Una realidad sentida y sufrida por amplios sectores de la sociedad dominicana es la corrupción que permea las relaciones inter-personales, familiares, comunitarias, económicas, políticas y con el ambiente natural. Y lo más preocupante es que ésta se queda sin castigo, sin sanción; lo cual se convierte en un incentivo para continuar la práctica de conductas sustentadas en la búsqueda exclusiva, individual y grupal, de poder y de dinero a cualquier precio.
El diccionario de la Real Academia define a la corrupción como: “Práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones e instituciones, especialmente las públicas, en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. En la sociedad dominicana cuando hablamos de corrupción nos referimos, principalmente, a las prácticas económico-políticas, realizadas y promovidas por el liderazgo partidario, económico, militar, religioso, congresual y judicial para apropiarse, en beneficio personal y grupal, de las riquezas y bienes públicos.
Recientemente Participación Ciudadano publicó un libro que contiene un estudio sobre 94 casos de corrupción impune en el país, entre los años 2000-2013. Ya PC lo había hecho, anteriormente, con la investigación: “20 años de impunidad” (1983-2003). Los casos denunciados en esta ocasión están enfocados, principalmente, en instancias gubernamentales; por lo tanto se trata de denuncias sobre la malversación de los fondos públicos, en beneficio de grupos o personas particulares. Entre esas denuncias tenemos, por número de casos: ministerios (35), ayuntamientos municipales (16), organismos centralizados (10), direcciones generales (9), organismos descentralizados (8), consejos y comités (7), empresas públicas (3), instituciones financieras (3), policía nacional (1), senado de la República (1).
El documento de PC no hace un análisis de cada caso; se limita a recopilar las investigaciones periodísticas aparecidas, principalmente, en los programas de investigación de Nuria Piera, de Alicia Ortega y de los medios digitales 7días.com y Acento.com.do, entre otros.
Es urgente que estos casos de corrupción impune no sólo se expongan en los medios de comunicación ose estudien en las academias e instituciones que se dedican al análisis de la realidad económica, política, cultural y ambiental del país. Es necesario ir más allá. Es un reto ir a las causas profundas, a las raíces del gigantesco árbol de la corrupción pública y privada. Entre estas causas está una cultura de la búsqueda individual, grupal o partidaria de dinero y poder en desmedro del bienestar común, a todos los niveles de la sociedad dominicana; además, una tradición autoritaria por la que quienes han gobernado y gobiernan actualmente se consideran dueños de la cosa pública y establecen relaciones clientelares y de dependencia, sobre todo con la población de los sectores más empobrecidos excluidos, y manejan un sistema judicial maniatado y dependiente de los principales grupos económicos y de las corporaciones partidarias que los sustentan: PLD, PRD y PRSC.
Reconozcamos el valioso aporte de las y los periodistas y medios que denuncian la corrupción impune y que están comprometidos con la cultura de la transparencia. Agradezcamos a instituciones como Participación Ciudadana, Ciudad Alternativa, el Centro Bonó, Ciudadanos Contra la Corrupción (C3), Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), entre otras. Pero no nos quedemos ahí. Sigamos avanzandocon los procesos de concientización y articulación popular contra este grave mal,desde los diferentes espacios comunitarios e instituciones educativas.
El gran desafío de las organizaciones sociales, comunitarias y populares, de los diferentes sectores que creen en la posibilidad y en la necesidad de cambiar este estado de cosas es indignarse, articularse y promover acciones concretas orientadas a promover prácticas ético-políticas que ayuden a transformar la presente realidad.
Se hace urgente promover campañas permanentes de concientización –en las familias, las instituciones educativas, en los medios de comunicación social- sobre la necesidad de promover las prácticas honestas en el manejo de la cosa pública, de castigar la corrupción impune, y colaborar a generar un proyecto político-partidario alternativo, compuesto por personas y grupos que sean capaces de anteponer el interés nacional al interés partidario e individual y que puedan colaborar al surgimiento de un sistema de justicia que actúe con independencia y que sea capaz de priorizar el bienestar colectivo.
¿Es esto una utopía en la sociedad dominicana actual? Puede ser. Pero como ha dicho Eduardo Galeano, “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso; sirve para caminar”.