En este caluroso verano, en que tanto a nivel nacional como a nivel internacional se está hablando de la situación de la comunidad dominicana de origen haitiano, del plan de regularización, de los apátridas y desnacionalizados por la sentencia 168-13, de la supuesta disposición de la Junta Central Electoral de devolver los documentos a más de 55,000 dominicanos y dominicanas de origen haitiano, de entrega de carnets de residencia a un grupo de antiguos obreros de la industria del azúcar, las declaraciones de Juan Bautista Vicini, representante de la corporación Vicini, de que los cañeros son pobres porque no se organizan, ha creado un debate en los medios de comunicación y en las llamadas redes sociales, al que este articulista quiere unirse.
En primer lugar es bueno partir del hecho de quien hace la declaración es un descendiente de una familia de inmigrantes italianos que están en esta tierra desde el año 1860, cuando llegó al país, buscando oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida, Juan Bautista Vicini. Este inmigrante llegó con “una mano delante y otra detrás”, como señala el dicho popular y en un principio fue empleado de otro inmigrante italiano que llegó antes que él.
Los Vicini son una familia de inmigrantes que logró enriquecerse hasta llegar a constituir, según la opinión de algunos analistas, la fortuna más grande de República Dominicana. De hecho, según la revista Forbes (Acento, 30-6-2014), Felipe A. Vicini Lluberes, Presidente del emporio Vicini debe ser considerado el primero entre los 10 principales millonarios de República Dominicana. Si la fortuna de los Vicini provino desde un inicio del cultivo y exportación de la caña de azúcar, actualmente esta mega corporación empresarial ha incursionado en diversas áreas como turismo, bienes raíces, servicios financieros, energía, industria, alimentos y bebidas, y medios de comunicación.
¿Será que los Vicini son ricos porque se “organizaron” y los cañeros son pobres porque no se “organizaron”? ¿Será que los cañeros son los principales responsables de su pobreza y miseria? ¿pudieron ellos tener un contrato de trabajo justo en los ingenios de la familia Vicini? ¿Contaron con seguridad social? ¿Con seguro médico? ¿Con atención en caso de accidentes laborales? ¿Tienen hoy esos trabajadores una pensión que les permita vivir con dignidad? ¿Corrieron diferente suerte a la de los trabajadores de los ingenios administrados por el Estado Dominicano?
Juan Bautista Vicini y su familia acumula la mayor fortuna de República Dominicana, en un país donde más del 40% vive en pobreza y cerca de un cuarto de la población en extrema miseria. Y podemos preguntarnos, ¿es éticamente lícito que unas familias acumulen tantos bienes y otras vivan en la miseria? ¿Qué estrategias ha utilizado dicha familia para apropiarse de tanta tierra y de tantos bienes? ¿Qué mecanismos tiene el sistema económico y político que permite la creación de tan escandalosas desigualdades? ¿Qué complicidades y alianzas ha mantenido la familia Vicini con quienes han dirigido el Estado Dominicano en los últimos 165 años para permitirles acumular tantas riquezas? ¿Cuántos de esos bienes y riquezas les corresponderían en justicia a las y los obreros de las empresas de la familia Vicini, sobre todo a los cañeros?
Un grupo de organizaciones y movimientos sociales respondieron con una comunicación pública a las declaraciones de J.B. Vicini. Entre otras cosas señalan: “Las organizaciones abajo firmantes consideramos como falsas, cínicas y carentes de todo sentimiento humano, las declaraciones del señor Juan Bautista Vicini (…). Al señor Vicini se le olvidó decir que una gran parte de la enorme riqueza que hoy ostenta su familia es el fruto de la bárbara explotación a la que por décadas fueron sometidos esos trabajadores en los ingenios azucareros de su propiedad, a los que tampoco se les permitió organizarse ni legalizar su estatus migratorio y residencia en la República Dominicana”.
La periodista M. Cordero en dos editoriales del diario digital 7 días ha reaccionado, con su característica acuciosidad, a las declaraciones de J.B. Vicini (“Pobres porque les da la gana”, y “Haitianos trashumantes”); ha señalado la comunicadora que ya en un artículo escrito en el 2009 ella había hecho referencia a una noticia publicada por la agencia EFE, que informaba: “Alrededor de 500 trabajadores haitianos del ingenio Cristóbal Colón cometieron la impensable osadía de exigir a la familia Vicini, propietaria de la empresa azucarera, convertir en contrato legal los incontables años que han trabajado en sus inmensos campos de caña”. Margarita afirmó, además, que la compañía Vicini, a través de su abogado Mario Carbuccia, señaló que hacer contratos con los trabajadores haitianos inmigrantes, “es inviable, ya que los trabajadores son trashumantes y no es posible proveerles de contratos”. De ahí a la posterior declaración del Tribunal Constitucional, contenida en la infeliz ley 168-13, que desnacionaliza a los hijos e hijas de inmigrante, alegando que sus padres y madres, estaban en “tránsito” en el país, hay solo un paso.
Los cañeros han sido uno de los grupos que mejor se ha organizado en los últimos tiempos para defender su derecho a tener una pensión digna. Sus constantes manifestaciones en frente de la casa de gobierno así lo confirman. Por eso las declaraciones de J. B. Vicini vienen desmentidas por esa realidad. No obstante, el debate creado sobre la relación entre organización popular y superación de los niveles de pobreza puede servir para crear conciencia en los grupos populares, en los grupos de obreros organizados y en la población en general, de que solo con la organización popular, y la toma de conciencia de los propios derechos y deberes es posible mejorar las condiciones de vida comunitarias, familiares y personales. Esta es una tarea indelegable mientras se continúa la lucha por la creación de un nuevo modelo económico y político, en donde los bienes estén al servicio de todos y de todas y en donde no sea posible la acumulación injusta en pocas manos, mientras otros y otras viven en la más absoluta miseria.