La selección de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) reviste gran importancia para nuestra democracia, sin embargo, su selección ha estado generalmente marcada por el deseo del presidente de turno de controlar dicho organismo y por el reparto político.
Y precisamente por ese tinte político hemos tenido en muchas ocasiones falta de confianza en la JCE, en momentos incluso de crisis electorales en nuestra historia democrática reciente, en las que ante la desconfianza en la imparcialidad de sus miembros se ha requerido la actuación de representantes de la Iglesia para auspiciar diálogos y consensos, de comisiones de seguimiento, y hasta se ha tenido que recurrir a modificar la ley electoral, como se hizo en el 2003, como solución a la crisis desatada por la imposición de la reelección de su presidente, aumentando los miembros de la Junta a 9 y dividiéndola en dos cámaras.
Por eso es una señal trascendente la que ha dado el presidente Luis Abinader al reiterar que tiene un compromiso de llevar personas independientes a la JCE, lo que constituye la mejor vía para dotar de credibilidad a ese organismo, como sucedió en el año 1994 luego de la crisis electoral y la firma del pacto por la democracia, eligiéndose una Junta presidida por César Estrella Sahdalá, cuyo suplente era Jorge Subero Isa, y constituida por otras personalidades, que se destaca como uno de los puntos más luminosos de la historia de dicho organismo.
En esta ocasión tenemos la oportunidad de remediar la situación que creaba el requisito de la anterior legislación electoral de que los miembros de la JCE debían ser abogados, en un órgano que necesita capacidad de gestión, lo que afortunadamente se limitó en la nueva Ley 15-19 para el presidente de esta, pudiendo ser los demás profesionales del área de administración, informática, ciencias jurídicas o afines.
El Senado debe elegir una nueva JCE conformada por personas que reúnan el perfil idóneo, lo cual va mucho más allá de los requisitos que establece la ley que cualquiera puede cumplir, con una reconocida y probada trayectoria, tanto los cinco titulares como sus suplentes, pues como se vio en el recién pasado proceso electoral, la inviabilidad de usar los suplentes llegó incluso a provocar gran inquietud ante la renuncia, luego retirada, de uno de sus miembros.
El país y nuestra democracia han pagado un costo muy alto por malas selecciones de personas, algunas buenas, pero sin la independencia y firmeza requeridas, de cuadros políticos sin mayor mérito que el de su afiliación partidaria, así como por malas decisiones de presidentes autoritarios que con el apoyo de su partido impusieron su voluntad por encima de lo racional, y de personas que aunque probas carecían de las capacidades para gestionar adecuadamente los procesos, o de la firmeza para no dejarse envolver por los enredos políticos.
El trauma vivido en las pasadas elecciones debe estar muy presente al momento de tomar esta decisión, para asimilar que no solo se necesita una JCE que complazca a los partidos y la sociedad civil distribuyendo sus miembros, sino de una Junta que reúna las competencias necesarias en regulación, gestión, logística, informática, para que aventuras tan lamentables como la del voto automatizado no se repitan. Esperemos que los miles de millones que se desperdiciaron en las fallidas elecciones municipales y el voto automatizado que tanta falta nos hacen, no se olviden y sirvan de recordatorio para que todos exijamos que se deje atrás la vieja y mala práctica de la repartición, y se escoja bien, seleccionando miembros y suplentes capaces con competencias divididas que hagan la debida sinergia, que tengan la independencia, templanza y firmeza requeridas, y sobre todo que generen credibilidad y confianza, lo que no dependerá únicamente de sus competencias sino de su solvencia moral, historia de vida y actuaciones. Ojalá que el nuevo Senado esté a la altura de este gran reto.