En los últimos días han salido a la luz pública dos nuevos escándalos, en los que la opinión pública sospecha que ha habido transacciones comerciales de apropiación o venta ilegal de bienes que originariamente fueron públicos, propiedad del Soberano, el Pueblo Dominicano. El primero se refiere al emporio comercial no declarado de Diandino Peña y el segundo al caso de unos terrenos de propiedad pública que fueron cedidos al arzobispado de Santo Domingo en 1967 y que posteriormente fueron vendidos por la misma institución para la construcción del centro comercial Down Town Center.
El cuestionamiento sobre la venta de los terrenos del arzobispado no vino desde fuera, sino desde el mismo interior de la organización eclesial. Miguel Ángel Santana Marcano, sacerdote y juez presidente del Tribunal Eclesiástico, una instancia de la Conferencia del Episcopado Dominicano, envíó la siguiente comunicación al embajador del Vaticano o nuncio, JudeTaddeus Okolo: “El primer Cardenal de la República Dominicana Octavio A. Beras Rojas dejó un solar al lado de la CED para construir la Casa del Clero en la Arquidiócesis de Santo Domingo. 120 sacerdotes de Santo Domingo queremos saber el por qué el Arzobispo Emérito de Santo Domingo López Rodríguez lo vendió y qué hizo con ese dinero”.
A la carta de Santana Marcano el nuncio Okolo respondió diciendo que López Rodríguez actuó correctamente. Y la actual administración del arzobispado de Santo Domingo, intentó justificar la transacción señalando que con parte del dinero obtenido de la venta, unos $US11,460,933, se habría comprado un solar mucho más grande en otra localidad de la ciudad, que sería utilizado para la construcción de un seminario menor y de una casa para los sacerdotes y que la otra parte habría sido invertida en certificados del Banco Central y en Bonos del Banco de Reservas.
La jurista Laura Acosta, basándose en la ley 19-89 califica como ilegal la acción de venta de los terrenos por parte del arzobispado, porque las donaciones que hace el Poder Ejecutivo o el Estado Dominicano a instituciones públicas o privadas de servicio social, son intransferibles a particulares. Ha hecho referencia, además, a la ley 122-05, que en su art. 54, regula las actividades de las Asociaciones sin Fines de Lucro. Dicho artículo señala que las posesiones que hayan adquirido dichas instituciones no se pueden comercializar. Por eso estipula dicha ley que en caso de la disolución de una organización, sus bienes deben pasar a ser administrados por otra entidad con fines parecidos. Y cuando esto no sea posible, los bienes pasarán a ser propiedad pública, administrada por el Estado Dominicano.
Algunas personas alegan que la venta por parte de los jerarcas de la Iglesia Católica de terrenos públicos cedidos por el Poder Ejecutivo, y aprobados por el Congreso, está regida por la ley del Concordato, firmado entre el Estado del Vaticano y el Estado Dominicano en el año 1954, en el tiempo de la tiranía trujillista. De hecho en el art. 23 dicho texto se señala: “El Estado Dominicano reconoce a las instituciones y asociaciones religiosas (…) la plena capacidad de adquirir, poseer y administrar toda clase de bienes. La República Dominicana reconoce y garantiza la propiedad de la Iglesia sobre los bienes muebles e inmuebles que el Estado reconoció como pertenecientes a ella con la Ley n. 117 del 20 de abril de 1931, aclarada por Ley n. 390 del 16 de septiembre de 1943, así como de los bienes que, después de tal fecha, la Iglesia haya legítimamente adquirido o adquiera, incluidos los que han sido o sean declarados monumentos nacionales”.
Tal como se puede deducir de la lectura del anterior artículo del Concordato, en ningún momento se autoriza a la Iglesia a vender propiedades o terrenos que haya recibido en donación o en administración, provengan éstos de bienes públicos administrados por el Estado Dominicano o de particulares.
El periodista Ramón Colombo ha cuestionado con sagacidad la legitimidad ética de la transacción hecha por el Arzobispado de Santo Domingo al vender los terrenos del nuevo centro comercial, situado en la esquina Núñez de Cáceres con Rómulo Betancourt en la Capital Dominicana. Ha afirmado: “¿Sagrada especulación? Hay que preguntarles a Monseñor Ozoria y a la mismísima Nunciatura Apostólica: ¿Antes de vender la esquina que ocupa Down Town Center, el Episcopado arregló las cosas con Bienes Nacionales, regulador de esas tierras donadas condicionalmente por el Estado? Otra: ¿Liquidó su valor catastral al Estado mismo? Más: ¿En cuánto vendió cada metro cuadrado para fines de pago de impuestos? Más aún: ¿Pagó los impuestos o se acogió al régimen de institución exonerada? Hay que agregar: ¿Es falso aquello de que habría depositado en el extranjero unos 10 millones de dólares provenientes de esta negociación inmobiliaria con olor a sagrada especulación?”
Ahora que el pueblo dominicano ha arreciado la lucha contra la corrupción y la impunidad públicas y privadas es el tiempo oportuno para exigir también a las iglesias y a las ONGs que manejan bienes y recursos públicos que actúen con transparencia, con ética, acordes a las leyes vigentes y a los valores y principios que dicen profesar. Es la única manera de hacerse creíble ante la sociedad dominicana y poder aportar su cuota a la lucha por la transparencia y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, que en definitiva es una invitación a devolver los bienes apropiados y robados ilegalmente, por personas o instituciones, para ponerlos al servicio del fortalecimiento de las políticas públicas de educación, salud y seguridad social, que promueven el bien común de todos y de todas.