Las campañas electorales se ha estado haciendo cada vez más costosa en los últimos años, para quienes aspiran a cargos electivos. En otros tiempos el financiamiento era más responsabilidad del partido que del candidato o candidata.
Con los aumentos de los presupuestos en el congreso y en los ayuntamientos, los cargos congresuales y municipales aumentaron su nivel de atracción. Esto ha desatado una ola de aspirantes a posiciones municipales y congresuales, que en cada elección aumenta más.
Muchas son las personas que se lanzan a una posición electiva. Algunos sin cumplir con los requisitos legales y otros sin contar con las capacidades ni el conocimiento de la función del cargo a desempeñar.
En las décadas anteriores, en los años noventa, los aspirantes a cargos electivos, en su mayoría eran personas líderes, tanto en el partido como en la sociedad. Se caracterizaban por ser personas preparadas y con alto prestigio y ética social.
El aumento de los fondos en los ayuntamientos y en el Congreso, además de la presencia del “hombre del maletín”, cambió la dinámica; aumentó las ambiciones y el número de aspirantes. Ahora son decenas las personas que aspiran en cada partido sin importar si tienen méritos sociales, para ser elegidos al cargo que aspiran.
En la precampaña, las y los aspirantes y sus respetivos equipos, usan toda clase de estrategia y estratagema para gerenciarse el favor de sus partidarios, así desarrollan campañas internas de persuasión, chantajes y manipulación. Son capaces de dañar la reputación de su contendor, inventando falsos rumores. Todo esto con el único propósito de lograr la mayoría necesaria para ser el candidato o candidata.
En cierta forma los partidos en tiempo de precampaña funcionan como una especie de mercado. Muchos de los miembros del partico se disponen a esperar al que más le ofrezca para decidirse. Así los regalos, canastilla, recetas, compritas, logística, celebraciones y las promesas están a la orden del día. Si juntamos todo esto con las vallas, carteles y otros gastos propagandísticos, se estaría hablando de un gasto enorme en millones de pesos.
En un municipio de aproximadamente ochenta mil (80,000) habitantes los costos de la campaña serian: para lograr ser candidato a regidor o regidora se debe invertir o despilfarrar más de un millón de pesos (1,000,000). Para ser alcalde se requerirán más de cincuenta millones (50,000,000), para ser diputado más de diez millones (10,000,000) y para ser senador más de cincuenta millones (50,000,000).
Estamos hablando entonces de la industria electoral, pues la cantidad de millones que circula es enorme y si estuviera dirigida a la creación de empleos estables o inversiones sociales, fuera significativo el cambio en la calidad de vida de la población.
Surge entonces la pregunta: ¿de dónde salen todos esos fondos? La duda y las preocupaciones llenan la mente del que desee dar respuesta. Esto es debido a las denuncias realizadas a varios funcionarios públicos. A unos por haberse enriquecido de manera ilícita con la sustracción de dinero público y a otros por recibir apoyo, con dinero del narcotráfico, para sus campañas electorales.
Sabemos también que hay personas adineradas y entidades productivas que invierten en la campaña de los aspirantes a cargos públicos. Y toda inversión tiene un interés marcado y, por lo tanto, hay que pagar el precio. Unos quieren que se le pague en efectivo con un alto interés, otros con facilidades como leyes y resoluciones que les favorezcan, para así maniobrar en el municipio o en el país, según sus intereses empresariales, personales o partidarios.
También hay aspirantes que tienen sus propios recursos, logrados con sus negocios o empresas; otros reciben apoyo financiero de familiares y amigos.
Cabe entonces hacerse la siguiente pregunta, ¿para qué quiere tu candidato ser electo y cuáles compromisos, partidarios y financieros, ha hecho con terceros?
En realidad sabemos que la población aspira a tener gobernantes que trabajen para que la gente tenga una vida digna, reflejada en bienestar, buenos servicios, seguridad social, entre otros aspectos, en un Estado de derechos. Para lograr esto se requiere de aspirantes, candidatos y funcionarios, conocidos por su trayectoria social, comprometidos con la lucha y el trabajo a favor de la gente y de las mejores causas y con un pronunciamiento en contra de las acciones dañinas y en contra de los que las cometen.
Entonces, ¿cuál de los aspirantes que tú conoces, dentro o fuera de tu partido, cumple con las aspiraciones de la población y ha hecho las demostraciones de trabajo, lucha y compromiso que lo avalen? Solo ésos merecen nuestro voto y la confianza de la población.