No solo en República Dominicana, sino a nivel mundial, hay muy buenas razones para preocuparse por el presente y el futuro de los sistemas de pensiones. En el caso local, si bien es cierto que el modelo actual tiene carencias, también es verdad que la experiencia del sistema anterior (el sistema de reparto) nos ha demostrado es completamente insostenible y, con frecuencia, un foco de corrupción. El modelo actual, de capitalización individual, tiene la fortaleza de la transparencia, pues el empleado sabe con cuánto ahorro cuenta y dónde está, además de que los fondos contribuyen a la estabilidad de la macroeconomía, como es claro en nuestro país.
Este último aspecto es clave, y la principal razón por la que estoy en desacuerdo con el proyecto de ley que solicita la devolución del 30% del ahorro a cada afiliado, ya aprobado en la Cámara de Diputados.
Además, solventar la crisis de hoy con las pensiones de mañana sería propinarle una estocada a un aparato previsional que ya tiene dificultades importantes, lesionando principalmente a la población más vulnerable, aquella que no logrará un nivel de ahorro voluntario suficiente para cubrir las necesidades de su vejez. Este proyecto de ley puede estar inspirado en buenas intenciones pero su repercusión es más desfavorable que favorable.
Lo prudente es estar discutiendo mecanismos alternativos para fortalecer nuestro sistema actual de pensiones. A nivel internacional, el debate ha sido muy dinámico en los últimos años, y muchos especialistas se han detenido a contemplar opciones para auxiliar nuestros planes de retiro.
Se destaca la idea de incorporar la vivienda propia como cuarto pilar de financiamiento de las pensiones, después de los aportes de empleadores, empleados y el Estado. Puede surgir controversia, pero en mi opinión no podría ser una relación más natural y acorde con los intereses de los cotizantes y el propio espíritu de la protección previsional.
Desde esta perspectiva, toma un rol importante los llamados Equity Release Products (ERP) como alternativas para aportar robustez a las pensiones. Como ejemplos, tenemos las figuras de hipoteca inversa o revertida y la de nuda propiedad (ver en links) a las que nos hemos referido antes en esta columna, en ambas figura la vivienda funciona como ingresos extras para las pensiones de los afiliados
Creando estas figuras le damos practicidad al criterio ya muy extendido en nuestra sociedad de que la vivienda es, más que un bien de consumo, una inversión para el retiro.
De ahí que insista en la propuesta de modificar la Ley 87-01 para permitir que los empleados que cumplan ciertos criterios puedan destinar parte de sus fondos de pensiones a adquirir una vivienda. Sopesemos la posibilidad:
En República Dominicana la gran mayoría de los empleados del primer y el segundo quintil de ingreso no cuenta con una vivienda propia, por lo que paga un alquiler que oscila entre los RD$8,000 y RD$12 mil pesos al mes para vivir en espacios generalmente precarios.
Para ellos, debe habilitarse la posibilidad de disponer de una proporción de su ahorro (25%) para adquirir su primera vivienda, siempre que sea una unidad de bajo costo. Para recibir esta facilidad, el cotizante debería cumplir con condiciones fijadas a partir de criterios como la edad, cantidad mínima de cotizaciones y otras que serían definidas en el proceso de reforma y fungirían como mecanismos de control y protección del sistema.
Supongamos que los empleados que apliquen para la facilidad hayan ahorrado lo suficiente para poder retirar, en promedio, RD$80,000 de su AFP. Un hogar con dos afiliados que apliquen contaría con RD$160 mil, y si consideramos los subsidios que recibiría mediante Bono Tierra y Bono ITBIS, solo tendría que ahorrar RD$40,000 o RD$50,000 más pagar el inicial de una vivienda de bajo costo.
A partir de ahí tendría que asumir la mensualidad de un préstamo hipotecario, que podría ser entre de RD$8,000 y RD$12,000, muy cerca del monto dispuesto para el alquiler actual, y con la diferencia de que la familia vive en una vivienda digna.
Esa pareja hipotética llega a su edad de retiro. Sin haber hecho estudios meticulosos, podemos suponer que de no haberse acogido a la facilidad propuesta el hogar podría recibir dos pensiones que totalicen unos RD$25,000 (refiriéndonos a valores actuales) de donde tendrían que descontar el pago de alquiler de la vivienda donde viven, por lo que le quedarían menos de RD$ 15,000. Pero como ambos empleados retiraron parte de sus fondos para adquirir su vivienda, recibirán, digamos, unos RD$22,000 de pensiones (de lo que no tendrán que descontar alquiler por tener vivienda propia) y más aún, si ese hogar cede su vivienda en nuda propiedad o en hipoteca inversa, podría recibir mensualmente entre RD$8,000 ó RD$11,000 más. Así obtendría una renta total de unos 30,000 o 33,000, superior a los 15,000 proyectados en un escenario en el que no es posible utilizar parte del ahorro para adquirir la vivienda.
Ahora bien, ¿qué impacto tendría esto en el volumen de los fondos y en la estabilidad macroeconómica del país? Es una pregunta clave, principalmente cuando estamos cuestionando el proyecto de ley que está en el Congreso por su potencial de desestabilizar al sistema y a la economía.
Para empezar a estimar ese impacto hay que fijar algunos supuestos. Pensemos que concebimos un plan que contempla construir 20 mil viviendas en dos años y eso motiva a 30 mil afiliados a retirar parte de su ahorro (considerando que la mitad estén casados y la otra mitad asume el compromiso de manera individual). Si cada empleado retira RD$80,000, en total estaríamos hablando de RD$2,400 millones. El monto no representa ni siquiera el 0.35% de los fondos acumulados a la fecha.
Prácticamente, es nada. Sin embargo, les estamos dando la oportunidad de tener una vivienda a 20 mil familias dominicanas, permitiéndoles, además de una vejez más segura, un presente más digno.
A la vez, la iniciativa le aportaría un dinamismo relevante a la industria de la construcción y al sector vivienda. En la tabla se resume los beneficios económicos de implementar esta propuesta en los primeros 2 años:
Me permito resumir algunos de los beneficios que implicaría para el país la implementación de esta propuesta:
- Aumenta en la población la tenencia de la vivienda en propiedad, convirtiéndose en un activo para la vejez
- Contribuye a mejorar la imagen del actual modelo de pensiones, dado que la población empezaría a ver desde ya los beneficios del sistema.
- Tener una vivienda digna aumenta la productividad del empleado y, en general, contribuye a mejorar la educación y salud de la población.
- Contribuye la reactivación de la economía
- Estimula la formalización del empleo y, en vista de que el empleado podrá tener acceso temprano a los fondos, exigirá al empleador mayor transparencia en las cotizaciones al SDSS.
- La vivienda es una inversión bastante segura a largo plazo, porque su precio tiene a crecer más que la inflación, apreciando su valor de manera sostenida.
- Reduce el muy alto déficit habitación del país.
En conclusión, concebir la vivienda como el cuarto pilar de financiamiento de las pensiones parece una opción prometedora ante la necesidad de ayudar a contrarrestar las debilidades del sistema previsional que tenemos actualmente, y como la fórmula que proponemos no afecta de manera relevante el volumen de los fondos, tampoco tendría un efecto lesivo sobre la macroeconomía. Hay que afinarla aún más, pero desde ya se perfila como una opción beneficiosa para todos.