En el día ayer, 19 de mayo, se cumplió el plazo que había presentado la Procuraduría General de la República para revelar los nombres de los sobornados por el caso Odebrecht. No obstante, en esta misma semana el Procurador Jean Alain Rodríguez afirmó, que eso de la revelación de los nombres será un proceso más lento, que se realizará cuando se examinen los documentos que han llegado de Brasil y se hayan sometido a la justicia los responsables de haber recibido sobornos.
Hay mucha gente en la sociedad dominicana que duda que realmente se revele la totalidad de los sobornados. El periodista Marino Zapete ha dicho que no cree en una lista en donde no estén el presidente Danilo Medina y los expresidentes, Leonel Fernández e Hipólito Mejía; los presidentes de las cámaras de diputados y senadores de los últimos años como Julio C. Valentín, Reynaldo Pared Pérez y Cristina Lizardo; así como quienes han dirigido el Ministerio de Obras Públicas como Miguel Vargas Maldonado, Víctor Díaz Rúa, Gonzalo Castillo, y la OISOE como Félix Bautista y Miguel Pimentel Kareh. De hecho en otras ocasiones se han revelado nombres de personas ligadas a casos de corrupción, pero todo ha quedado en la impunidad.
Como ha dicho el periodista R. Colombo probablemente lo que va a suceder es que el Procurador revele nombres de gente sin relevancia que están ligados a las corporaciones económicas del PLD con sus dos facciones: PL-leonelismo y PL-Danilismo, al PRD de Miguel Vargas, u al PRM que se disputan Hipólito Mejía y Luis Abinader.
Las actuaciones del actual procurador, que representa al gobierno y a la corporación económica y partidaria en el poder, han estado orientadas a asegurar impunidad a los sobornados, a quienes han sobrevaluado las obras y sobre todo a Odebrecht, a la que, mediante un convenio cómplice, se le asegura seguir operando en el país. De hecho al permitírsele pagar una considerable multa con un acuerdo de pago durante 8 años, la empresa pretende probablemente saldar dicha cantidad con dinero proveniente de nuevos sobornos y sobrevaluaciones, provenientes de las obras que se están ejecutando actualmente, como el caso de las plantas de Punta Catalina, y de las otras que podría ejecutar en el futuro.
Por otro lado, nada ha cambiado en la estructura de la justicia dominicana para esperar que se realice un castigo a los culpables. El Procurador y el Ministerio público han sido y son dependientes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de las corporaciones económicas y partidarias que representan. El Congreso parece estar implicado en la trama de corrupción y las Altas Cortes han asegurado impunidad a los grandes acusados del PL-Leonelismo, como Leonel Fernández, Félix Bautista, Félix Martínez (el ex alcalde de San Francisco), Víctor Díaz Rúa, y no ha habido señales de condenar la corrupción y la violación de las leyes de los jerarcas del PLD y sus organizaciones aliadas como en el caso de Diandino de Peña o de los más de 5000 funcionarios que no han hecho sus declaraciones juradas de bienes.
Esta historia de corrupción e impunidad ha sucedido, entre otras causas, porque lo ha permitido una sociedad pasiva, permisiva, en la que un grupo significativo de los sectores sociales más empobrecidos, vive entrampado en el clientelismo que promueven los grupos del poder y otro grupo, el de la burguesía financiera y empresarial, vive en el rentismo, que les lleva a invertir en las elecciones de corporaciones partidarias, para luego sacar, multiplicadas por muchas veces, la inversiones realizadas.
El gobierno parece acorralado y desesperado y ha realizado un conjunto de acciones torpes, dilatorias, que ofenden la inteligencia popular como la de creación de una comisión formada para analizar la licitación de Punta Catalina, formada en su mayoría por rentistas y cómplices; esperar a que revelen los nombres desde Brasil, para comenzar a actuar, señalar que Ángel Rondón era el intermediario del pago de los sobornos y dejarlo en total libertad, fortalecer el clientelismo y el reparto de alimentos en los lugares en donde se celebran las marchas verdes, así como el maltrato de jóvenes y de los diputados que se han manifestado en las inmediaciones de la Procuraduría, entre otras.
No obstante lo que pasa en el país, con la clara voluntad gubernamental de mantener en la impunidad a sobornados y sobrevaluadores, pareciera que estamos en una nueva etapa en la lucha contra la corrupción en América Latina y el Caribe. Lo que está sucediendo en Brasil y en otros lugares del Continente con el caso de Odebrecht, así como las acciones tomadas contra esta multinacional, sus cómplices y sobornados en esos países, vislumbran un rayo de esperanza para quienes en el territorio dominicano luchamos contra la corrupción y la impunidad.
La sociedad consciente y el movimiento verde tienen el gran desafío de buscar estrategias continuas de presión y de movilización social. Entre esas estrategias prioritarias consideramos oportunas las siguientes:
- Mantener la movilización social, no solo con las grandes marchas como las realizadas en Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, sino también mediante actividades comunitarias y barriales como la realizada recientemente en el barrio de Capotillo.
2.-Mantener viva presencia y la articulación de las y los periodistas críticos que apoyan las causas propuestas y defendidas por el movimiento verde.
3.-Fortalecimiento de la espiritualidad y de la ética del movimiento, mediante espacios de reflexión, conversatorios, encuentros creativos, entre otros.
4- Exigir, mediante la ley de acceso a la información pública, que sean entregados los documentos que han llegado desde Brasil a una comisión de juristas escogidos por un consenso social.
5.- Mantener la demanda del cese de la corrupción y la impunidad exigiendo que se nombre una comisión de abogados independientes para el conocimiento y el análisis de los documentos que han llegado desde Brasil, pues poca gente en el país va a creer en la sola versión de la Procuraduría. Puesto que lo más probable es que ellos compongan cada expediente, según los intereses de los grupos económicos y partidarios a los que representan. No se debe olvidar que el mismo procurador es un enriquecido funcionario que en su última declaración jurada de bienes señaló que tenía un patrimonio de RD$ 224,212,398.[1]
6.- Que las comunidades en donde Odebrecht realizó obras exijan al Ministerio de Obras Públicas información sobre las obras contratadas, rendición de cuentas e indemnización allí donde las obras construidas no se realizaron según lo contratado o en donde las mismas ya estén deterioradas, como en el caso de la carretera de Casabito-Constanza.
8.- Fortalecimiento de la articulación de las organizaciones comunitarias en el territorio para mantener viva la lucha.
9.- Fortalecimiento de la organización interna del movimiento verde que tiene el desafío de diseñar y ejecutar un proyecto de lucha a corto, mediano y largo plazo.
Lograr que se haga justicia contra las víctimas de la corrupción y la impunidad no será una tarea fácil. Por eso será necesario mantener una lucha constante para avanzar en el control de un mal que tiene múltiples e históricas raíces. Pues tal como dijo el poeta y cantautor español, J. Labordeta: “Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad… Pero, también será posible que esa hermosa mañana ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver… pero habrá que forzarla, para que pueda ser”.
[1] Procurador Jean Alain declara patrimonio de RD$ 224 millones 212 mil 398.1. S.Tapia. 14 de Octubre de 2016. Ver en: http://acento.com.do/2016/actualidad/8392124-jean-alain-declara-patrimonio-de-rd-224-millones-212-mil-398-1/