“La disparidad de fuerza no es ni será nunca una razón para callarse”
Julio Cortázar
Si hay algo que es imposible ocultar en la cultura autoritaria es esa tendencia enfermiza, cobarde y permanente de culpar siempre al chiquito. Así se extiende la impunidad: haciendo caer la culpa sobre la víctima y no sobre el victimario.
No hay mejor ejemplo de esto que la experiencia terrible de las dictaduras cuando ante una ejecución o ante una detención la primera respuesta justificatoria que daban, en el barrio o en la escuela, era “algo habrá hecho”. Con esa misma disposición los grupos de presión vuelven a la carga con evidentes cuestionamientos de segunda mano.
Lo primero cuando se habla de elecciones y de partidos es recordar que la ley de régimen electoral y la ley de partidos son el resultado de un acuerdo entre el PLD y el PRM. Ese acuerdo, sin dudas, estuvo mucho más centrado en intereses económicos y en la posibilidad de usar la ley en beneficio de conseguir aliados que en normar el proceso electoral de acuerdo con modelos democráticos. No es ocioso señalar que en su momento los que “hacen política fuera de los partidos” no cuestionaron ese acuerdo porque lisa y llanamente favorecía a sus candidatos.
A pesar de los malos augurios y sin traumas mayores, según el nuevo sistema electoral los resultados obtenidos en las últimas elecciones engendraron un nuevo sistema de partidos.
Les propongo que veamos esta afirmación a la luz de la sistematización de los sistemas partidarios que hace Dieter Nohlen, tomando en cuenta los siguientes 6 aspectos:
- Un nuevo número de partidos. De 27 estaríamos pasando a 8 partidos reconocidos (incluyo a Patria para todos y todas al que como es costumbre de esta JCE le negaron el reconocimiento y debió recurrir al Tribunal Supremo Electoral para que le respetaran sus derechos)
- Tamaño de los partidos. Hay un nuevo partido mayoritario y un segundo partido que ha quedado bastante reducido. Toda una nueva creación es la Fuerza del Pueblo con una cantidad de votos que no se iguala con ningún partido en el sistema anterior. Tres partidos residuales del viejo orden político (PRSC, PRD y DxC). Dos partidos (ALpaís y Patria para todos y todas) con vocación democrática, de izquierda, progresista y alternativos que deben acreditar.
- Distancia ideológica entre ellos. Aquí es donde estará la clave de lo que viene. El partido mayoritario -genéticamente perredeísta- comienza parecido a 1978 y sin dejar dudas de su clara opción ideológica, neoliberal y pronorteamericana. El PLD en su proceso de reacomodo debería revelar alguna cuestión novedosa para recuperar o siquiera para mantener su status. Aunque de ese partido no se puedan esperar grandes sorpresas, si insisten en el boschismo frente al neoliberalismo, seguro quedarán trancados (el antineoliberalismo no está entre sus alternativas). La Fuerza del Pueblo después de sanar las heridas de la decepción (porque el camino seguro no existía esta vez para nadie) seguirá lejos de alternativas más modernas reuniendo a lo más conservador y retrógrado del sistema de partidos. PRD y PRSC difícilmente saldrán de su estado terminal por sí solos. A Alpaís y a Patria para todos y todas hay que mirarlos con pronóstico reservado pues todo dependerá de cómo se instalan en la nueva coyuntura.
- Sus pautas de interacción. En este campo todo está por verse y el anuncio de reforma constitucional sin dudas nos despejará cuáles serán esas pautas. Hablar de “oposición constructiva” es muy poco, todavía.
- Su relación con la sociedad o con grupos sociales. No hay ninguna señal que indique que los grandes nos vayan a sorprender, y los chicos tampoco, por lo menos a partir de lo que es posible observar hasta ahora.
- Su actitud frente al sistema político: El diagnóstico es absolutamente similar al del punto anterior: nada que llame la atención hasta ahora.
Con respecto a este nuevo sistema de partidos que inauguramos, se puede avanzar en algunos análisis de la norma electoral: sabemos que de acuerdo con la ley los partidos los que mantendrán su reconocimiento serán ocho, lo que es una buena noticia para los cazadores de partidos que por esa vía aspiran llegar a un bipartidismo absoluto. Defiendo incluso que sean ocho porque así lo determinó el pueblo soberano y no puede haber otra forma de determinar la continuidad que los votos obtenidos. Mantener el derecho de quienes han quedado fuera debe ser motivo para facilitar la inscripción de nuevos partidos, así como eliminar las dificultades para las alianzas o fusiones y, en síntesis, disminuir al máximo posible las barreras de entrada.
Cuando hablo de alianzas me refiero a las que intenten los “chiquitos”. También estas alianzas deben tener derecho a participar en las primarias, tomando en cuenta, naturalmente, que si los partidos no obtienen el 1% de los votos emitidos, pierden su reconocimiento.
