Plutocracia, veeduría y contraloría sociales

Desde el surgimiento de la democracia, como sistema social y político, en la antigua Grecia, esta ha estado controlada por los sectores sociales que manejan la economía y que utilizando su poder, se apropian de la mayor parte de los bienes que pertenecen a todos y a todas. De tal manera, que desde un inicio lo que se llamó “poder o gobierno del pueblo”, fue más bien el dominio de un pequeño sector sobre el resto de la población.

En Estados Unidos hay un nuevo gobierno elegido. El presidente electo D. Trump ha declarado tener una fortuna de $US3,700 millones de dólares. Además, ha anunciado que en su gabinete habrá otros grandes millonarios como Betysy de Vos, la elegida para ser secretaria de salud ($US5,100) y Wilbus Ross ($2,500), futuro secretario de Comercio. Esto se da en un sistema injusto en donde el 1% acumula lo que necesita para vivir el 99% restante y en donde hay más de 40 millones de pobres que no tienen la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas. Por todo esto, existe la sospecha fundada de que ese grupo de millonarios gobernará y utilizará el poder para acumular aún más, priorizando el desarrollo de sus intereses corporativos.

En Honduras (2009), Paraguay (2012) y Brasil (2016), ha habido en los últimos años tres golpes de Estado “parlamentarios” contra candidatos presidencias elegidos democráticamente y ligados a los sectores populares, que propusieron cambios en el modelo económico y en la redistribución de las riquezas. En los tres lugares sus respectivos presidentes fueron sustituidos por personas dependientes y ligadas a los intereses del gran capital nacional y transnacional.

En China, país hegemónico en la producción, en el comercio mundial y en la disposición de recursos económicos, una élite económica y partidaria se ha enriquecido a costa del trabajo de 800 millones de trabajadores y del éxodo económico de otros millones de personas. Para los trabajadores se aplica un sistema económico de tipo capitalista, en su versión neoliberal, mantenido por el mal llamado “partido comunista chino”,  mientras que las élites se apropian y disfrutan de la plusvalía del trabajo y de  los bienes producidos por los más débiles.

En América Latina y El Caribe hemos visto a gobiernos supuestamente de izquierda o progresistas que han sido sobornados y corrompidos por empresas transnacionales como en el caso de la ODEBRECHT brasileña. Como ejemplos claros de esto podemos señalar lo sucedido con los funcionarios de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), liderados por Lula Da Silva o Dilma Rousseff  y con los funcionarios del PLD en nuestra tierra. Estos partidos, que supuestamente se presentaron como una opción alternativa a los “partidos del sistema”, terminaron siendo sobornados, corrompidos y transformados para servir a los sectores del gran capital. Además, en otros lugares, como en Argentina, el gobierno de los Kirchner fue sustituido por el magnate empresarial Mauricio Macri, acusado de corrupción y de blanqueo de capitales.

En la historia de la vida republicana dominicana, desde el año 1844, el poder político ha estado en manos del poder económico con poquísimas excepciones, como el gobierno de Bosch, en 1963. Eso sucedió a lo largo del siglo XIX con los gobiernos de los Hateros, liderados por Pedro Santana o con los de la burguesía comercial sureña, liderada por los gobiernos de Buenaventura Báez. O los gobiernos azules que en la mayor parte de los casos representaron los intereses de la burguesía comercial cibaeña. En los siglos XIX y  XX tenemos, además, el caso de las dictaduras lideradas por los gobiernos de Ulises Heureaux, Rafael L. Trujillo o Joaquín Balaguer, que terminaron siendo ellos mismos y su círculo más cercano, quienes se apropiaron directamente del poder y las riquezas.

En los últimos 20 años hemos visto como el poder político ha estado manejado por empresarios metidos a funcionarios y por líderes partidarios o líderes partidarios metidos a empresarios. De hecho entre los gobiernos presididos por el PRD (1978-1986; 2000-2004) hubo dos empresarios presidentes: Antonio Guzmán e Hipólito Mejía. En los 16 años de los gobiernos peledeístas hemos visto como los representantes de los principales organismos del Partido Morado, como una buena parte del Comité Político y del Comité Central se han enriquecido y/o se han hecho empresarios, mediante pactos con los sectores económicos, hasta convertirse ellos mismos en una poderosa y nueva corporación empresarial.

Mientras que en los gobiernos presididos por el grupo económico que lidera Leonel Fernández algunos funcionarios, como Félix Bautista, se convirtieron en acaudalados empresarios, en los gobiernos liderados por Danilo Medina, nos encontramos con importantes empresarios que se han convertido en funcionarios.

En las declaraciones juradas que se han hecho en los últimos meses nos hemos enterado de las sumas millonarias que tienen algunos de los funcionarios del actual gobierno. Presento a continuación una lista del patrimonio de algunas de las personas que ocupan los puestos públicos más significativos, según las declaraciones hechas en los últimos meses:

Ante un Estado de funcionarios plutócratas, es necesario fortalecer la veeduría y la contraloría sociales. No basta con el conocimiento de las declaraciones juradas de patrimonio. Es necesario exigir que la Cámara de Cuentas cumpla con el compromiso de investigar la procedencia de los bienes y la veracidad de lo que se declara tal como lo estipulan los arts. 10 y 12 de la ley 311-14 sobre declaración jurada de patrimonio de los funcionarios públicos. Y la vigilancia debe poner especial atención en aquellos funcionarios que en los últimos años han aumentado considerablemente su patrimonio, como es el caso de José Ramón Peralta, Ministro Administrativo de la Presidencia, quien aumentó su patrimonio en más de 80 millones, entre lo declarado en el 2012 (145,356,357) y lo declarado en el 2016 (225,577,482).

La veeduría y la contraloría sociales no se pueden reducir a los funcionarios que tienen jurisdicción nacional. Es necesario, además, fortalecer la veeduría sobre los funcionarios locales y en particular los de los gobiernos municipales: alcaldes, regidores  y personal administrativo que toman decisiones y manejan fondos públicos. Solo unas personas, organizaciones e instituciones sociales empoderadas y con conciencia de sus deberes y derechos están en capacidad de hacer una vigilancia y una contraloría sociales, que haga entender a los funcionarios públicos que son nuestros servidores, pagados con los recursos de nuestros impuestos y que no tienen ningún derecho a enriquecerse con el dinero público.