Uno de los elementos fundamentales en la lucha contra la corrupción y la impunidad es la incidencia social para el adecentamiento, la independencia y la eticidad del sistema de justicia a todos sus niveles. De hecho, en la actual situación de corrupción e impunidad generalizadas en República Dominicana, uno de los elementos que más preocupa a la sociedad crítica es el hecho de que muchos casos de corrupción, sobre todo los relacionados con los grupos partidarios y económicos, se quedan invisibilizados y otros que llegan ante la justicia, no progresan o terminan sin castigo e impunes.
La actual justicia dominicana, y sobre todo algunas de las “altas cortes”, están organizadas para asegurar impunidad a ciertos personajes y grupos; no importa lo bien sustentado que estén los expedientes acusatorios articulados por el Ministerio Público, sobre todo los relacionados con los grupos del poder partidario o los grupos económicos, de los que muchos jueces son dependientes, económica, ideológica y partidariamente.
Casos como la sentencia sesgada de la Sun Land que liberó de culpa a Félix Bautista y a su jefe Leonel Fernández; el archivo de los expedientes por corrupción del caso de Félix Bautista, el de Víctor Díaz Rúa, y la negación de ni siquiera articular un expediente contra Leonel Fernández, ante las denuncias de operaciones fraudulentas relacionadas con la construcción y el equipamiento de la fundación FUNGLODE, las sesgadas y continuas sentencias del Tribunal Superior Electoral cuyas sentencias favorecieron a una facción del otrora PRD, aliado con el gobierno… La falta de expedientes ante actos de corrupción como los del CEA, de CORDE, Los Tres Brazos, o la irracional e inhumana sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional, que convertía en apátridas una considerable cantidad de personas dominicanas, de ascendencia haitiana… Todo esto, nos habla de una justicia corrompida, denegada y retardada.
A partir de lo estipulado en la Constitución del año 2010 se crearon nuevas cortes, como el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. Mucha gente se cuestiona para qué realmente han servido. De hecho son cortes que salen muy costosas para el pueblo dominicano que tiene que pagar a sus jueces integrantes salarios, dietas y hasta pensiones de lujo, si los comparamos con los salarios mínimos y las pírricas pensiones de la mayor parte de las y los trabajadores.
Hay personas en la sociedad dominicana, como es el caso del periodista Huchi Lora, que no creen que habrá justicia ante todo lo relacionado con el caso Odebrecht. Podrá haber revelación de nombres, e incluso se podrán construir expedientes, e incluso puede haber sometimientos. Pero cuando dichos casos lleguen a la justicia, sobre todo a la Cámara Penal de la Suprema Corte, probablemente tengan garantizada una total impunidad. No importa el monto de los sobornos o del dinero recibido de las sobrevaluaciones de las obras. Los imputados tienen ahí sus compañeros de partidos para asegurarles absoluta impunidad. Los precedentes recientes de esa cámara penal, en los casos de Félix Bautista y de Víctor Díaz Rúa, así lo demuestra.
Las decisiones disidentes en el caso de la Sun Land de las juezas de la Suprema Corte Ana Rosa Bergés, Eglys Margarita Esmurdoc y de Julio Aníbal Suárez tuvieron un precio. Simplemente a la hora de evaluarlos, El Consejo de la Magistratura, presidido por Leonel Fernández, quiso darles una lección, como para desanimar a otros a actuar de manera independiente ante los intereses de las corporaciones partidarias en el poder.
¿Se estaría preparando en el actual Consejo de la Magistratura la separación de aquellos jueces como José Alejandro Vargas, que declaró inadmisible el procedimiento de homologación del acuerdo usado por el Ministerio Público y la Odebrecht? ¿Se estaría preparando una evaluación amañada de las magistradas Angela Casasnovas y Miriam Germán, que votaron de forma disidente ante los casos de Félix Bautista y el caso de Felix Bautista y de Víctor Díaz Rúa, para separarlas de la Suprema Corte de Justicia?
Ha llamado a la atención de la sociedad crítica la noticia salida en este semana de la auto-exclusión de la magistrada Miriam Germán Brito de la posibilidad de involucrarse en la valoración y en el dictamen en un posible juicio de las personas que podrían ser acusadas judicialmente de haber recibido sobornos de la multinacional de la construcción y corrupción, Odebrecht. Y hay gente que se ha preguntado: ¿Es esta una estrategia montada por el oficialismo para sacar de juego a Miriam Germán? ¿Está cediendo esta ética jueza a las presiones del oficialismo? ¿Lo hace para mantener su cargo en la Suprema ante el temor de que sea sustituida por un Consejo de la Magistratura dominado por el oficialismo? ¿Tiene conciencia de la importancia de sus acertadas decisiones en la Cámara Penal para el adecentamiento de la justicia?
Ahora que se está reuniendo el Consejo de la Magistratura, es el tiempo preciso para exigir que en las altas cortes haya personas independientes y con un perfil ético que responda a las demandas de la sociedad por una justicia digna. De todas maneras se tiene la conciencia de que estas luchas tendrán pobres resultados, mientras el Consejo de la Magistratura esté formado solo de líderes partidarios, sin ninguna representación real de la sociedad civil; además, será difícil lograr que haya un Ministerio Público elegido popularmente y que represente los intereses populares, o unos jueces de profesión que no le deban favores a sus líderes partidarios.
El movimiento de la Marcha Verde no se puede quedar en la simple realización de caminatas regionales, o haciendo acciones simbólicas como firmar libros o encender antorchas. Es el tiempo de asumir una mayor incidencia y confrontación con la justicia dominicana y con la clase partidaria de la que ésta depende. Es necesario exigir y proponer jueces íntegros y pedir que se incluyan en el caso Odebrecht y en otros casos pendientes, juezas como Mirian Germán Brito y Esther Angelán Casasnova, y que, por otro lado, se excluyan jueces como Alejandro Moscoso Segarra, Fran Soto Sánchez, Hirohíto Reyes Cruz, o Mariana Daneira García Castillo, quienes ante casos de sustentada corrupción y magnitud, como los de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, optaron por asegurar impunidad a sus compañeros de partido, impidieron que éstos fueran a un juicio de fondo.
En definitiva, es necesario que el sistema de justicia esté ligado a los intereses de las comunidades y de las organizaciones de la sociedad civil, que no son dependencias de los partidos políticos y que representan a la mayoría empobrecida. Sería conveniente y necesario que los fiscales, el Procurador General de la República y hasta los jueces sean elegidos y evaluados mediante el voto y el consenso populares. Pues mientras las y los jueces dependan, para su elección y permanencia, de las decisiones e intereses partidarios del liderazgo del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, difícilmente avanzaremos en la consecución de una justicia independiente. ¿Un sueño irrealizable? Puede ser. Pero como dijo Eduardo Galeano, “¿para qué sirve la utopía, si cuando das un paso, ella se aleja 10? Pues para eso sirve… para seguir caminando…”, hasta avanzar en la construcción de una sociedad decente, justa, equitativa, incluyente y solidaria.