Acertadamente, Guillermo Moreno advierte a la oposición de que no debe hacerse ilusión sobre los alcances que podría tener la aprobación de las leyes de partidos y de reforma electoral; además sobre el impacto que tendría al interior del PLD el desenlace de la discusión del tema de las primarias abiertas o cerradas. Por tal razón, plantea una batalla para adecentar el marco institucional en que se desarrollarían las próximas elecciones, obligando a la JCE a dar cumplimiento a sus leyes y reglamentos para hacer menos desigual la competencia electoral. Esa pertinente “carta de ruta electoral propia de la oposición” debería ser complementada con una propuesta conjunta de participación electoral realista por su forma y contenido.
Las razones que da Moreno para proponer su carta de ruta, es que de un Congreso comprado e instalado por el jefe de la facción mayoritaria en el PLD para lograr su nominación y posterior reelección presidencial no puede esperarse leyes que sean real garantía de procesos electorales esencialmente democráticos. Tampoco esperar, agrego yo, nada que atente contra el entramado de privilegios y del poder absoluto en que se basa este régimen. No obstante, la constatación de ese hecho no es óbice para dejar de insistir en un combate político en el contexto de un sistema electoral obviamente desigual, siendo conscientes de que en última instancia lo que determina los resultados de esa lucha son la forma y contenidos en que la oposición la conduzca.
En tal sentido, la lucha para que la JCE asuma con responsabilidad la aplicación de sus leyes y reglamentos es de suma importancia, y habría que establecer un programa para obligarla a que los cumpla. Sin embargo, para la oposición, tanto o más importante que ese programa es la capacidad que esta tenga para elaborar una oferta electoral que, recogiendo malas experiencias pasadas, esta vez se enrumbe en un proceso unitario cuyo norte sea lograr no solamente la conquista del poder ejecutivo sino, insisto, una presencia determinante en los demás poderes del Estado: Los ayuntamientos, los distritos municipales y el Congreso, en los que, junto al Ejecutivo, donde se toman las decisiones políticas fundamentales.
El presente gobierno está cimentado en una estructura clientelar que sólo es posible desmontarlo con una propuesta creíble que impulsarían candidatos a las referidas instituciones con la suficiente entereza moral y formación que provoquen en la gente la ilusión de que es posible derrotarlo. Ello implica la necesidad de establecer una carta de ruta electoral donde se discuta no sólo programas, sino quiénes los llevarían a puerto y descartando a eventuales aspirantes a cargos electivos que no porque sean de la oposición garantizarían un ejercicio del poder no clientelar, sino orientado por la satisfacción de las aspiraciones y necesidades más sentidas de la población.
La lucha en el territorio y la presentación de candidatos congresuales y municipales idóneos es la vía más expedita para que se logre la conquista del Ejecutivo, pero ninguno de esos poderes se logrará plenamente o tener en ellos una presencia determinante, con una oposición con sus fuerzas fragmentadas en propuestas en la que se enfrenten sus mejores candidatos, sino una propuesta unitaria en la que estén presente sus mejores. La oposición tiene que jugar y ganar su juego, pero ningún juego se gana si no se juega en equipo. No tiene por qué esperar que termine el juego de las tendencias del PLD tanto al interior de ese partido como el de sus congresistas una vez sus jefes de tendencias se transen y tracen la forma en que ellos voten durante el conocimiento de las leyes de partido y electoral.
La oposición tiene ante sí el ineludible deber de salirse de la trampa que ella misma ha construido a construir: la de siempre apostar durante los procesos electorales al juego del presidencialismo centralizador, un espejismo que desde siempre ha desorientado el pueblo simple de este país, y que inexplicablemente siguen enceguecido la generalidad de su liderazgo.