El domingo 12 de agosto se celebró, de manera multitudinaria, la Marcha del Millón, en las calles de Santo Domingo. Tal como han dicho sus organizadores, poco importa el número exacto de la cantidad que participaron en dicha actividad. Lo importante sigue siendo los motivos y el compromiso ciudadano demostrado por cada persona participante, así como del equipo organizador, que hizo un gran esfuerzo por crear las condiciones para que la marcha se realizara y que pudiera dejar a la población el mensaje de disposición, de unidad y de lucha contra la corrupción. La consigna coreada: “Somos un pueblo unido y de pie”, resumió la actitud y la postura de las y los presentes en la marcha.
En poco más de un año se han realizado dos significativas marchas nacionales contra la corrupción y la impunidad. La primera el 16 de Julio, 2017 y la segunda el 12 de agosto del presente año, 2018. Ambas han concluido en el histórico y significativo Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo y se han celebrado en torno a dos hechos históricos importantes para la memoria de la conciencia ciudadana y política: la fundación de la Sociedad La Trinitaria (16-6-1838) y la llamada Restauración de la República (16-8-2018), la que muchos historiadores consideran como la verdadera independencia nacional.
¿Cuáles fueron los principales planteamientos hechos en las proclamas de ambas marchas verdes?
1.- Quienes hacen la proclama son representantes legítimos de un colectivo amplio que integra a diferentes sectores de la sociedad dominicana, incluyendo a aquellas personas de la diáspora dominicana que se han movilizado en los diferentes países de emigración: “Nosotras y nosotros, maestras, chiriperos, artistas, profesionales, amas de casa, estudiantes, empresarios, empleados, religiosos, campesinos y campesinas, ciudadanas y ciudadanos del Norte, el Sur, el Este, el Oeste y la diáspora del país, que vestidos de esperanza reclamamos Justicia en cada rincón de la Patria, estamos siendo protagonistas de las más ejemplares, masivas, diversas y contundentes manifestaciones cívicas contra el lodazal político e institucional que nos oprime”.
2.- La movilización popular se ha hecho con un propósito muy concreto: “Por más de un año y ocho meses, y utilizando las más diversas y esperanzadoras formas de participación cívica, pacífica y familiar, hemos ejercido nuestros derechos y cumplido con nuestro deber movilizándonos en todo el territorio nacional y la diáspora, denunciando los agravios del actual régimen de corrupción e impunidad, y exigiendo sanciones contra la delincuencia política instalada o asociada a la actual dirección del Estado”.
3.- Aunque se pide sanción contra todos los actos de corrupción y en particular con relación a los hechos relacionados con la multinacional mafiosa Odebrecht, la proclama ha priorizado el caso de Punta Catalina, con la sospecha de que en el mismo, por sobornos y sobrevaluación, estaría involucrado el mayor monto de dinero de la corrupción, agravada con intentos evidentes desde el poder partidario y judicial, para que este caso se quede en la más absoluta impunidad. Por eso se dice: “Nosotras y nosotros estamos profundamente convencidos de que el proyecto Punta Catalina es un cuerpo del delito, y de que la delincuencia política está aliada a los más antidemocráticos grupos empresariales y sociales para mantener a nuestro país embarrado con el lodo de la corrupción y la impunidad”.
4. Se identifica a personas concretas involucradas, comenzando por los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y sobre todo al actual presidente Danilo Medina, para quien se ha solicitado sometimiento judicial y juicio político. “Es inaceptable cualquier resultado judicial sin una indagatoria de las actuaciones de los expresidentes Leonel Fernández, responsable del 52% de los contratos, y de Hipólito Mejía, en cuyo gobierno se firmó el 11% de los contratos y quien públicamente ya se puso a la disposición del procurador Jean Alain Rodríguez”. Y continua la proclama señalando: “Para alcanzar el fin de la impunidad es imprescindible el sometimiento penal del presidente Danilo Medina, porque existen claros indicios de responsabilidad de su gobierno en la licitación irregular y la sobrevaluación de Punta Catalina; porque con sus maniobras políticas ha convertido las acciones del Ministerio Público en un “mareo” mediático y en un obstáculo para la aplicación de Justicia”. Y se nombran otras personas del entorno del poder, a quienes se considera involucradas en la gran trama de la corrupción y la impunidad: “Para alcanzar el fin de la impunidad es ineludible la investigación de los funcionarios y congresistas Rubén Bichara, Reinaldo Pared Pérez, Gonzalo Castillo, Cristina Lizardo, Vicente Bengoa, Lucía Medina, Simón Lizardo, Abel Martínez y otros responsables de aprobar o gestionar los contratos de la multinacional mafiosa”.
5.- Llamada urgente a la unidad en vista a impulsar cambios estructurales en el país. En la proclama del 16 de julio del 2017 se decía: “Convocamos a las mujeres y hombres de trabajo, a los comerciantes, empresarios, religiosos, estudiantes, pensionados y a todo el pueblo dominicano a una gran unidad nacional, para intensificar la lucha verde contra la corrupción y la impunidad en cada paraje, municipio y provincia, como un aguacero ciudadano indetenible, que barra el lodo de las instituciones y el sistema político corrompido y deje a nuestro país bañado de justicia, bienestar, democracia y esperanza”. Y en la proclama de la marcha del pasado 12 de agosto el llamado se hizo más específico: “Proclamamos nuestro compromiso ciudadano inquebrantable de comenzar desde este preciso momento a consensuar e impulsar con los más diversos sectores las reformas estructurales indispensables para sacar de una vez y para siempre a la delincuencia política y a sus aliados económicos, empresariales y militares de las instituciones y de todos los ámbitos de la vida en común del pueblo dominicano”.
Es evidente que las proclamas de la Marcha Verde están planteando la unidad de amplios sectores sociales para sacar del Estado a los actuales incumbentes, corruptos y protectores de la impunidad; pero se queda corta en la propuesta de estrategias para lograr estos objetivos. Se queda corta, sobre todo, en las propuestas de cambios estructurales, en la necesidad de una asamblea constituyente, en las propuesta de modificación de la forma de composición y selección del poder político, en el método de elección del Poder Ejecutivo, en la conformación del poder legislativo, y, sobre todo, en la independencia y transformación del poder judicial.
Será necesario seguir analizando las perspectivas y desafíos futuros de la Marcha Verde y sobre todo, seguir uniendo voluntades indignadas, iniciativas novedosas y esperanzadas, así como sueños realizables, pues la unidad y el consenso entre los diferentes sectores del país, incluida la diáspora, debe estar orientada a la definición de un proyecto país institucionalizado, con equidad social, con un liderazgo ético, con instituciones fuertes y con una ciudadanía consciente y comprometida, desde cada territorio, “para sentar las bases de una República Dominicana con justicia, dignidad y prosperidad para todos y todas”.