Desde el pasado 28 de noviembre en que el poder ejecutivo devolvió el proyecto del Código Penal, proponiendo la despenalización de la interrupción del embarazo, en tres excepciones concretas, ha habido un intenso debate en la opinión pública que ha involucrado a diferentes sectores del país: personal médico, organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las mujeres, partidos políticos, grupos y líderes religiosos. El debate actual ha sobrepasado los límites de territorio dominicano y ha llegado incluso, a otras latitudes. Entre los grupos que han apoyado la despenalización del aborto en ciertas circunstancias está “Católicas por el derecho a decidir”, una red latinoamericana y caribeña formada por un colectivo de mujeres, que se declaran como “católicas y feministas.
Las observaciones propuestas por el Poder Ejecutivo al Código Penal han sido señaladas por los sectores sociales más abiertos del país como justas, oportunas y orientadas desde un enfoque de respeto a los derechos de las mujeres y a su dignidad fundamental. Las voces más disonantes las han tenido el liderazgo religioso, católico y protestante.
Para quienes han intentado manipular o tergiversar el tema en debate es bueno recordar las palabras precisas contenidas en la carta que el presidente Medina envió al presidente de la cámara de diputados, Abel Martínez, el pasado 28 de noviembre, expresando la observación del código penal, en lo relacionado con algunas excepciones en la que se propone despenalizar la interrupción del embarazo. El texto del Poder ejecutivo señaló explícitamente: “Consideramos que lo más justo, equilibrado y acorde con el espíritu de protección de derecho y humanidad que debe regir al Estado, sería equiparar nuestra legislación con la de la mayoría de países del mundo, que permiten la interrupción del embarazo, cuando sea practicada por personal médico especializado, en establecimientos de salud, públicos o privados, dentro de los plazos que se consideren de lugar y solo en tres supuestos debidamente fundamentados: cuando la vida de la madre corre peligro, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida”.
Varias organizaciones de mujeres y varios juristas se han pronunciado a favor de las observaciones hechas por el poder ejecutivo. Entre éstos está la declaración del prestigioso abogado Francisco Álvarez que ha expresado claramente: “La decisión del presidente Danilo Medina de objetar la Ley de Código Penal a fin de que se incluyan tres excepciones a la penalización del aborto, es valiente, justa y constitucional, por lo que merece el apoyo de todas las personas, creyentes o no”.
La Conferencia de Obispos Católicos emitió un comunicado sobre el tema en debate. La declaración de los jerarcas católicos se sitúa en una perspectiva dogmática y fundamentalista, que desconoce el enfoque de derechos, y rechaza como viables las excepciones hechas por el Poder Ejecutivo. Expresa en términos tajantes: “La “legalización del aborto” es dictar “pena de muerte”, a una persona, por demás indefensa, aunque ésta provenga de una violación de la que ella no es nada responsable, o bien pudiera tener alguna malformación”.
Las declaraciones de la Conferencia Episcopal Católica y de los grupos protestantes han sido acompañadas por manifestaciones frente al Congreso de grupos y líderes católicos y protestantes. Ambos sectores se han unido para defender sus opiniones, su ideología, sus intereses y sus privilegios; lo mismo que hicieron en los años 2009-2010, cuando se tocó la temática del aborto, en vista a la Constitución del 2010, y se definió la inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte. En este mismo tono se han expresado los líderes de la Confederación de Unidad Evangélica (CODUE).
Algunos jerarcas y curas católicos han aparecido en diferentes escenarios buscando el apoyo para sus propuestas de los líderes partidarios del PLD, del PRD y del PRSC; incluso algunos de éstos han salido en la prensa posando con personas tan ética y políticamente cuestionados como Miguel Vargas Maldonado. Han logrado, además, una declaración de apoyo del comité de cultos del PLD. Han realizado, incluso, acciones de chantaje, proclamando que sus feligreses no votarían en las próximas elecciones por diputados o senadores que aprueben un Código Penal que acoja las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo.
Una pregunta que surge, es ¿por qué estos grupos se oponen tan violentamente a admitir el derecho de la vida y la dignidad de la mujer, en algunos casos en los que está en juego la posibilidad real de muerte de ésta, o la necesidad de hacer prevalecer, por diversas razones, la vida de la madre, a la de la criatura que lleva en el vientre?
Desde tiempos remotos los sistemas religiosos han intentado controlar la vida sexual de sus integrantes. En la historia de la iglesia cristiana no siempre se ha tenido una visión abierta, racional y humana de la vivencia de la sexualidad. En el caso de la Iglesia Católica hubo teólogos y líderes religiosos que concibieron el ejercicio de la sexualidad y las relaciones en la pareja sólo en función de la reproducción, penalizando cualquier sano disfrute y placer. Se ha pretendido desconocer, incluso, que las relaciones en la pareja sean, en primer lugar, una expresión de amor, de comunicación, de interrelación y de plenitud, de felicidad humana.
Hemos visto en estos días a unos hombres furiosos, -líderes religiosos católicos y protestantes- queriendo imponer a toda la sociedad lo que ellos imponen a las mujeres integrantes de sus congregaciones, a las que seguramente no han consultado para hacer sus declaraciones públicas. De hecho en muchas congregaciones y espacios religiosos existe mucho machismo y patriarcalismo, en donde los varones se creen con el derecho de imponer a las mujeres sus reglas de juego y su poder sin límites.
