Cuando por decisión del juez Francisco Ortega Polanco se dictó prisión, como medida de coerción, para algunos de los imputados por los supuestos sobornos pagados por Odebrecht, se comenzaron a hacer remodelaciones en la cárcel de Najayo, para adecuar las habitaciones para los nuevos internos. Y puesto que dichas personas pertenecen a una clase social distinta a la de la mayoría de los internos del penal, los jerarcas de la corporación económico-partidaria gobernante decidieron que había que prepararles unas habitaciones con comodidades parecidas a las que tenían en sus casas, en sus oficinas y sus negocios. Por eso se entraron aires acondicionados, televisiones digitales, muebles, camas…, entre otros objetos. Además, según han informado los vecinos del penal, desde que están los nuevos incumbentes en Najayo-hombres hay luz 24 horas y no falta el agua en la zona.
No es la primera vez que las cárceles del país, y concretamente la de Najayo-hombres se adecúa para presos “especiales”, generalmente para líderes y funcionarios de los grupos económicos y partidarios ligados a casos de corrupción y desfalco del dinero público. Recordemos los casos de Ramón Figueroa, ligado al desfalco del quebrado banco Banínter y del financista Luis Álvarez Renta, entre otros.
En el proceso de la imputación contra el senador Julio César Valentín salió a relucir, como supuesta prueba de que este se había enriquecido, la posesión de 6 carros de lujo. Luego la defensa alegó que no se trataba de carros que actualmente poseía, sino que una buena parte de los mismos los había vendido, aprovechando la venta de exoneraciones –formalmente legales pero éticamente ilegítimas- que realizan las y los senadores y diputados. Es decir, a quienes ganan salarios de lujo, a quienes tienen el ilegal barrilito, encima se les permite importar, un vehículo cada dos años – sin pagar los debidos impuestos.
En un reciente programa de televisión la investigadora Nuria Piera informó al país, con datos, que es habitual que a los jerarcas de la Iglesia Católica se les permita importar los más variados bienes y objetos –entre ellos pantis y bikinis- sin pagar impuestos. Recientemente se ha hablado, además, de la venta ilegal por parte del arzobispado de Santo Domingo, de los terrenos en donde se construyó el centro comercial Downtown Center. Seguramente las demás organizaciones sin fines de lucro – ¿o no lo deberían ser las iglesias?- no tienen las mismas oportunidades que se les concede a los Jerarcas Católicos.
En algunas ocasiones he sido detenido mientras conduzco un vehículo y el agente me ha preguntado, ¿usted es militar? Y generalmente respondo diciendo que soy un ciudadano, conocedor de sus derechos y deberes. Pero si fuera militar ¿no debería cumplir con las leyes? ¿tendría derecho a violar las de tránsito? Y estoy consciente de que por lo general el agente que hace esa pregunta está cuidando su puesto y tiene que conseguir diariamente y reportar el dinero de soborno, una parte del cual suele ir a parar a manos de los jerarcas de la policía y de las fuerzas armadas, quienes en ocasiones alquilan los puestos “calientes”, en donde la policía corrupta y los militares involucrados en diferentes actos de corrupción tienen mayor oportunidad de extorsionar a las y los conductores.
El pasado sábado, en una clase en el Seminario Bíblico de la Iglesia de Dios, en Villa Mella, en el marco de un seminario sobre los desafíos que presentan para las comunidades y congregaciones cristianas el acaparamiento de bienes, la creciente violencia y la corrupción en la sociedad dominicana, trajimos a colación la hipótesis del teólogo biblista Jorge Pixley quien definió la organización monárquica de la sociedad en el antiguo imperio egipcio (3000, a.e.c.), en donde el Faraón mantenía su gobierno, con el apoyo indispensable de tres grupos de aliados que eran conocidos como los “siervos del rey”. Estos eran: los militares, los funcionarios civiles del reino y los sacerdotes. Estos tres colectivos eran las columnas sustentadoras de una monarquía, que imponía cargas pesadas a las aldeas o comunidades campesinas, mediante impuestos a la producción agrícola o simplemente mediante la apropiación de sus tierras y sus ganados; además de lucrarse con el dinero de la venta de alimentos en tiempos de sequía y de hambre.
La lucha de los grupos sociales conscientes e indignados, de sus organizaciones y colectivos, comprometidos con una Vida Digna, debe incluir la necesaria construcción de una sociedad equitativa, donde todas las personas tengan igualdad de oportunidades, de derechos y deberes ante las leyes establecidas para la convivencia pacífica y armónica. Por eso, la Marcha Verde debe seguir demandando el cese de la corrupción y la impunidad en toda la sociedad, pero en particular en lo relacionado con las actuaciones de los funcionarios públicos dependientes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial. Debe exigir también lo mismo a los jerarcas militares y religiosos, entre otros actores sociales, para impedir que se sigan manteniendo privilegios irritantes sobre la base del dinero de la corrupción impune. Esta es una tarea ineludible para seguir avanzando en la construcción de una sociedad sin injusticias ni privilegios.