En cualquier cultura, sistema o nación la renuncia es un acto de dignidad. Es una decisión que parte de una comprensión racional del valor propio. Se renuncia de forma voluntaria o forzosa cuando faltan argumentos, moral o condiciones para seguir. Sin considerar los motivos, la dimisión será siempre una salida honorable.
En nuestra tradición de poder la renuncia no es una elección meritoria. Tampoco tiene valor público: todo lo contrario, renuncian los cobardes porque supone aceptar responsabilidades, actitud incompatible con nuestro machismo político. Sí, tenemos un “Estado macho”, donde llegan y gobiernan “los que se fajan”. “Fajarse”, según Hipólito Mejía, es romper brazos, sudar y mostrar músculos en el canibalismo electoral. Esa mirada anacrónica del Estado sigue intacta, solo que en los gobiernos del PLD la inversión financiera abre oportunidades más retributivas. Cuando en la escogencia de un servidor público la idoneidad es un criterio arrimado, esperar una renuncia es puro ocio. El problema es de ética pública: una materia reprobada y sacada del currículo.
Tampoco el primer ejecutivo ayuda. La destitución no es una facultad de uso corriente. Solo cuando los escándalos son políticamente sensibles llega un tardío decreto de remoción seguido de otro cargo. Danilo Medina no tiene carácter para destituir: su populismo se construyó con el reparto de cargos para granjearse la lealtad partidaria. Cuando era Secretario de Estado de la Presidencia en el primer gobierno del PLD, Leonel Fernández presidía, pero él gobernaba. Mientras Leonel paseaba su docto ego por el mundo, Danilo resolvía el despacho menudo de los compañeritos de la base. Ya como presidente, Medina se ha servido de la burocracia para pagar favores personales y políticos como si se tratara de su propia hacienda. Un ejecutivo con esas discrecionalidades en un país de desocupados es un Soberano, así cualquiera es y seguirá siendo el presidente más aclamado. Danilo da cargos hasta a quien no se lo pide. Cuando el subordinado conoce la debilidad del jefe pierde el miedo ético y más cuando sabe que en su núcleo de intimidad las cuentas no andan muy claras. En el mismo gobierno corren murmullos errantes sobre los ministerios más licenciosos. Esa liviandad de los políticos afecta a los tecnócratas competentes y funcionales (porque los hay); llega un momento cuando las distinciones pierden relevancia.
Se han amontonado varios y graves motivos para la renuncia de muchos funcionarios, pero cuando no hay un decreto de destitución la impunidad impone sus razones. Si no aparecen las justificaciones, las aclaraciones las da el silencio. El tiempo, como cómplice, abona olvido social y… punto. Así se zurce la rutina de nuestra desganada democracia. Esa ha sido la estrategia jugada de punto a punto: enfriar las cosas con una tramoya de coloridas distracciones.
Pensar que el país fue la capital offshore de Odebrecht; que su contratista estratégico, Joao Santana, despachaba desde el Palacio y que fue requerido por la Justicia brasileña en plena campaña de relección presidencial para enfrentar un juicio penal precisamente por ese trabajo en su propio país y otros; que a pesar de ese hecho su empresa fue beneficiaria de un contrato millonario con el gobierno dominicano sin todavía saberse las condiciones ni bases de esa contratación; que hay pruebas de que el señor Joao Santana recibió transferencias trianguladas desde Brasil en cuentas de sus empresas abiertas y operadas en la banca dominicana y que esa circunstancia no ha motivado ni una pesquisa; todo eso y más es para sobrecogerse. Si eso pasó sin palidez, ¿qué no podemos esperar? Pedir renuncias es un chiste.
De todo el escándalo que sacudió el caso de la magistrada Miriam German Brito, lo que más me horrorizó fue la fría admisión de la intervención de sus líneas al amparo de una presunta y confusa investigación penal a un tercero. Estamos hablando que desde la Procuraduría se puede espiar oficiosamente a una juez de la Suprema Corte. Eso es grave; gravísimo. ¿Qué garantías tiene entonces un ciudadano sin investidura para sentirse protegido en su intimidad? ¿No es esto propio de un Estado policial; notaciones de un régimen de control represivo? Ni violar el Reglamento del CNM fue tan perturbador como eso: una grosera agresión del propio Estado a la seguridad ciudadana. En cualquier contexto racional esa felonía obliga a una investigación. Y no es porque se trate de la persona que es: es lo que institucionalmente está en juego. Ningún motivo, por legítimo que sea, puede justificar ese abuso de poder. No cuestiono el derecho del Procurador a indagar, recibir denuncias y hacer todas las preguntas que edifiquen al Consejo sobre la conducta y desempeño de una jueza que ha confesado su amistad con un procesado. Eso no es lo censurable. El asunto es la trama que sustentó esa “pesquisa”.
Lo indignante es que en los tiempos de crispación ciudadana por el caso Odebrecht el director del DNI sugería de forma intimidatoria la investigación preventiva que esa unidad hacía a ciertos ciudadanos (que no representaban ningún riesgo a la seguridad interior del Estado) sin embargo nunca ha presumido con igual intención ni espectacularidad cuando se trata de funcionarios de su gobierno ni se conoce de ningún aporte o reporte de inteligencia de esa agencia sobre las operaciones de Odebrecht, una empresa extranjera que reconoce sobornar a una gran cantidad de funcionarios públicos. ¿Pero de qué lado es que está el enemigo? ¿En ese ambiente de disolución e impunidad, puede alguien esperar una renuncia por dignidad? Otro chiste, por favor.