2020: inicio de la segunda década de este milenio, milenio que indudablemente se ha caracterizado por la revolución que han ocasionado las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en la cotidianidad, en los negocios y en las instituciones, que han tenido una transformación importante por la democratización de la información a través del acceso masivo al internet como herramienta primordial del intercambio de conocimientos.
Empresas e instituciones públicas necesariamente tienen que ponerse al día con las últimas aplicaciones y soluciones digitales que permiten eficientizar sus procesos y tener mejores resultados.
De esta revolución industrial no se escapa el sistema de justicia, que ante las grandes y potenciales facilidades y oportunidades de mejora que presenta el mundo digital, necesariamente tiene que usar las herramientas disponibles para vencer parte de los males del sistema y con ello tutelar con efectivad los derechos fundamentales de las personas.
Como era de esperarse, por el perfil del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, las TICs jugarán una función esencial para el relanzamiento del sistema de justicia. Por eso en el Plan Estratégico 2020-2024 presentado por Luis Henry Molina el 7 de enero de 2020 muestra claramente una apuesta decidida por las TICs y por digitalizar parcialmente los servicios judiciales.
Visión Justicia 2020-2024, como se titula el plan estratégico del Poder Judicial, tiene tres ejes, dos de los cuales se apoya en el empleo de las TICs. El primero, “justicia para todas y todos” procura lo necesario y urgente: garantizar el acceso a la justicia para toda la población y hacer del sistema de justicia mucho más cercano y amigable. Para ello se propone la simplificación y estandarización de los procesos, lo cual fue señalado en las diversas mesas de trabajo que tuvieron lugar como parte de la consulta para este plan.
Pero más interesante es el objetivo 1.4 titulado “servir a las personas a través de medios digitales”. Esto pretende lograrse básicamente por medio de servicios en línea que permitan a los usuarios del sistema enterarse de las diversas funciones y prestaciones disponibles, además de dar seguimiento digital a sus casos.
Realmente la implementación a fondo de la oficina virtual del Poder Judicial acompañada de una actualización seria y seguida en línea de todos los expedientes, sería un gran avance y, si se disminuye la brecha digital lato sensu, seguro que permitiría descongestionar un poco las secretarías.
Espero que dentro de estos servicios se incluyan solicitudes de certificación en línea, fijaciones de audiencia, poder descargar la documentación de un expediente, todas diligencias que comúnmente desbordan las secretarías.
Ahora bien, lo anterior entiendo que no es tan ambicioso como el eje 2 de Visión Justicia: servicio judicial oportuno y eficiente. El éxito de este eje depende directamente de la implementación de soluciones digitales, pues no solo se aspira a la digitalización de algunos servicios sino también a integrar la dinámica del tribunal, la comunidad y los auxiliares de justicia a través de servicios y actuaciones en línea.
Abogados con ID Digital para interactuar en un ecosistema digital del Poder Judicial con relación a sus casos, a servicios vinculados, notificaciones electrónicas, gestión documental y base de datos jurisprudencial y legal. ¡Bienvenido sea!
Claro para lograr esto, la gestión del magistrado Molina debe enfocarse claramente en allanar el camino normativo para que esto suceda y esto requiere de una labor intensa de propuestas legislativas que modifiquen el procedimiento civil, el recurso de casación y la propia forma de organización judicial, que permita la inclusión de nuevas tecnologías en los procesos. Con la actual legislación es muy difícil fomentar estos cambios necesarios para el relanzamiento del sistema de justicia.
A lo anterior hay que sumar una preocupación legítima de cualquier ciudadano que vea el plan estratégico y tiene que ver con el presupuesto para su ejecución. El 7 de enero de 2020, la situación presupuestaria del Poder Judicial y el justo reclamo de la asignación del 2.26% de los ingresos internos para el Poder Judicial establecido en la ley núm. 194-04, fueron los grandes ausentes del discurso del magistrado presidente.
La apuesta por la digitalización de la justicia merece el apoyo de todos los sectores que ciertamente quieren una justicia pronta, oportuna y eficiente; pero esta, como toda tecnología, tiene un alto costo que sin un reclamo potente para la asignación presupuestaria legalmente establecida, desconozco de dónde saldrán los recursos para lograr los objetivos de Visión Justicia 2020-2024.