Desde hace varios años un colectivo de migrantes haitianos, que llegaron al país contratados por el Estado Dominicano desde el tiempo de la invasión norteamericana (1916-1924), están reclamando que se les conceda una pensión, como justo fruto de un trabajo hecho en condiciones de semi-esclavitud. Trabajo con el cual se han enriquecido los funcionarios de los gobiernos dominicano y haitiano, así como los dueños de los ingenios. De hecho lo que están reclamando los cañeros y sus descendientes es una mísera pensión de unos $RD5000 mensuales.
Hablar de pensiones dignas, como parte de la seguridad social, es un desafío grande en la República Dominicana. Lo primero que hay que destacar es que en las mismas existe un desorden, que refleja los niveles de inequidad existentes en la sociedad dominicana. Mientras que la mayoría de las y los trabajadores no tiene ningún tipo de pensión y para muchas otras personas la seguridad social en la vejez está en manos de los hijos e hijas, familiares o vecinos cercanos que se preocupen por ellos y por ellas, las grandes élites económicas como los funcionarios de la élite económica gubernamental, los legisladores y los jueces de las “altas cortes”, tienen una pensión de lujo, sin ajustarse a las mismas reglas de juego por las que tienen que regirse las y los obreros comunes.
Recientemente la Fundación Juan Bosch dio a conocer los resultados de una excelente investigación, titulada: “Pensiones: ¿seguridad social o gran negocio?”. El estudio se hace a los 15 años de la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que tiene como base legal la ley 87-01. El estudio logra muy bien su propósito de ser una radiografía del sistema de administradoras de fondos de pensiones (AFP) y hace buenas propuestas para un nuevo modelo de pensiones, que realmente aporte significativamente a la mejora y cobertura de las pensiones, y por tanto de la calidad de vida de las personas de la llamada “tercera edad”.
Entre los hallazgos más importantes del estudio hecho por la Fundación Juan Bosch, están:
– El sistema de pensiones instaurado en República Dominicana con la ley 87-01 se inscribe en su diseño dentro del proceso de reformas de las pensiones que durante la década de los ’90 fue hegemónico en América Latina y el Caribe. En este sentido el caso modelo tomado en cuenta ha sido el sistema chileno que se implementó en los años ochenta.
-El camino asumido en la reforma de pensiones por la República Dominicana constituyó un modelo de mercado (mercantilización de las pensiones), debido a que incorpora la cuestión financiera propia del esquema de capitalización individual.
-Aunque en los últimos años ha aumentado la cobertura de personas que cotizan en el sistema de pensiones dominicano, actualmente solo un 32.3% de la Fuerza de Trabajo está cubierto, lo cual representa un porcentaje muy bajo.
– Entre 2003 y 2015 la densidad de las pensiones; es decir, la relación entre cotizantes y afiliados/as, disminuye de 58.5% a un 49.5%; es decir, casi 10 puntos porcentuales menos. La baja densidad de cotizantes significa que hay un sector importante de las y los trabajadores que, si bien está registrado en el sistema no cotiza regularmente. A esto hay que añadir el caso de empleadores que, aunque retienen el dinero del fondo de pensiones, no lo entregan a las administradoras.
– La tasa de retorno o la proporción que reciben las y los afiliados con relación al salario cotizable, es sólo de un 22.8%. La excepción lo constituye la Administradora del Fondo de Pensiones de las y los profesores, el INABIMA, que ha logrado un 68.8%, más del triple de lo proyectado para el resto de la población.
-A medida que aumenta el patrimonio total de los fondos de pensiones, también crece su participación e influencia en la economía, beneficiando a las empresas administradoras (AFP). Mientras en el año 2005 representaban un 2.3% del PIB, en 2015 alcanzaron a ostentar un 13.2%, es decir casi 6 veces más.
– El 69% de los fondos de pensiones que administran las AFP están invertidos en instituciones públicas, lo cual permite al Estado de la República Dominicana contar con mayor liquidez para hacer frente al gasto público y a la capitalización del Banco Central, permitiendo a la vez la ganancia parasitaria de unos pocos, a costa del erario y del esfuerzo colectivo. El resto (24.9%) se invierte en certificados de depósitos y Bonos corporativos de Bancos Comerciales y de Servicios Múltiples, Bonos de Empresas Privadas (2.5%) y en Asociaciones y Bancos de Ahorro y Crédito (2.7%).
– Las ganancias de las AFP superan ya los 500 millones de dólares ($RD23,500 millones). Los ingresos por concepto de comisiones representan el 82% del total de ingresos del sistema. Este tipo de ingreso proviene principalmente de los bolsillos de los propios cotizantes, quienes deben pagar a la AFP el monto de la comisión por la sola administración de sus ahorros, y por otro lado, deben entregar una parte de la rentabilidad de sus ahorros a la empresa administradora.
– En República Dominicana se está asegurando un negocio de unos pocos beneficiados con una renta parasitaria no productiva ni fruto del esfuerzo empresarial, mientras se está dejando de asegurar el Derecho Humano y el derecho constitucional de todo dominicano y dominicana a la seguridad social.
Algo que no señala la investigación de la Fundación J. Bosch, pero que es necesario destacar, es que el dinero de los fondos de pensiones no está bien asegurado al ser administrado por las AFP, que son dependencias de los grandes bancos, que además de administrar el dinero hacen negocio con el 30% de los fondos que pertenecen a los trabajadores. Tampoco ofrecen mucha seguridad las instituciones gubernamentales, que manejan casi el 70% de los fondos de pensiones; teniendo en cuenta que una buena parte de ese dinero público se va en la corrupción, en el abultamiento de la nómina pública, en altos salarios para las élites económicas del partido/gobierno y en el clientelismo corruptor. Además, de que con el dinero del fondo de pensiones se están pagando los “bonos” del Banco Central, como consecuencia del hoyo dejado por las quiebras continuas de las bancos y financieras de los últimos 15 años, como los casos de Banínter, Bancrédito, Banco Peravia, entre los más significativos.
El informe de la Fundación Juan Bosch no se queda en el análisis de la problemática, sino que propone, “la instauración de un Sistema de Reparto orientado realmente a la universalidad y la solidaridad como principios rectores, y en el cual los fondos administrados contribuyan a una matriz productiva más democratizada y que genere más empleo y riqueza, en lugar de aportar ganancias parasitarias al sector de la intermediación financiera y a unos pocos grupos económicos”.
Evidentemente la transformación del fondo de pensiones, de la capitalización individual hacia un sistema más colectivo, inclusivo y solidario no se realizará sin la lucha organizada de las y los trabajadores, con el apoyo de otros colectivos sociales como las organizaciones comunitarias, populares y la prensa crítica. Por eso es necesario re-inventar los sindicatos obreros, reorganizar las organizaciones de trabajadores con capacidad y fuerza social y política para lograr que el fruto del trabajo cotidiano y esforzado de las y los trabajadores no vaya a parar a aumentar los capitales corporativos y a engrosar los bolsillos de funcionarios, empresarios y banqueros que nos oprimen, nos engañan y nos roban “legalmente”.