El pasado día 7 de enero, comenzando el año, se celebró el día del poder judicial, en medio de escándalos por sentencias sobornadas, cortes compradas y doblegadas y jueces en prisión por ser parte de una trama de corrupción e impunidad. En medio de esa celebración, en la Iglesia Ntra. Sra. de la Paz, se levantó la voz de un nuevo Antón de Montesino, Félix Morillo, un ciudadano que se identificó como dirigente de la comunidad cristiana y expresó que el pueblo dominicano tiene sed de justicia.
Aprovechando la proclamación de apoyo del Partido Cívico Renovador (PCR) a la reelección presidencial, el actual gobernante, el ciudadano presidente Medina se atrevió a declarar que su gobierno es uno de los más honestos que ha habido en la historia de la República. Las reacciones ante las declaraciones del líder partidario de uno de los dos bloques económicos enfrentados al interior del PLD no se hicieron esperar. Llegando algunas personas a afirmar que pareciera que el presidente perdió de momento la ubicación, y creyó estar en el país ideal y no el actual.
El pueblo dominicano consciente tiene sed de transparencia en el uso de los fondos públicos, de honestidad, de justicia y libertad. Por eso es oportuno preguntarse sobre, ¿Cuáles serían las prácticas y los principios éticos que harían posible un gobierno honesto?
Un gobierno honesto, que incluye no solo al ejecutivo, sino también al legislativo, a las y los ministros de los diferentes ministerios, al poder legislativo, al poder judicial, y a las diferentes instituciones públicas articuladas con estos poderes debiera caracterizarse, entre otros aspectos, por:
–Priorizar el bien colectivo sobre los intereses económicos partidarios y corporativos.
– Realizar un adecuado manejo de la economía, en donde se haga un uso adecuado de los fondos públicos; lo que conlleva un cuidadoso manejo del endeudamiento interno y externo.
-Promover la sanción y el castigo de la corrupción pasada, de la presente, así como prevenir la futura.
– Transparencia en el uso de los fondos públicos y en la rendición de cuentas
– Preocuparse y atender no solo a los números y a las cifras, sino también a las personas y a la calidad de los servicios de educación, salud, vivienda, nutrición, seguridad social, etc.
– Mantener viva la memoria de los referentes éticos y políticos como Juan Bosch (1963) y Francisco Ulises Espaillat (1876) considerados los presidentes más honestos de la historia dominicana.
– Realizar una distribución equitativa de los bienes y servicios públicos.
– Promover la transparencia y la austeridad en el uso de los fondos públicos para las campañas partidarias y la publicidad gubernamental.
– Establecer relaciones de respeto y de servicio a la ciudadanía, evitando la tentación de establecer relaciones clientelares y de dependencia de los líderes partidarios.
– Promover una justicia independiente de los poderes fácticos que se ponga al servicio de los mejores intereses de la nación.
¿Por qué el gobierno presidido por Danilo Medina no llega a la categoría de ser ni honesto, ni ético, ni político, en el verdadero sentido de la palabra? Porque forma parte de una corporación que ha gobernado el país por 16 años, y los últimos 12 de forma continua, que se ha caracterizado por depredar los bienes públicos y por priorizar los intereses económicos y partidarios de una minoría enriquecida.
Esa corporación gobernante ha endeudado al país en los últimos 12 años de forma progresiva y una buena parte de ese dinero tomado prestado se ha quedado en las garras de la corrupción. Por eso Participación Ciudadana ha dicho recientemente que cerca del 6% del PIB, unos 200,000 millones anuales -equivalentes a los presupuestos de educación y salud juntos- se está quedando en la trama maldita de la corrupción. Solo para este año 2016 aumentará la deuda externa en unos 5,000 millones de dólares, sin incluir el creciente déficit fiscal del Banco Central.
Esa corporación ha hecho una distribución muy desigual del presupuesto público. Ha creado diferencias escandalosas entre los salarios de los trabajadores y los de las élites económico-partidarias, entre los que se puede señalar las élites que manejan las instituciones económicas como el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, los ministros, el servicio de Relaciones Exteriores, Indotel, entre otros. También en salarios y privilegios muy desiguales para los legisladores y las élites del poder judicial, como las llamadas Altas Cortes, que tan débil servicio han prestado a la Patria en los últimos 5 años.
El actual gobierno forma parte de una corporación que renunció a sus principios originarios, que pactó con los sectores más conservadores del reformismo, del perredeísmo, del vinchismo y que renunció a la propuesta de construir una sociedad democrática, participativa. Esta corporación, además, perdió su memoria histórica y abdicó de los principios propuestos y vividos en su práctica política por el ideólogo y fundador del PLD y del PRD, Juan Bosch.
En el actual período de gobierno hemos tenido que contemplar como unas altas cortes, que salen tan caras a quienes pagamos impuestos, toman decisiones que generalmente favorecen a los grandes grupos económicos y perjudican a los más pobres, como las decisiones del Tribunal Constitucional desnacionalizando a las y los dominicanos, o del Tribunal Superior Electoral, al tomar decisiones al servicio de los intereses económicos del grupo liderado por Miguel Vargas Maldonado, o la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República negándose a hacer juicio de fondo en el escandaloso caso de Félix Bautista y compartes.
Un gobierno que sea mínimamente honesto no promueve su permanencia en el poder utilizando todos los medios a su disposición, que implican reparto de la cosa pública y un mayor compromiso y dependencia de los grupos del poder económico.
Pero, ¿no hay ningún aspecto que pueda ser considerado como positivo en el actual gobierno, en cuanto al tema de la transparencia y la honestidad? En honor a la verdad hay que reconocer que ha habido algunos intentos de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, pero solo en los niveles inferiores. En otras palabras es difícil creer en la supuesta transparencia cuando solo hay verdaderos controles para los funcionarios más pequeños; mientras los grandes, como en el caso de la OISOE, tienen licencia para robar, para promover el fraude y además, impúnemente.
Es hora de desenmascarar la propaganda falaz de quienes quieren presentarse con una condición que es contradicha por sus actuaciones. Se hace necesario, sobre todo, aportar a la construcción de la democracia incluyente y participativa que pasa necesariamente por la gestación de proyectos políticos alternativos, que no descansen en una sola persona, ni en relaciones clientelares, sino en colectivos con conciencia social y compromiso ético y político, capaces de articularse entorno a un proyecto de nación justa y participativa. El camino para su construcción estará llenos de piedras y espinas. Pero es el camino más honesto, más ético, más político; pues conduce a la tierra liberada, en donde se construyen relaciones de verdadera ciudadanía y de compromiso con los mejores intereses de los sectores sociales más excluidos de esta tierra nuestra, colocada en el mismo trayecto del sol, como señaló el poeta nacional.