El pasado domingo 28 de enero se realizó una masiva concentración de la Marcha Verde en las inmediaciones de la Casa del Gobierno, llamado “Palacio Nacional”, desde el tiempo de la dictadura. El lugar escogido tuvo un carácter simbólico: decirle al poder económico-partidario, principal promotor de del actual estado de cosas, que mantiene firme la demanda y el clamor social para que el Estado dominicano y sus instituciones pongan un freno a la corrupción sin límites y a la impunidad que la retro-alimenta.
La concentración contra la corrupción y por el fin de la Impunidad se realizó en el marco de la conmemoración del natalicio del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte y del primer aniversario de la Marcha Verde que empezó formalmente el 22 de enero de 2017, tras destaparse el escándalo del pago de soborno de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios y políticos dominicanos, a cambio de contratos de miles de millones de dólares para construir obras de ingeniería al Estado dominicano.
La marcha del 28 de enero pasado, retomó y replanteó sus principales demandas e interrogantes: ¿hasta cuándo el gobierno va a seguir haciéndose sordo y ciego ante los reclamos de un colectivo y de una ciudadanía que exigen respuestas claras y precisas? ¿Cuáles son las estrategias y acciones a realizarse a todos los niveles: local, regional, nacional, para lograr que sean procesados los corruptos y despojados de los bienes robados y estos se empleen en la mejora de las políticas públicas de educación, salud, vivienda, cuidado ambiental, entre otros?
Entre las demandas y propuestas hechas el pasado domingo 28 están:
– Juicio Político contra el presidente Danilo Medina y sus funcionarios, por sus vínculos con el caso Odebrecht y el delincuente brasileño e internacional Joao Santana.
-Transformaciones constitucionales que garanticen un Poder Judicial, una Junta Central Electoral, un Ministerio Público y una Cámara de Cuentas con plena independencia política, funcional y administrativa de todos los grupos partidarios y económicos; así como una profunda profilaxis en su actual conformación, sustituyendo a todos/as los/as integrantes con vínculos partidarios y socios/as del sistema de impunidad.
– Eestablecer los mecanismos jurídicos e institucionales para recuperar el dinero robado en los casos ODEBRECHT, SUPER-TUCANOS, OISOE, CEA, Tres Brazos, OMSA, Equipos de la JCE, la Mafia de los Combustibles, la OPRET, la venta de terrenos en Haina y Boca Chica, entre otros, garantizando la condena efectiva de los responsables y la cancelación de todos los contratos entre el Estado y empresas delincuentes.
-Implementar un efectivo sistema de carrera administrativa general, municipal y especial, que ponga fin y criminalice el uso del Estado como agencia de “botellas”, mantenimiento de aliados a los/as delincuentes partidarios, para dar paso a una institucionalidad concentrada en la prestación de servicios eficientes a los ciudadanos y ciudadanas, especialmente en las áreas de salud, seguridad ciudadana y social, medio ambiente, transporte, educación, energía eléctrica, empleo, alimentación, vivienda, justicia, entre otras demandas.
-Aprobación de un nuevo marco normativo electoral, de partidos y agrupaciones políticas, que garantice la participación democrática de la ciudadanía, la competencia electoral equitativa, el financiamiento transparente y controlado de las campañas electorales, y un verdadero y drástico régimen de consecuencias penales, especialmente cuando se trate del uso ilegal de los recursos del pueblo dominicano que administra el Estado.
Para la Marcha Verde, estas y otras transformaciones deben hacerse de manera profundamente democrática, a través de una Asamblea Constituyente, con participación popular, que permita desmontar las bases sobre las que se sostiene el actual régimen de corrupción e impunidad.
Durante el cuarto trimestre del año la Marcha Verde anunció que se estaban haciendo asambleas locales para lograr un consenso sobre el rumbo a seguir. Por eso las acciones anunciadas en la concentración del pasado domingo tendrán que irse articulando, comenzando desde el territorio local, pasando por el nivel regional, hasta llegar a lo nacional, sabiendo que la lucha por el control de la corrupción y la erradicación de la impunidad es una ardua tarea que debe asumirse de manera continua y a corto, mediano y largo plazo.
Finalmente, ante la falta de respuestas estatales a las movilizaciones ciudadanas del último año, el colectivo anunció que intensificará las formas y herramientas de lucha, incluyendo la realización de una consulta ciudadana a partir del 11 de febrero para evaluar la posibilidad de realizar paros pacíficos municipales, provinciales y nacionales.
La actividad concluyó con la lectura de la proclama pública. Subieron a la tarima jóvenes integrados al movimiento en las diferentes regiones del país. Sirvieron de portavoces Geny Lozada (de Valverde) y Jesús Díaz (de Santiago). A ellos y ellas Juan Pablo Duarte les sigue diciendo, como en el tiempo de los trinitarios: “Sigan adelante jóvenes amigos, dulce esperanza de la Patria mía; sigan con tesón y ardor en la hermosa carrera que han emprendido y alcancen la gloria de dar cima a la grandiosa obra de nuestra regeneración política, de nuestra verdadera independencia nacional, única garantía de las libertades patrias”.