Joaquín es un obrero que trabaja como guardián en una fábrica de zona franca en la ciudad de Santiago. Tiene un salario mínimo que no es suficiente para sostener a su familia de 5 personas. Su esposa Ana tiene un puesto de vender empanadas en las inmediaciones de la zona Franca. Juana invierte lo que gana en los gastos familiares y hasta juega (ahorra) un “san” diario de $30. Joaquín, sin embargo, maneja lo poco gana de una forma desordenada y prioriza sus gustos y necesidades a los de su familia. Además, vive tomando prestado a prestamistas usureros del barrio, de tal manera que muchas veces ya tiene comprometido el salario del mes antes de que se lo entreguen.
Lo que pasa en la familia de Joaquín y Ana es algo parecido a lo que sucede con el dinero del presupuesto público en los ayuntamientos del país, en las instituciones públicas, en los ministerios, en las llamadas instituciones descentralizadas y en el gobierno central.
El fin de año puede ser una buena ocasión para evaluar los diferentes aspectos de la vida personal, familiar, laborar, comunitaria y nacional. Entre estos elementos puede estar el tema del presupuesto municipal y nacional, así como el presupuesto familiar y personal o de los grupos u organizaciones de servicio social a los que pertenecemos.
A nivel estatal existe el Plan Nacional Plurianual para el Sector Público (PNPSP) 2013-2016. La propuesta contenida en dicho plan fue depositada por el presidente Medina en el Congreso Nacional en Diciembre del 2012, después de haberse reunido con el Consejo de Ministros, tal como lo estipula el artículo 242 de la actual Constitución. Sin embargo, dicho plan –que contiene programas y proyectos a ejecutarse durante su vigencia- no se ha respetado ni en la elaboración, ni en la ejecución de los presupuestos de los años 2013 y 2014, ni en lo proyectado para el 2015. En el mismo se estableció que: “tiene un horizonte temporal de cuatro años, y debe estar en armonía con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END, 2030), pues representa su concreción en dicho plazo”.
Si analizamos el presupuesto que fue aprobado por el Congreso Nacional para ser ejecutado en el 2014, nos daremos cuenta de que es un instrumento que de hecho sirve para justificar un gasto excesivo, desigual y desequilibrado. Excesivo porque se asume que el país puede seguir gastando lo que no tiene y endeudándose sin límites para mantener un nivel de gastos que es simplemente inviable e insostenible, para seguir pagando el “impuesto” de la corrupción y las irracionalidades de quienes, desde los ministerios e instituciones públicas, manejan los recursos públicos como si fuera una propiedad personal o familiar.
El presupuesto del 2014 es desigual e injusto porque asigna fondos para sostener, por ejemplo, el barrilito de los senadores. Porque asigna una cantidad considerable a la Presidencia de la República para sostener instituciones, como el despacho de la Primera Dama, que hace cosas parecidas a lo que hace el programa Progresando con Solidaridad, el Ministerio de Salud pública o el Ministerio de Educación.
El presupuesto aprobado a la Presidencia de la República alcanzó, en el 2014, la suma de 43 mil millones de pesos. Además, el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, dispone de una ¨caja chica de 4 mil 922 millones¨ para ser usada a su discreción. Hasta el mes de septiembre del presente año, como ejemplo, el 53 % de lo ejecutado, equivalente a un monto de 15 mil millones, representan transferencias que hace la Presidencia a diferentes instituciones y dependencias directas de la misma.
De esta misma manera, la presidencia ha transferido 694 millones a diferentes ONG’s, correspondientes a las áreas de: Asistencia Social, 297 millones; Religiosas, 293 millones; de Educación, 48 millones; de Salud y de Cultura 22 millones, respectivamente; entre otras.
De lo asignado a la Presidencia se entregan recursos, además, a algunas organizaciones, también a discreción del presidente. Entre estas organizaciones que reciben recursos directos de la presidencia se destacan las Fundación Juan Bosch (PLD), Fundación José Francisco Peña Gómez (PRD) y la Fundación Joaquín Balaguer (PRSC) con 12 millones cada una.
Uno de los problemas principales en la organización del presupuesto es que se contemplan financiar diferentes renglones sobre la base de un mayor endeudamiento externo e interno, de un aumento del déficit fiscal o sobre la base de contar con posibles ayudas internacionales. Pero otra cuestión fundamental es, además, lo que realmente se ejecuta, sobre todo en aquellos ministerios relacionados con las principales políticas públicas de educación, salud, vivienda, seguridad social, entre otros renglones. Mientras tanto, en el presupuesto del 2014 se asignaron fondos por más de 5 mil millones de pesos para mantener el clientelismo, los salarios en dólares de gente que realmente no ha trabajado y el despilfarro de los fondos públicos con todo el montaje clientelar y corrupto que se articuló en el Ministerio de Relaciones exteriores.
Uno de los ejemplos más llamativos de uso irregular de los fondos públicos es lo que ha ocurrido este año con la ejecución presupuestaria en el Ministerio de Educación, el ministerio que tiene el mayor presupuesto del país.