A partir de los aprendizajes que nos dejan estas elecciones, las alianzas deben servir para superar el engaño que ha significado la nueva ley respecto a cómo se hacen las alianzas y cuáles son sus fines, no siempre evidentes. Por ejemplo, el pasado 17 de julio “Diario Libre” informa que el diputado nacional Pedro Martínez es del PRM. “Listín Diario”, ese mismo día, dice que es de Alianza País y el sitio pld.org.do, citando a la JCE informa que corresponde al “PRM y aliados”. Otro caso similar es el de la provincia La Altagracia, donde uno de los diputados de la APD es a la vez presidente provincial del PRM. Y Bautista Rojas, de la alta dirección de Fuerza del Pueblo es senador del PRSC. Así cobra fuerza aseverar que lo que importa es que haya democracia y no sólo elecciones, pues si eso no es una artimaña, pónganle ustedes nombre. Aunque la ley lo permita -y aún si lo permite la ley- no hay mejor señal de lo necesario que es reformar esa ley.
Acerca del reconocimiento y a partir de lo que hemos anotado antes, el tener un cargo de elección resulta absolutamente irrelevante, pues ya se sabe cómo lo consiguen. Tampoco debería presentarse la situación de que un partido con menos del 1% aparezca con diputado nacional. Resulta, a lo menos, muy extraño el caso del Frente Amplio.
Eliminar todos esos resquicios guarda relación directa con la posibilidad democrática y con mejorar la representación. No se trata de “eliminar” a ningún partido, pero está claro que con una ley que busque soluciones democráticas y no beneficiar intereses, se irán quedando en el camino aquellos que prefieren el “parasitismo” a la competencia.
En definitiva, las leyes electorales deben normar competencias democráticas, no inventos como los que comentamos más arriba y que, por demás, promovidos por los partidos mayoritarios huelen casi a sobornos.
Respecto al aspecto que motorizó el acuerdo PLD-PRM para la aprobación de la ley, la repartición de los fondos públicos a los partidos en que se distribuyeron amigablemente el 80%, hay cuestiones que lucen inéditas si se las somete al escrutinio democrático. Creo no equivocarme si anoto que República Dominicana es el único país donde el Estado aporta a los partidos por el número de ciudadanos inscritos (padrón electoral) en una lógica similar a la del peaje a Samaná. Lo justo electoralmente es que el aporte estatal se calcule de acuerdo con el número de ciudadanos que ejercieron su derecho a voto y que una vez terminado el proceso electoral se pague a cada partido de acuerdo con un valor asignado previamente a un voto. Eso de seguro provocaría algo de autocontrol en el escandaloso espectáculo del gasto electoral.
Estos días igualmente ha quedado clara la necesidad de que la ley establezca algunas incompatibilidades. La polémica acerca del Foro de San Pablo es un regalo que no deberíamos dejar pasar. Nadie duda de lo inconveniente que resulta para el funcionamiento de las instituciones que un ministro sea presidente de un partido. ¿Se imaginan si el aniversario del Foro de San Pablo hubiese sido el 17 de agosto? El canciller habría hecho pública una carta del Ministro Administrativo de la Presidencia indicando cuáles son las políticas internacionales del partido en el gobierno. Todo un primor. Pero hay más. El presidente del PRM tendrá la responsabilidad del comportamiento de las bancadas mayoritarias en el congreso y será difícil saber si lo que orienta o manda, lo hace como dirigente partidario o como ministro. No se olviden de la independencia de los poderes. Ni hablar de las contrataciones, pues necesitará un día de más de 24 horas para cumplir con su doble función y lo hará mientras recibe pago del Estado por sus funciones ministeriales.
Reitero que parece necesario, ya que la prudencia no lo ha logrado, que altos cargos en los partidos políticos sean incompatibles con los cargos de presidente de la república, ministros, directores generales y embajadores. Esa medida rige en la gran mayoría de los países con régimen presidencial.
Finalmente, es un imperativo moral, político y democrático incorporar la sanción y el impedimento del transfuguismo. Ahí esperan el respeto al carácter vinculante de las primarias o el método que los partidos hayan elegido para elegir sus candidatos y el cierre de los padrones partidarios un año antes de las elecciones para impedir la acción de los caza candidaturas, de los busca partidos apoyados en gruesas billeteras, etc.
Y ahora que todo ha ido quedando tan claro como el agua clara, el funcionamiento del nuevo sistema de partidos además de una gran incógnita todavía, constituye una ocasión fabulosa para la creación y la imaginación política. Lo primero que veremos revelarse es que el cambio -el paso de una situación a otra, que se supone más placentera para las grandes mayorías- está todavía lejos, muy lejos.