En el tema de la oposición a la propuesta del Poder Ejecutivo puede estar en juego el poder de la alta jerarquía eclesiástica, católica y protestante, tradicionalmente aliada del poder económico y partidario, así como de la gran empresa nacional y transnacional. Éstos históricamente han utilizado su poder, su influencia y sus grandes posesiones, fruto de esa histórica alianza, para imponer su visión de la realidad, para mantener sus privilegios sociales y económicos irritantes.
Varias voces disonantes se han expresado, desde el interior de las iglesias, en desacuerdo con lo expresado por los líderes –obispos, curas, pastores- con relación a las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo. Una de esas voces ha sido la líder del movimiento reconoci.do, Ana María Belique, quien ha asumido la defensa de los más de 200,000 dominicanas y dominicanos desnacionalizados. Esta joven se declara como integrante de la comunidad católica y como mujer agredida por las declaraciones y las acciones del liderazgo masculino de su Iglesia. Ana María ha señalado: “La Iglesia está aprovechando todos sus medios y cada uno de los espacios de presión e incidencia para obligar a que se apruebe un código que nos condena a la muerte, y es que para la Iglesia nosotras no tenemos derechos a decidir, y me pregunto ¿Acaso es este realmente el papel que debería estar jugando la iglesia de Jesús Cristo?”.
Ana María, como católica y como activista social, hace un llamado al liderazgo eclesial de la iglesia a la que pertenece a cambiar de actitud y de práctica social: “¿Por qué la iglesia no retoma su misión evangélica y profética, la misión que Jesús le ha encomendado? ¿Dónde ha estado la Iglesia frente a cada uno de los actos de violaciones de derechos humanos que se cometen a diario en nuestra sociedad atentando contra la vida y la dignidad de los hijos-as de Dios? ¿Acaso su misión es ponernos la carga más pesada? ¿Por qué la iglesia insiste en querer continuar crucificándonos con doctrinas o normas que van contra de nuestra dignidad y derechos a decidir?
Mario Serrano, cura jesuita, uno de los líderes religiosos más comprometidos con las luchas por la defensa de los derechos humanos en el país en los últimos años, ha enviado en los últimos días varios mensajes a través de su cuenta de Twitter. En éstos ha apoyado abiertamente las observaciones hechas al Código Penal por el presidente Medina: “Apoyo que hayan excepciones a la penalización del aborto. Necesitamos políticas públicas para acompañar las situaciones dramáticas”. E invitó a enfocar el debate actual sobre la despenalización de la interrupción del embarazo en algunas circunstancias, desde un enfoque de derechos y desde el principio de solidaridad y misericordia: “Es necesario tener cuidado con las penalizaciones que olvidan la misericordia divina y terminan fomentando más dolor y muerte”.
Desde el ámbito protestante se ha levantado la voz preclara del periodista Bienvenido Álvarez-Vega, director del periódico Hoy, e integrante de la comunidad protestante del país. Este periodista ha señalado: “Asombra que en nombre del protestantismo se reniegue del llamado “aborto terapéutico”, porque desde hace muchos años las y los cristianos adscritos a este credo lo han aceptado y miles de sus feligreses lo han practicado cuando ha sido necesario. Lo que no aceptan los protestantes es el aborto, puro y simple, como método de planificación familiar. Pero esta no es la cuestión que está planteada en la observación que el presidente Danilo Medina Sánchez hizo a la ley contentiva del Código Penal”.
Refiriéndose a la postura asumida por los dirigentes del CODUE ante el debate causado por las observaciones del poder Ejecutivo, ha señalado Álvarez-Vega: “También asombran los términos utilizados por el principal ejecutivo de la Confederación de Unidad Evangélica (CODUE) para referirse a quienes apoyan la decisión del presidente Medina. Según los reportes periodísticos, se dijo que las asociaciones de mujeres que endosan la observación presidencial no creen en la familia, en el matrimonio, ni en la vida. Olvidan los directivos de CODUE que el movimiento feminista ha hecho posible la visibilidad de las mujeres en un mundo dominado por unos hombres que hicieron de las mujeres instrumentos de trabajo, de procreación y de placeres. El movimiento feminista posiblemente hizo lo que las iglesias debieron haber hecho”.
Lo expresado por las voces disonantes de las iglesias, por Ana María, por Bienvenido y por Mario, recuerdan las palabras de Jesús, el profeta indignado de Nazaret, en contra de la doble moral y la falta de ética y de compasión de los fariseos, el grupo religioso mayoritario de su tiempo: “Pobres de ustedes, maestros de la Ley, que imponen cargas insoportables a la gente, y luego, ni siquiera mueven un dedo para ayudarlos a que las lleven” (Lc 11,46).
En definitiva ante la actual temática en debate es necesario delimitar los campos de discusión; el ámbito de los derechos civiles no es el campo de los sistemas religiosos. Ningún líder religioso puede pretender seguir imponiendo a toda la sociedad lo que puede ser una convicción interna del grupo al que pertenece. Pues como ha señalado el educador y filósofo Leonardo Díaz: “Lo que está en juego en la disputa sobre el aborto no es solo el problema metafísico de qué es la vida, ni el problema científico de dónde comienza la vida, sino también, el problema filosófico de cómo conformar una sociedad abierta y no una sociedad aparentemente democrática sustentada en principios teocráticos”.