El especialista presupuestario José Rijo Presbot ha escrito recientemente un artículo titulado: “Educación vuelve a fracasar en hacer efectivo el 4%”. Señala que en el período enero-diciembre, 2014, se ha ejecutado un monto de $91 mil millones, equivalente al 3.28 del PIB, restando por ejecutar más de $18 mil millones en el mes de diciembre; lo cual resulta bastante difícil.
En el 2014, en la ley de Presupuesto General de Estado, para el programa de construcción de aulas se aprobó un monto de RD$34 mil millones, para la construcción de 10 mil nuevas aulas. Al 30 de noviembre, sin embargo, en este programa se habían gastado en el año 2014 solo unos $16 mil millones; pero, además, $11 mil millones de éstos corresponde al pago por las aulas y las escuelas construidas que se dejaron de pagar en el 2013 y apenas RD$ 5 mil millones corresponden a las realmente aprobadas para el 2014.
En cuanto a la inversión en el tema de mejora de la calidad educativa se puede descubrir una baja ejecución de lo presupuestado en el 2014. Por ejemplo en Educación Media, al 30 de noviembre, se había ejecutado el 35% de lo presupuestado. En educación inicial menos del 3% y en educación de personas jóvenes y adultas solo el 5%. En formación de maestros y maestras, un aspecto tan importante, apenas el 2.5 % del total ejecutado.
Mientras tanto llama la atención que en la ejecución presupuestaria del MINERD hay gastos excesivos en áreas no prioritarias y que no están directamente relacionadas con la mejora de la calidad de la educación. Por ejemplo se han gastado 445 millones de pesos en la compra de vehículos que no estaban contemplados en la ley. Se han gastado 451 millones en publicidad y propaganda cuando solo estaban programados 15 millones. En organización de eventos, fiestas y festividades se han gastado 183 millones, cuando sólo se habían aprobado 30 millones. E incluso se han utilizado más de 300 millones de lo presupuestado en supuestas ayudas y donaciones a personas, que, evidentemente no estaban en el presupuesto original.
Las perspectivas del presupuesto general de la nación aprobado para el año 2015 no son muy diferentes. Se sigue manteniendo un alto nivel de gastos, de endeudamiento y de falta de priorización de las políticas públicas, priorizando aquellos programas que pueden ser utilizados de forma clientelar, en un año que es pre-electoral. El proyecto de ley de Presupuesto General de Estado para el 2015 ha sido considerado con un déficit financiero de 74 mil millones de pesos y compromisos por aplicaciones financieras (amortización de deuda) por un monto de 102 mil millones. Esto implica que el gobierno se verá en la necesidad de buscar financiamiento (endeudamiento) por 176 mil millones. ¿Se puede continuar por mucho tiempo gastando más de lo que se produce, endeudándose, sin aumentar los impuestos a los que más tienen?
Algunos analistas que han hablado de la falta de voluntad política de la clase partidaria gobernante para promover un presupuesto más acorde a las reales posibilidades económicas del país; el presidente Medina y su equipo económico han postergado el Pacto Fiscal, incumpliendo el mandato de la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que dispone que a partir del 2015 se debiera iniciar el mismo. Probablemente dicho pacto se dejará para el 2016, después de las elecciones, cuando un nuevo gobierno tendrá que asumir las consecuencias y los efectos de más de 12 años de endeudamiento excesivo e irracional, promovido por las últimas tres administraciones peledeístas.
Como ha señalado José Rijo: “La ley de Presupuesto General del Estado que se aprueba cada año constituye la prueba fehaciente de que la élite política que dirige el Estado concibe los recursos públicos para beneficios particulares y personales y no para ser destinados al bien público o colectivo (…) cada año la política presupuestaria definida es clientelar, deficitaria y engañosa, sin políticas públicas que respondan realmente a las demandas sociales de las comunidades, al Bien Común”.
Este manejo irregular de los fondos públicos exige una sociedad empoderada, capaz de darse cuenta de lo que está haciendo la élite partidaria y de actuar en consecuencia, castigando con su rechazo, con un juicio ético y con la exigencia articulada de devolver el dinero ilegalmente apropiado, a quienes manejan los fondos públicos como una propiedad personal y corporativa.
Necesitamos, en definitiva, que los sectores sociales más conscientes, las comunidades locales, los sectores educativos que promueven la conciencia crítica, los profesionales de los medios de comunicación comprometidos con las mejoras causas públicas, las organizaciones comprometidas en la lucha contra la corrupción, sigan adelante y sigan exigiendo la rendición de cuentas del uso, del manejo de los fondos públicos y sigan demandando la realización de un pacto fiscal, en donde paguen más quienes más tienen y en donde se fortalezca la independencia de una justicia, realmente dispuesta a castigar a los funcionarios corruptos. Esta es la manera más adecuada de construir una sociedad dominicana con un futuro esperanzador, en donde las mayorías tradicionalmente excluidas de un reparto equitativo de las riquezas del país puedan, con la ayuda solidaria de los sectores de clase media, lograr mejores condiciones de Vida Digna.