Pocos dominicanos están debidamente enterados de la complicada situación económica por la que atraviesa el país. Que no sólo resulta de los efectos de la pandemia y de políticas públicas erróneas, sino además de veinte años de una administración del gobierno divorciada de la eficiencia en el uso de los recursos públicos y sensiblemente asociada a la corrupción.
Los gobiernos comprendidos entre 2005-2019 dejaron maltrecho el sistema judicial y debilitaron el sistema democrático para construir un grupo político económicamente capaz de defender su impunidad. Afortunadamente, las elecciones brindaron la oportunidad de instalar en el gobierno a un presidente y un gabinete comprometido con el cambio. Naturalmente, mientras los nuevos funcionarios se acomodan en sus posiciones y entienden sus deberes, persiste la impronta de los gobiernos peledeístas de cuadrar los datos y presentar a la opinión pública una situación económica superable en el corto plazo. Este hecho se pone de relieve en el planteamiento general que sustenta el presupuesto público para el año 2021.
El pasado 10 de septiembre, el Ministro de Economía, informó que el déficit fiscal para este año sería de RD$418,000 millones (8.4% del PIB, suponiendo que el PIB se contraída en 2% para el 2020, https://acento.com.do/actualidad/deficit-fiscal-sera-de-rd-418-mil-millones-revela-ceara-hatton-8857264.html). Esta cifra contradice la información que suministra el presupuesto complementario sometido en junio pasado, que indica que el déficit global del gobierno central sería de RD$599,225.0 millones (12% del PIB).
Pero esa cifra de déficit fiscal incluye solamente al gobierno central y excluye al banco central, las empresas públicas, instituciones descentralizadas y autónomas, así como a los ayuntamientos. Incluyendo esas instituciones, entonces se obtendría el déficit para todo el sector público, el cual ofrece una perspectiva financiera más completa de la situación del sector público.
Por ejemplo, habría que incluir déficit operativo del Banco Central que asciende aproximadamente a RD$45,000 millones, RD$16,602.0 millones de la deuda de las EDES y la CDEEE, asumiendo que el tamaño del déficit de esas empresas sea igual al tamaño de su deuda. No se disponen de informaciones financieras para este año del déficit del Bagrícola, Banco de Reservas, Bandex, Punta Catalina, EDES, Fonper, el CEA, la UASD y los ayuntamientos. Para el 2020, considerando los datos publicados, el déficit del sector público (incompleto aún) sería aproximadamente de RD$660,827.0 millones (13.2% del PIB, considerando el supuesto anterior sobre el crecimiento del PIB).
El concepto parcial del déficit del sector público conduce normalmente a subestimar el monto de la deuda del sector público. El Ministerio de Economía (MEPYD) estima que el coeficiente deuda-PIB es de 39% del PIB (https://acento.com.do/economia/corrupcion-impunidad-deuda-e-ingresos-fiscales-una-propuesta-de-miguel-ceara-hatton-8535336.html), cifra que es similar a la que ofrece el Ministerio de Hacienda (MH). Pero estas cifras discrepan de las publicaciones del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuyo valor no fue criticado por las autoridades en el informe del FMI. Mientras el MH y MEPYD coinciden en el valor del coeficiente deuda-PIB, el FMI calcula ese indicador en 54.3% del PIB para el 2019 (FMI: RD Artículo IV, pp. 59, 2019), que tiene una diferencia de 15% del PIB con respecto a la cifra que difunde el gobierno. Actualmente, este indicador es seguramente más elevado considerando los nuevos préstamos en que ha incurrido el gobierno para contrarrestar los efectos de la pandemia, los cuales ascienden aproximadamente a US$6,068.9 millones, que representan 7.1% del PIB, con lo cual el coeficiente deuda-PIB sería de aproximadamente de 61.4% del PIB, en vez de 39% como afirma MEPYD y el MH.
Una evaluación incompleta del déficit del sector público conlleva a una valoración irreal de la situación financiera del sector público, de las necesidades de recursos para contribuir a la reactivación de la economía y a la presentación de presupuestos irreales. Lo que inquieta, sin embargo, es que bajo estas premisas se formule el presupuesto del 2021, prefiriendo evadir la realidad con cifras fiscales que no la reflejan.
El gobierno anunció su plan de ahorro en las instituciones públicas que serviría para apoyar los objetivos de la política de gasto de la presente administración, pero hasta la fecha no se conoce el monto del ahorro logrado por la nueva política presupuestaria, tampoco se sabe si están cerca de culminar ese informe. No obstante, el Consejo de Ministros aprobó la estimación de los ingresos y el monto del gasto público para el 2021. El respeto a los tiempos que ordena la ley de presupuesto es una buena señal; pero valdría la pena incorporar al presupuesto el ahorro de la nueva política presupuestaria que, frente a la complicada situación financiera del sector público, significaría un alivio para las finanzas públicas del próximo año.
Faltaría saber cómo se distribuiría el financiamiento del presupuesto del próximo año entre recursos internos y externos. Generalmente, la preferencia del gobierno es por la deuda externa ya que ayuda a mantener elevados montos de reservas internacionales dedicadas, en buena medida, a intervenir el mercado cambiario para mantener un tipo de cambio en línea con las expectativas de los importadores. Pero esta preferencia tiene un alto costo para la economía dominicana. Con el préstamo de los US$3,800 millones las reservas internacionales aumentaron a más de US$10,000 millones. Sin embargo, el costo financiero de la adquisición de divisas se paga con impuestos y los beneficios lo reciben los usuarios de divisas (importadores y empresas) mientras que se sacrifica al resto de los contribuyentes.
La política cambiaria se ha impuesto sobre la política fiscal, con un sensible costo social. En aras de la estabilidad cambiaria el BC ha colocado US$10,640 millones (12.3% del PIB) en certificados y ha gastado un monto aproximado de US$19,000 millones de las reservas internacionales, equivalente al 22% del PIB del 2020 entre 2005-2019, asumiendo un crecimiento del PIB del 2%). Lo curioso es que esa deuda no la paga el BC porque de acuerdo a Ley Monetaria y Financiera 183-02 le corresponde al gobierno, es decir a los contribuyentes.
Por consiguiente, la política monetaria debiera redirigirse y apoyar a la política fiscal, sabiendo que ésta preservaría los balances macroeconómicos. El gobierno se endeuda para darle divisas al BC; pero mientras dure la recesión de la economía, el BC debiera contribuir a que la situación financiera del gobierno no empeore cubriendo el déficit presupuestario, tal y como lo establece la Ley Monetaria y Financiera en momentos de calamidad nacional. Esto tiene que ir aparejado con una política que privilegie la producción interna y limite la expansión de las importaciones. Con esto se evitarían presiones sobre el tipo de cambio y sobre las reservas del BC. Además, la tasa de interés tendría que reducirse aún más para facilitar el crédito interno conjuntamente con la flexibilización de las condiciones del crédito bancario, con lo que se estimularía el consumo (que representa un 80% del PIB) y la inversión del sector privado. Si los créditos internacionales no han provocado inflación, entonces cabe preguntarse por qué el financiamiento del BC provocaría inflación justamente durante un período de recesión. Además, la moderna teoría monetaria propone mecanismos eficaces para recoger el exceso de dinero en la economía para evitar la inflación.
Cuando la política económica se fundamenta en criterios sesgados, las ideas fragmentan la realidad y los mejores esfuerzos se diluyen en la colocación de parches que no solucionan los problemas.