Durante esta semana el movimiento de la Marcha Verde, con su Llama Verde, se ha estado desplazando por toda la geografía del territorio dominicano, realizando una caminata que ha partido desde las diferentes regiones del país y cuya marcha estará confluyendo el próximo domingo en el parque Independencia, al encontrarse las comitivas que vienen del norte, del este y del sur del país.
La comitiva que va llevando la Llama Verde va despertando la esperanza, en cada uno de los territorios por los que pasa, de que por fin vamos avanzar en el control de la corrupción a todos los niveles y el fin de una histórica impunidad, que data desde el origen de la República, tal como acaba de postular el escritor, Cándido Gerón, en su texto recientemente publicado: “172 años de corrupción en la República Dominicana (1844-2016). Cáncer globalizado”.
Entre los elementos que está sacando a la luz la Marcha Verde podemos señalar:
- La comitiva de la Llama Verde va ayudando a despertar la conciencia sobre las consecuencias para las comunidades del país, así como para otros países de América Latina y África, de los sobornos y las sobrevaluaciones envueltas en las obras realizadas por la multinacional brasileña Odebrecht en nuestros países.
- Ha sido evidente que en el movimiento de la Marcha Verde han estado teniendo un papel protagónico sectores de clase media, que se han estado articulando con sectores ligados a las organizaciones comunitarias y populares. Estos sectores de clase media, tienen las posibilidades y las condiciones para ser menos corruptibles y constantes en la lucha.
- Es evidente que el gobierno del PL-Danilismo está utilizando diversas estrategias encaminadas todas a dejar una vez más en la impunidad los casos de corrupción ligados a las obras de Odebrecht. Entre esas estrategias podemos señalar:
a.-Nombramiento de una comisión escogida por gente cercana a los intereses del gobierno y de los grupos empresariales, para supuestamente “investigar” la transparencia del proceso de licitación de Punta Catalina. La inclusión de personas que pudieron haberse beneficiado del dinero de la corrupción en el manejo de dicha obra, invalida dicha comisión.
b.- La elaboración de un acuerdo con Odebrecht, para que devolviera en 8 años el doble de lo supuestamente pagado en soborno, intentaba desconocer los 830 millones de dólares que fueron pagados en adendas a los presupuestos iniciales, sin que dichos montos hayan sido justificados, y sin que estos desembolsos hayan tenido la aprobación del Congreso Nacional. Suponemos que una buena parte de ese dinero forma parte de las sobrevaluaciones de las obras de Odebrecht. Esto sin tener información cierta de cuánto está siendo el monto del soborno ni la sobrevaluación envuelta en el proyecto de Punta Catalina, la mayor de la obra que los últimos 4 gobiernos hayan contratado con la multinacional brasileña.
c.- Mientras que en otros países del área como Perú y Panamá han sido suspendidas las obras que ejecuta la Multinacional de la corrupción Odebrecht, en los primeros tres meses de este año 2017, en República Dominicana, esta compañía está siendo privilegiada y priorizada por el gobierno en la inversión pública. Como prueba de esto sirvan estas declaraciones de José Rijo, especialista en temas presupuestarios: “Durante los meses de enero y febrero del actual 2017, el mayor gasto de capital correspondió a las transferencias por un monto de RD$7,361.2 millones, de los cuales RD$4,720.5 millones fueron a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para Punta Catalina-Odebrecht”.
Continuó diciendo José Rijo: “Una buena parte de los gastos correspondieron a construcciones por contrato por un monto de RD$5,840.8 millones, también sobresaliendo el gasto en obras ejecutadas o en ejecución con la constructora Odebrecht, por la suma de RD$3,312 millones, equivalente a 192% de ejecución con relación a lo aprobado en la ley No. 290-16, de Presupuesto General del Estado para el 2917… Lo grave de todo esto es que el 46% del total de gastos de capital ha si comprometido con obras relacionadas con Odebrecht con un total devengado de RD$8,032.5 millones, representando el 8.3% del total de gastos y equivalente al 10.2% de los impuestos recaudados de enero a febrero; sin embargo en construcción de viviendas apenas se registra un monto de RD$3.5 millones; y 43 hospitales con presupuesto aprobado para remodelación no han ejecutado nada en los dos primeros meses del año 2017” (www.metrord.do, 14-3-2017).
d.- Es necesario poner en evidencia las reales intenciones de las actuaciones de la procuraduría general de la República, quien tiene como ejecutivo un enriquecido activista del partido de gobierno. Entre las equivocadas acciones tomadas por la procuraduría podemos señalar:
- Identificar a quien era mediador en la asignación de sobornos en el caso de Ángel Rondón y no someterlo a la justicia. Pues ¿No es la complicidad con los sobornos una acción penalizada en el Código Procesal Penal dominicano?
- Allanar la oficina local de Odebrecht, después de darle la oportunidad para retirar de la oficina todo lo que las autoridades quisieran.
- Intentar llegar a un acuerdo económico con Odebrecht que solo implicaba devolver el doble del monto de lo sobornos, sin tener en cuenta el tema de las sobrevaluaciones.
- Interrogar a ex funcionarios, sin que de ahí se haya derivado hasta ahora ningún tipo de identificación de responsabilidades y consecuencias penales.
- Presentar ante la justicia un posible contrato con la multinacional, sin que eso haya tenido la previa aprobación del Congreso de República Dominicana.
La llama verde está encendiendo unas luces en la conciencia de la gente que ya no se apagarán. La impresionante marcha verde del 22 de enero pasado, la recogida de más de 300,000 firmas y la marcha de la llama verde por toda la geografía nacional son solo acciones significativas de un caminar esperanzador comprometido con la construcción de una Vida Digna para el pueblo dominicano. Por esto es tarea ética indispensable hacer indetenible el control social y político de la corrupción y la lucha por el fin de la impunidad.