El pueblo de Venezuela ha decidido asumir la desobediencia civil luego que el gobierno de Nicolás Maduro abandonara la segunda sesión extraordinaria convocada por el Consejo Permanente de la OEA, la cual culminó el lunes con la aprobación por consenso de una moción donde se exige el retorno de la normalidad constitucional y democrática, con el apoyo de 20 países del hemisferio, tras el intento del Tribunal Supremo de Justicia de suplantar las funciones de la Asamblea Nacional invocando el subterfugio del desacato y la inhabilitación de los legisladores.
Los esfuerzos del régimen dictatorial y sus socios de tratar de impedir, torpedear y sabotear el interés de los estados miembros para analizar, estudiar y hallar vías a fin de superar la crisis política, económica y social en ese país, se frustraron cuando el embajador alterno, Samuel Moncada, recibió órdenes de retirar la misión chavista, luego de proferir sus usuales insultos impropios para el título de diplomático, antecedido por la vehemente defensa de sus acólitos de Nicaragua y Bolivia.
Pese a que los chavistas invocaron la alteración del debido proceso para convocar la sesión, la cual fue suspendida en principios por el delegado boliviano del sombrerito, la mayoría impulsada por México, Colombia, Canadá y Estados Unidos, aplicaron procedimientos legales para seguir adelante hasta aprobar la moción que exige al régimen de Maduro el respeto a la separación de poderes, el orden Constitucional y garantías al Estado de Derecho y a los derechos humanos.
La segunda sesión es un preludio de varias etapas antes de invocar y aplicar la Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2011 y suscrita por al gobierno chavista. Éste parece ser bipolar ya que durante el golpe de estado a Hugo Chávez, el 12 de abril de 2002,la OEA sí era válida para sus objetivos, al igual que lo fue durante la crisis política y constitucional que llevó a la destitución del presidente José Manuel Zelaya Rosales, en Honduras, el 28 de octubre del 2009, en la que 20 estados estaban a favor y tres en contra.
Ahora los números se viran en su contra. La OEA del actual secretario general Luis Almagro Lemes no es la misma que era la del excanciller socialista de Salvador Allende, José Miguel Insulza. La complacencia con los regímenes del socialismo del siglo XXI parece llegar a su fin, y el organismo hemisférico busca retornar a las raíces que le dieron vida el 30 de abril de 1948: la defensa vigorosa de la democracia y sus instituciones en sus estados miembros. Los venezolanos reclaman ahora sus derechos frente a la represión en las calles y la respuesta oficial es gas pimienta, perdigones, bombas lacrimógenas, balas vivas y turbas paramilitares.
Lo ocurrido el pasado 28 de marzo en el seno de la Comisión Permanente de la OEA y durante la sesión especial para tratar y analizar la crisis política, económica y social en Venezuela significó otra derrota moral para el régimen chavista, por lo que sus procónsules ante el organismo hemisférico apelaron a una lluvia de insultos, chantaje y amenazas en sus afanes para desviar la realidad, sustentar la mentira, y reiterar su falta de principios y de integridad ante la opinión pública internacional.
En un discurso de barricada y de ataques personales, por el cual fue interrumpido y llamado al orden en varias ocasiones tras revelar su verdadera naturaleza cavernícola e intolerante, el embajador y representante alterno en la misión permanente venezolana ante la OEA, Samuel Moncada, invocó tecnicismos legales para intentar en vano descarrilar la sesión sin precedentes, en una maniobra muy típica de gobiernos renegados, forajidos y bandoleros.
El procónsul chavista desbarró a los delegados de México, Luis Alfonso de Alba Góngora; de Brasil, José Luis Machado e Costa; de Colombia, Andrés González Díaz; de Canadá, Jennifer May Loten, y de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, apelando a la insolencia, el descaro y el atrevimiento. Y de paso, pisoteando las reglas más elementales del debate parlamentario y el debido proceso en un diálogo democrático, constructivo y civilizado, afilando el cuchillo de la división al pretender separar a sus pueblos de sus gobiernos electos por la vía democrática.
