SANTO DOMIGNO, República Dominicana.- Para salir de la deuda pública consolidada y crear condiciones para una nueva fiscalidad, el Gobierno Central, que es el mayor responsable de la deuda pública, equivalente al 39 % del PIB, debe terminar con el régimen de corrupción e impunidad vigente.
Esto lo plantea el economista y especialista en temas de desarrollo, macroeconomía y economía internacional, Miguel Ceara-Hatton, en una propuesta para corregir la situación fiscal y de deuda pública que ahoga al país.
La corrupción en los negocios, la pérdida de competitividad sistemática y la falta de institucionalidad constituyen problemas enraizados en el sistema económico dominicano.
Fuente externa/Una propuesta para corregir la situación fiscal y de deuda publica/Miguel Ceara-Hatton
Explica, además, que se debe mejorar la calidad del gasto porque el Gobierno ‘‘gasta donde no se necesita y deja de gastar donde se necesita’’. Así lo evidencia el estudio de Oxfam, informe que Ceara Hatton cita en su explicación del contexto que envuelve la problemática económica actual.
‘‘El monto de la deuda pública dominicana crece cada vez más, hasta el punto de que desde finales de 2012 a octubre de 2017 la deuda consolidada aumenta a un ritmo de casi 7 millones diarios equivalentes a RD$318 millones’’, expone.
Despilfarro de la nómina pública, entidades repetidas, gastos clientelares como publicidad, viáticos y el 5% discrecional del Presidente Danilo Medina totalizan RD$91 millones, equivalentes al 2.5 % del PIB, que deja de percibir la ciudadanía en acciones productivas.
‘‘Hay que señalar que según Latinobarometro, la República Dominicana es uno de los países de América Latina que más justifica evadir impuestos. Medido a través de la pregunta: “En una escala de 1 a 10, donde 1 es “para nada justificable” y 10 es “totalmente justificable”, ¿cuán justificable cree Ud. que es evadir impuestos?" resulta que la República Dominicana, para el período 2005-2016, sale colocada en la posición 3 de 18 países que marca de 6 a 10, es decir, justifica no pagar impuestos con un promedio de 21% de la población, después de Nicaragua (21.5%) y Guatemala (21.6%). En 2016, ese porcentaje subió 30% y el 15% consideró que es “totalmente justificable no pagar impuestos”, expone.
En el proyecto que el investigador del Centro de Estudios Económicos de la PUCMM le plantea a la clase gobernante del país, menciona que la meta debe ser gastar menos e incrementar los ingresos tributarios.
Porque, según indica, la reacción del gobierno dominicano en los años recientes ha sido crear nuevas figuras impositivas o ampliar la base de los impuestos con el propósito de aumentar los ingresos tributarios. Sin embargo, esto ha sido disfuncional.
‘‘Entre el año 2005 y 2017 el Gobierno Dominicano ha intentado más de10 modificaciones impositivas y los resultados han sido pírricos en el largo plazo ya que la presión tributaria tiende a aumentar muy lentamente (alrededor 0.33% puntos porcentuales en promedio anualmente), prácticamente imperceptible pues para aumentar 1% se requerirían 3 años. Esto implica que sería un absurdo insistir en una práctica que en 12 años no ha dado resultados esperados hasta que no se tomen otras medidas que le creen legitimidad al Gobierno Dominicano’’, aduce.
Es necesario, indica su análisis, establecer criterios que normen el endeudamiento. ‘‘Endeudarse no tiene por qué ser ni malo ni bueno, todo depende de los usos que se le den a los recursos y el rendimiento de la misma’’, subraya.
Cómo sobrevive el país
En voz de Ceara, la trayectoria fiscal actual de la economía dominicana es de colisión debido al déficit incesante del gobierno, que paga intereses crecientes en porcentaje de los ingresos tributarios, mientras que una proporción de estos intereses es saldada con nuevos préstamos. El gobierno recurre a nuevos empréstitos para enfrentar el pago de la amortización y los intereses.
Sobre el pacto fiscal
Antes de discutir sobre figuras impositivas y prioridades del gasto, el experto señala que se debe lograr institucionalidad que respete la legalidad del Estado, controle la corrupción y establezca mecanismos que reviertan la impunidad.
Ceara-Hatton advierte que el debate sobre el pacto fiscal debe iniciar con una revisión detallada de la estructura y nivel del gasto público, a fin de mejorar su eficiencia. Asimismo, que se establezcan criterios y normativas para el endeudamiento con penalidades para aquellos que lo violen.
