Recientemente se ha hecho una nueva selección de jueces para la Suprema Corte de Justicia y para el Tribunal Superior Electoral. Muchas expectativas se crearon en torno a dicha escogencia. Diversos grupos e instituciones intentaron incidir en la selección de dichos jueces; unos buscando defender intereses más grupales, partidarios o corporativos y otros haciendo énfasis en las necesidades y expectativas de la sociedad en general.
La selección de los jueces de las llamadas Altas Cortes crea expectativas, pues ha habido fundada sospecha de que muchas veces dichos tribunales no responden, con sus sentencias, a los intereses de la colectividad y no contribuyen al fortalecimiento de un Estado Social de Derechos como lo estipula la Constitución de la República (art. 7).
Especial atención ha generado la selección de los jueces en organizaciones sociales como el Movimiento de la Marcha Verde y en Participación Ciudadana, por su importancia para todo lo relacionado con la lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad. Entre los casos de corrupción a los que se están poniendo especial atención están los sobornos y las sobrevaluaciones en los que está involucrados la multinacional Odebrecht, así como funcionarios, legisladores y gente de la élite económica.
Algunas voces señalan que en la selección realizada se logró que no repitieran en el cargo los jueces del anterior y cuestionado Tribunal Superior Electoral. Otros han señalado la identificación de alguno de los elegidos con el Partido en el poder. Pero la pregunta fundamental sería, ¿Qué asegura que los nuevos jueces elegidos actuarán acorde a la ética y priorizando los intereses de la sociedad?
Uno de los temas fundamentales que habría que cuestionar es la forma como está compuesto el actual Consejo de la Magistratura, que es quien elige y evalúa los jueces de las Altas Cortes. Resulta que ahora los 8 miembros actuales son parte y responden a los intereses de los grupos partidarios, teniendo el partido gobernante a su favor 6 de los ocho miembros. A eso se añade, que quien preside dicho consejo es el presidente de la República, que elige a jueces que potencialmente tendrían la potestad de juzgar al mismo mandatario y a sus funcionarios, por su supuesta responsabilidad en los sobornos y sobrevaluaciones relacionados con el Proyecto Punta Catalina, entre otros proyectos significativos.
La dependencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y más concretamente de la Cámara Penal, del poder económico-partidario, se puso de manifiesto ya con la sentencia sobre el caso de la Sun Land (2008)[1], en el gobierno presidido por Leonel Fernández, y las decisiones de no ha lugar con relación a los imputados Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa (2015). Para esto los presidentes de la Suprema Corte Jorge Subero Isa y Mariano Germán Mejía, como representantes de los intereses de la corporación económico-partidaria en el poder-, crearon todas las condiciones para que se produjeran sentencias sesgadas.
No debe olvidarse que quienes votaron de forma disidente con relación al caso de la Sun Land, las juezas Ana R. Bergés Dreyfous y Eglys M. Esmurdoc Castellanos, así como el juez Julio Aníbal Suárez Dubernay, no fueron re-elegidos cuando fueron evaluados por el Consejo de la Magistratura (2011), presidido por el entonces presidente, Leonel Fernández, quien en complicidad con el actual senador Félix Bautista estuvo supuestamente involucrado en un significativo caso de desfalco al Estado Dominicano.
Miriam Germán Brito y Esther Agelán Casasnovas, integrantes de la Suprema Corte de Justicia, y reconocidas por su apego a la ética y responsables de juicios debidamente ponderados, son futuras candidatas para ser separadas de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, en la próxima evaluación, por atreverse a votar a favor del juicio de fondo contra Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa y compartes. En otros casos algunos jueces, -como Alejandro Vargas, quien emitió una sentencia en contra del acuerdo entre Odebrecht y la Procuraduría- serán impedidos “preventivamente” para formar parte de las Altas Cortes, por su independencia de criterio.
A la dependencia de los jueces del poder económico y partidario se añade, además, la del Ministerio Público y el Procurador General de la República, quien es elegido por el presidente, que lo puede cambiar cuando no responda a los intereses de la corporación económico-partidaria que lo puso en el cargo. La destitución de Guillermo Moreno, como fiscal del Distrito, en el gobierno de Leonel Fernández cuando intentó investigar a expresidente Joaquín Balaguer, y la “decisión” del ex Procurador F. Domínguez Brito de no recurrir la negación de la Cámara Penal de llevar a juicio de fondo a Félix Bautista, por una supuesta falta de confianza en la justicia, parecen responder a la misma lógica.
No basta con exigir al Consejo de La Magistratura que elija jueces que hayan demostrado prácticas éticas, buen juicio y capacidad en el desempeño de sus funciones. Será necesario revisar la actual composición del Consejo de la Magistratura, para des-partidarizarlo y cuestionar la conveniencia de que tanto los presidentes de las cámaras legislativas como el presidente de la República formen parte de dicho consejo y tengan un voto cualificado en las decisiones del mismo.
La justicia dominicana como parte de los poderes de un Estado Democrático debe ir avanzando en el proceso de lograr mayores niveles de independencia de las corporaciones económicas y partidarias y de los poderes ejecutivo y legislativo. Será necesario que desde los municipios, desde las regiones, desde las organizaciones comunitarias e instituciones comprometidas con el desarrollo democrático de la sociedad, se exija que en la selección y evaluación, no solo de los jueces de las altas cortes, sino también de los de primera instancia, de apelación, así como los fiscales, haya una participación real de la población y sus instituciones, a la que éstos deben rendirle cuenta.
[1] F. Pimentel, El préstamo con la Sun Land y la lucha contra la corrupción impune. 25/10/2014. Disponible en:
http://acento.com.do/2014/opinion/8188365-el-prestamo-con-la-sun-land-y-la-lucha-contra-la-corrupcion-impune/