La investigadora, socióloga y politóloga Jacqueline Jiménez Polanco ha escrito en esta semana, en el periódico hoy, una serie de artículos que ha titulado, “Corrupción política en la República Dominicana y la entronización del partido cartel”, en la que hace un análisis socio-económico-político pormenorizado sustentando la tesis de que el actual partido gobernante, en alianzas con otros partidos otrora mayoritarios como el PRSC y el PRD, y otros partidos minoritarios, así con los grupos del poder económico, funciona como un cartel cuya práctica está fundamentada en la corrupción, en el desfalco de los bienes públicos y en la impunidad.
Los escritos de J. Jiménez Polanco han provocado diversas reacciones en la sociedad dominicana; unas voces valoran el análisis hecho; otros, incluidos los líderes partidarios Lidio Cadet y Reinaldo Pared Pérez, negaron la veracidad de las declaraciones de la investigadora y politóloga.
En primer lugar es bueno señalar que la expresión “partido cartel” no es nueva. Ya hace unos años que R. Katz y P. Mair (1995)[1] publicaron un texto titulado precisamente: “El partido Cartel”. En el mismo estos autores hacen una clasificación de los partidos, que según sus criterios se pueden clasificar en cuatro tipos: el partido de élites, el partido de masas, el partido atrápalo todo, escoba (catch all), y el partido cartel.
El significado que J. Jiménez Polanco da en sus artículos al partido cartel tenemos que buscarlo más allá de lo planteado por Katz y Mair o por otros autores que asumen la clasificación propuestas por éstos y la desarrollan desde el contexto regional latinoamericano, como es el caso de J. Rodríguez (2010)[2]. El planteamiento de la politóloga parece coincidir con uno de los significados que el diccionario de la Real Academia de la Lengua le da a la palabra “cartel”, como una “Organización ilícita vinculada al tráfico de drogas o de armas”. De hecho, la investigadora define al partido gobernante como una organización que se ha entronizado en el poder en base al clientelismo y a la corrupción política con los fondos públicos, además de la vinculación y complicidad con el tráfico de drogas, de armas, de influencia y la apropiación sin límites de los fondos públicos.
En el tercer artículo publicado en el periódico hoy (11-1-2017), J. Jiménez Polanco hace un recuento de los principales casos de corrupción e impunidad que han estado ligados al “partido cartel”[3]. Entre éstos señala: La liquidación del gobernador del Banco Central y sus colaboradores por $500 millones, de los que el director, Héctor Valdez Albizu, se quedó con unos $60 millones. El Otro caso es el de Carlos Amarante Baret, actual ministro de Interior y Policía y José Aníbal Sanz Jiminián, que fueron directores de la Dirección General de Migración; según la auditoría de la Cámara de Cuentas dichos funcionarios evadieron la entrega al fisco de unos $226,600,000 millones que cobraron en impuestos a los usuarios. Los otros dos casos que menciona la politóloga son los relacionados con acciones fraudulentas de la trilogía Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa y Leonel Fernández, acusados de prevaricación, estafa a los fondos públicos y lavados de activos y el famoso caso del préstamo clandestino entre la OISOE y la Sun Land donde se manejaron unos $US130 millones, que nadie sabe a ciencia cierta cómo se utilizaron, ni cuánto se empleó en la construcción de las obras programadas.
J. Jiménez Polanco no se ha referido en sus artículos al caso de la corrupción ligada a la sobrevaluación y a los sobornos realizados por la constructora Odebrecht en las obras realizadas y en proceso en territorio dominicano. Sin embargo, algunos investigadores están previendo que en el caso de las contaminantes plantas de carbón de Punta Catalina la cantidad empleada en sobrevaluación y en sobornos, podría estar superando los $US1000 millones.
Muchos estudiosos sociales y económicos coinciden en afirmar que en el caso de la corrupción y los sobornos de Odebrecht, realizados en el período constitucional de los últimos 4 gobiernos, existe una oportunidad única para exigir justicia, la devolución de los bienes robados, y el castigo de los responsables. Pues se trata de un caso en el que está involucrados varios países de la región. Naturalmente, no será una tarea fácil que las cúpulas del Partido-cartel pidan responsabilidad a sus mismos funcionarios y cómplices.
La marcha anunciada por diferentes personas, periodistas, organizaciones y entidades para el próximo domingo 22 de enero no se puede quedar en una actividad aislada. Solo lograremos enfrentar la corrupción y la impunidad sostenidas por el partido-cartel si somos capaces articular un movimiento social fuerte, que integre, de forma permanente, a las fuerzas vivas de la sociedad que creemos en la necesidad y en la urgencia de sentar las bases de una sociedad justa, decente, equitativa, democrática y participativa.
Si nos quedamos en luchas aisladas como la del 4% por la educación a la que no se le ha dado adecuado seguimiento, o en las cadenas humanas frente a la OISOE que se apagaron en torno al proceso eleccionario pasado, o en las manifestaciones para exigir justicia fiscal, o en las luchas aisladas de los cañeros, o la de los desnacionalizados por la sentencia 168-13, no lograremos avanzar significativamente. Ojalá que la marcha del próximo 22 signifique un relanzamiento de la lucha articulada contra la corrupción y la impunidad, y la creación de una coalición de fuerzas capaces de incidir políticamente en la tarea de sentar las bases para la creación de un Estado Social y Democrático de Derecho, como lo plantea la Constitución Dominicana (Art.7).
[1] http://www.centrodeestudiospoliticos.org/wp-content/uploads/2011/08/Katz-Richard-y-Mair-Peter-El-Partido-Cartel.pdf
[2] El partido cártel y democracia en América Latina, disponible en: http://cdsa.aacademica.org/000-036/396.pdf
[3] http://hoy.com.do/corrupcion-politica-en-la-rd-y-la-entronizacion-del-partido-cartel-2/