Ya era hora de que el presidente Medina convocara el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sobre todo si se tiene en cuenta que el período de los miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE) venció hace ocho meses, y ahora se abre una gran oportunidad para verificar de qué lado está la voluntad del presidente de la República en materia electoral y sobre todo en el tema de la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Lo que surja de los trabajos del CNM será la voluntad del presidente Medina, que cuenta con los votos de la mitad de sus miembros, sin duda de ningún género. Me refiero a los presidentes de las cámaras legislativas, Reinaldo Pared Pérez y Lucía Medina, y al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Si sumamos el voto del propio presidente Medina, llegamos a cuatro votos seguros, lo que le garantiza imponer su decisión, pues cuatro es la mitad de los ocho miembros del CNM, pero en caso de empate, el voto del presidente decide.
Hay otros dos votos, que aunque proclives al PLD, su lealtad corresponde al presidente Leonel Fernández, que son Mariano Germán Mejía y Fran Soto. Y finalmente los votos testigos, aquellos que no deciden pero que pueden contribuir al proceso siendo testigos para el país de lo que allí ocurra, que son los dos miembros del PRM, José Ignacio Paliza del Senado y Josefa Castillo, de la Cámara de Diputados.
La agenda del CNM debería ser:
1. Elegir a los miembros del TSE, pues el período de los actuales jueces venció el 16 de agosto pasado.
2. Sustituir en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a Julio César Castaños Guzman, quien fue designado en la Junta Central Electoral. Además, sustituir a las magistradas Dulce Rodríguez de Goris y Martha Olga García, por haber sobrepasado la edad de retiro forzoso de 75 años. Y se comenta, pero no es oficial, que habría una cuarta designación para sustituir al magistrado Víctor Castellanos, que ha tenido problemas de salud y podría pedir su retiro, lo que sería una baja sensible en la SCJ por tratarse de un verdadero juez de carrera que ha hecho aportes importantes desde la judicatura. El magistrado Castellanos tiene actualmente 69 años de edad.
3. Sustituir al magistrado Víctor Gómez Bergés en el Tribunal Constitucional (TC), pues ya alcanzó los 75 años de edad, lo que implica su retiro de la posición en virtud de lo establecido en el párrafo del artículo 13 de la Ley 137-11. El Dr. Gómez Bergés nació en 1940, por lo que tiene 77 años.
La pregunta obligada es si el presidente Medina seguirá los pasos de su compañero de partido, Leonel Fernández, de atender al interés particular, en vez de al general, y designar personas cuya independencia esté comprometida con quien lo designó y su partido. Como este es un país chiquito y aquí nos conocemos todos, la respuesta vendrá con los nombres y antecedentes de los designados. A partir de ahí, reiteramos, se podrá valorar su compromiso en la lucha contra la impunidad y la corrupción y su voluntad de mejorar el sistema electoral dominicano.
Los actuales miembros del TSE han demostrado por qué los miembros de los partidos no pueden cambiar sus espadas partidarias por las togas de los jueces. Ese conflicto de interés casi siempre se zanja a favor del partido y sus líderes que llevan en sus corazones y no a favor de la justicia y la sociedad. Se espera una renovación total de la matrícula de este importante tribunal.
En cuanto a la SCJ este será el primero de dos momentos cruciales. Ahora para designar tres o cuatro nuevos jueces, y a partir de diciembre de 2018, para evaluar a los demás y decidir si son sustituidos o no. En otras palabras, se trata de una oportunidad para sacar de la SCJ los intereses partidarios, no para cambiar a uno que es de Leonel o de Miguel por uno que es de Danilo o de cualquier otro partido.
En este primer momento surge la interrogante de cómo aplicar la disposición constitucional que reza: “Art. 180. Criterios para la escogencia. El Consejo Nacional de la Magistratura al conformar la Suprema Corte de Justicia deberá seleccionar las tres cuartas partes de sus miembros de jueces que pertenezcan al sistema de carrera judicial, y la cuarta parte restante los escogerá de profesionales del derecho, académicos o miembros del Ministerio Público.”
Por su lado el párrafo del artículo 25 de la Ley Orgánica del CNM dispone que “al momento de elegir sustitutos o reemplazantes de algún juez que perteneciera al Sistema de Carrera Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura lo escogerá de entre los candidatos pertenecientes a dicho sistema de carrera.”
Pero ocurre que todos los jueces de la SCJ pertenecen a la carrera, aunque hayan ingresado a ella en el momento de su designación en la SCJ. Diversas disposiciones legales así lo establecen, como el art. 16 de la Ley de Carrera, o el artículo 51 de su reglamento, que dispone que la designación de una persona como juez, implica su ingreso a la carrera. Pero entonces, si todos son de carrera, si se cumpliera la ley orgánica del CNM y se designarán solo jueces de carrera, se violaría la disposición constitucional que da cabida a personas que no pertenezcan a la carrera.
La solución a esta situación se encuentra en considerar la condición que tenía cada juez que deberá ser sustituido, al momento de su designación en la SCJ. Si ya era de carrera al momento de ser designado, deberá ser sustituido por uno de carrera, si por el contrario al momento de su designación no era juez de carrera y estaba en la práctica privada, la academia o el ministerio público, pues su sustituto será uno que provenga de fuera de la carrera. La idea detrás de la norma constitucional es que en la SCJ las ¾ partes provengan de la carrera y ¼ parte de fuera de la carrera. Preferiría que todos provinieran de la carrera, pero hay que modificar la Constitución para lograrlo.
Por ejemplo, Julio César Castaños Guzmán llegó a la SCJ en el 2011 desde fuera de la carrera, y por tanto deberá ser sustituido por alguien que venga de fuera. Martha Olga García ingresó en la carrera judicial el 19 de abril de 2001 y fue designada en la SCJ en diciembre de 2011, por lo que debe ser sustituida por una persona que provenga de la carrera. Parecería ser la misma situación de la magistrada Dulce Rodríguez de Goris. En caso de que el magistrado Castellanos pida su retiro, tendría que ser sustituido por un juez de carrera.
Las ¾ partes de 17, que es el número de jueces que integran la SCJ, sería 12.75, por lo que la composición de la SCJ, mientras se mantenga la norma constitucional vigente, debería estar integrada por 13 miembros que al momento de su designación eran jueces de carrera y 4 que al momento de su designación estaban fuera de la carrera. Cuando se designaron nuevos jueces de la SCJ en el 2011, la composición quedó con 13 jueces que provinieron de la carrera y 4 desde fuera. Estos últimos fueron: Mariano Germán, Julio César Castaños, Alejandro Moscoso Segarra y Fran Soto.
En esta ocasión, si fueren cuatro los que serían designados, tres deberán provenir de la carrera (en sustitución de Dulce Rodríguez, Martha Olga García y Víctor Castellanos) y 1 de fuera de la carrera (en sustitución de Julio César Castaños).
Con respecto al TC solo cabría la sustitución de Víctor Gómez Bergés por razones de edad, aunque no se mencionó en la información suministrada sobre la convocatoria del CNM, tal vez porque pertenece al grupo de cuatro jueces del TC que deberán ser sustituidos a partir de diciembre de este mismo año, conjuntamente con Leyda Piña, Jotin Cury e Idelfonso Reyes, y aunque el TC no hay posibilidad de reelección, se previó una excepción en este primer grupo de cuatro, pero que no podría beneficiar al magistrado Bergés por razones de edad.