En enero del 1999, Hugo Chávez inició en Venezuela lo que parecía un viaje hermoso, promesa de transformaciones políticas y sociales que darían a la luz un nuevo esquema democrático para la organización del Estado, la reconfiguración del poder, distribución de ingresos, y la participación política. Una “democracia participativa”, decía Chávez. Pero era ilusión. En realidad, el nuevo experimento revolucionario descansaba esencialmente en dos pilares, casi vulgares (como suele ocurrir): los petrodólares y el control absoluto del poder político por parte de una misma casta, la chavista.
Y así fue. Tan pronto los precios internacionales del petróleo rodaron al piso, los excedentes financieros venezolanos se esfumaron, las deudas crecieron como bola de nieve suiza cuesta abajo, y no hubo manera de sostener en pie la enorme panoplia de subsidios a políticas sociales de cobertura casi universal a favor de amplias franjas de la población, históricamente marginadas del poder y del disfrute de las fantásticas rentas derivadas de la venta de su “oro negro”.
También sucumbió el ambicioso programa de ilimitada solidaridad con Cuba y los programas de cooperación energética con otras naciones del Caribe y Centroamérica, todo financiado con los ingresos petroleros.
Pero la quiebra económica de Venezuela no es consecuencia, principalmente, del “bloqueo de los Estados Unidos”, como ha declarado recientemente el líder demócrata Bernie Sanders, sino que en economía Venezuela fue también terreno de un alocado experimento que no tenía posibilidad de sobrevivir a largo tiempo.
Las premisas del modelo económico bolivariano eran una especie de eterno Ceteris Paribus [condiciones constantes y precios del crudo siempre altos], algo absolutamente impensable en una economía con una dependencia tan profunda de los ingresos provenientes de la exportación de un petróleo cuyos precios internacionales han sido, históricamente, el mejor ejemplo de volatilidad y cíclico subi-baja.
La elevada cotización del crudo durante casi una década no permitió visualizar el verdadero drama por el que estaba pasando en la industria petrolera. En realidad, los gobiernos bolivarianos habían convertido a PDVSA en una de rica fuente de financiamiento de numerosas “misiones sociales”. En poco tiempo, PDVSA estaba invirtiendo más dólares en programas de subsidios sociales que en el mantenimiento, renovación y ampliación de sus refinerías. El resultado fue una perdida creciente de la capacidad de producción; bajón productivo que quedaba enmascarado por el crecimiento de los precios del petróleo que generaba ganancias suficientes para tapar la ineficiencia estructural productiva estructural.
Sin embargo, en tiempo de Maduro ese juego se agotó. El precio del petróleo se derrumbó y las refinerías de PDVSA en el complejo de refinerías de Paraguaná [integrado por las refinerías Cardón, Amway y Bajo Grande], por ejemplo, quedaron profundamente lastradas en sus capacidades productivas. Venezuela produce hoy menos de 1.5 millones de barriles de petróleo por día, mientras que en el 1997, vísperas de la llegada de Chávez, la producción superaba los 3.5 millones de barriles.
La destrucción de la economía petrolera venezolana ha sido responsabilidad principal del régimen bolivariano y causa eficiente de su derrumbe económico, la exacerbación del malestar social y epicentro del desmadre de la inflación, la tasa de cambio y el éxodo.
En otras palabras, aquel prometedor viaje iniciado por Chávez en el 1999, se ha convertido, exactamente 20 años después, en una pesarosa excursión hacia ningún lado.