En el primer fin de semana del mes de octubre del 2014 ocurrió un hecho que atrajo la atención de la sociedad dominicana y de la prensa nacional: se trataba de la muerte de 11 niños y niñas en el hospital Robert Read de Santo Domingo. En ese entonces hubo un debate mediático sobre las causas reales de esas muertes, que dio a conocer el conflicto creado entre la dirección del hospital, el Colegio Médico Dominicano y las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Al final todo quedó en reuniones, en el debate mediático, sin que ese hecho provocara ningún tipo de consecuencias para los responsables directos de la muerte de los infantes, ni ninguna política sanitaria para prevenir futuras muertes.
Salió entonces a relucir el hecho de que todos los 11 niños y niñas muertos provenían de familias empobrecidas. Se señalaron, además, como causa de la muerte de los niños y las niñas, la falta de atención médica, la falta de oxígeno, la falta de higiene en el hospital y la falta de unidades de atención primaria en las comunidades y de hospitales regionales y provinciales especializados en el cuidado de la salud de los niños y niñas.
Un informe reciente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) dado a conocer el pasado mes de junio, revela la realidad patente de las altas tasas de muertes infantiles en República Dominicana. Según dicho estudio, cada día mueren 13 bebés de menos de 28 días de nacidos y aseguró que el 80% de esas muertes ocurren por causas evitables. Afirmó además, que la tasa de mortalidad neonatal es de 25 por cada 1,000 nacidos vivos, siendo la tercera más alta de América Latina, superada solo por Haití y Guyana.
Cuando se buscan las causas de las muertes infantiles de los recién nacidos se suele acudir al tema de la falta de atención médica, al descuido de los galenos y del personal de salud, sin hacer un análisis más en profundidad de un problema complejo que tiene muchas y diversas causas, entre las que podemos señalar como las principales: 1. La falta de verdaderas políticas públicas orientadas superar el empobrecimiento de una buena parte de la población y de la inequidad social en el ingreso y en la distribución de las riquezas. 2. La falta de políticas públicas que prioricen la salud de la población en general y en particular de los sectores más empobrecidos. 3. La falta de educación para la prevención de enfermedades y de las muertes prematuras, en el hogar, en la escuela, en los medios de comunicación social y en las organizaciones comunitarias. 4. La Falta de centros de salud que ofrezcan un adecuado servicio de salud en el período del embarazo y en en el primer año de los/as nacidos. 5. La falta de medios y de medicinas en los hospitales públicos para atender a los recién nacidos, hijos e hijas de los más pobres. 6. La falta de ética profesional de médicos y médicas, con mentalidad comercial, que ofrecen un servicio de baja calidad. 7. La débil inversión en la salud pública que el año pasado no llegó al 2% del PIB (mientras que en países como Cuba fue del 8.8 del PIB; es decir, más del 4 veces el de República Dominicana).
La mayor parte de los niños y niñas que mueren prematuramente provienen de los sectores sociales más empobrecidos, en una sociedad en donde hay una distribución muy desigualdad de las riquezas. En la que el mismo Banco Central ha afirmado que el 96% de los hogares subsiste con menos de $20,000 al mes (2014), o que más del 70% de quienes tienen un trabajo fijo gana menos de 15,000 pesos al mes (2015), mientras que el mismo organismo estatal coloca en cerca de 30,000 el costo de la canasta básica para una familia de 5 personas. Esto a pesar de que las informaciones revestidas de mentiras del gobierno y de los organismos internacionales como el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que miden los niveles de pobreza por la cantidad de dólares del ingreso diario y no por la capacidad de compra del dinero o por la satisfacción de necesidades básicas fundamentales como alimentación, salud, educación, servicios como electricidad, agua potable, entre otros.
La actual lucha de los médicos y médicas no debería detenerse con el logro del aumento salarial. Debería ser la ocasión propicia para continuar lucha articulada con el movimiento social, para mejorar las condiciones generales de la salud y en particular de la salud de la niñez. Esa lucha debería ser apoyada por la sociedad crítica, por la prensa y por todas las organizaciones que están decididas a enfrentar la corrupción que consume una buena parte del presupuesto de salud.
Puesto que las muertes infantiles se convierten en una radiografía de una sociedad desigual, en donde una buena parte de los recursos públicos se queda en las garras del liderazgo económico y partidario, corrupto y corruptor, es necesario definir una agenda nacional con relación al tema de las políticas de salud pública en general y en particular con relación al tema de la salud preventiva y curativa de niños, niñas y madres en período de gestación. Un Primer paso para avanzar significativamente sería poner en ejecución lo que se propone en la Estrategia Nacional de Desarrollo (2030) para el sector salud.