desatendido de documentos o expedir una certificación se tomen hasta 15 días para concretizarse, cuando antes del COVID-19 en horas o un máximo de tres días laborables se obtenía.
Precisamente es esta ralentización de las labores cotidianas lo que provoca la desconfianza de los abogados en la apuesta por la virtualidad. Y esta situación debe necesariamente mejorarse, para lo cual se amerita que el Poder Judicial asuma una nueva gerencia y cultura administrativa, esto es, que haya mayor claridad y coherencia respecto a los trámites, la medición de resultados con relación a sus recursos humanos y la tecnificación pronta de las secretarías para el uso de las herramientas digitales.
Con la virtualidad puestas en marcha, la pandemia no puede ser excusa para permitir cúmulo de trabajo innecesario o desorganización administrativa que termine tragándose el potencial que tienen estas herramientas para hacer de la justicia una mucho más accesible y eficaz.
¡Nos toca a todos y todas poner de nuestra parte!