La catilinaria y el desparpajo del historiador Moncada contra los países que proponen revisar y poner orden y atención a la situación en Venezuela, del cual fueron testigos casi todos los 34 representantes del hemisferio allí presentes y miles de televidentes, pretendía desviar la atención del problema medular de la emergencia de 17 años que azota a los venezolanos: el asalto a la democracia representativa, la situación de los presos políticos, la negativa a convocar a elecciones inmediatas y la violación a los derechos ciudadanos.
La estrategia defensiva diplomática del régimen de Nicolás Maduro estuvo precedida 24 horas antes por una estocada más al estado de derecho y a la separación de poderes con un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, que, en otro golpe de estado, despojaba de inmunidad a los legisladores de la Asamblea Nacional, de lo que luego se retractó en parte, lo que permitiría al dictador de turno eliminar obstáculos y encausarlos a discreción como simples delincuentes cuando se le antoje, como lo han hecho contra Leopoldo López, Henrique Capriles, María Corina Machado, y otros líderes opositores de la Mesa de la Unidad Democrática.
Casi 24 horas después, el mismo TSJ anunció que asumiría las funciones de la Asamblea Nacional, elegida por el voto directo, invocando otro tecnicismo de índole legal y en virtud del alegado “desacato” de dicho organismo, lo que confirma una dictadura de facto que vulnera el estado de derecho y una vez más la separación de poderes constitucionales. Al menos, ya el gobierno de Perú dio el primer paso al retirar a su embajador en Caracas, y el secretario general de la OEA definió el hecho por su nombre: un autogolpe, lo que acerca al régimen de Maduro a sanciones inminentes.
Ante el temor de los cancerberos de Caracas de que a última instancia se invoque la Carta Democrática Interamericana en un procedimiento complejo, como ha sugerido el secretario general de la OEA, Luis Almagro, la canciller Delcy Rodríguez se adelantó furibunda el día antes con otro despropósito: descalificar a Almagro y a los 14 países que apoyan su propuesta con epítetos impublicables, así como tergiversar, desinformar y politizar el proceso de la sesión especial en la Comisión Permanente.
Sin embargo, ni las tácticas dilatorias de los representantes incondicionales de Bolivia, Haití y Nicaragua, con su verborrea enervante durante una hora de preámbulos, ni las posturas tibias y acomodaticias de los delegados de El Salvador y de la República Dominicana, sumados a otras islas del Caribe Oriental maniatadas por la voluntad de PetroCaribe, lograron impedir el objetivo de la sesión: desnudar, dejar en pelotas ante el mundo, la realidad precaria y brutal de un gobierno radical fracasado, de un país destruido material y moralmente, y de una ideología que se esfuma como el humo en este Hemisferio. Quienes aún tienen dudas, pudieron ver allí el verdadero rostro y la naturaleza cruda de quiénes usurpan el poder y reprimen en Venezuela.
La Comisión Permanente de la OEA continuará con su objetivo de analizar de manera periódica la situación crítica y hallar soluciones frente a la innegable debacle política, económica y social engendrada por la dictadura del chavismo en Venezuela. Ni la defensa de los derechos humanos y la democracia son ni serán jamás asuntos de injerencia, intervención o conveniencia. Es un precepto sine qua non aceptado por todos sus miembros.
Son valores fundamentales que los 34 miembros que la integran tienen el deber, la responsabilidad y el valor de defender, más aún cuando el esquema político que gobierna a Venezuela está puesto a prueba y bajo fuego implacable por parte de un régimen deshumanizado, chantajista y malandro que pretende engañar a todo el mundo todo el tiempo. En fin, somos testigos de la eterna lucha entre la libertad y despotismo. La hora de la indiferencia se agota, y en Caracas lo saben.