Los hechos vergonzantes y acontecimientos registrados el pasado jueves en la Cámara de Diputados tienen que llamar a la atención de una ciudadanía crítica, que esté preocupada por la construcción de una institucionalidad democrática; orientada a la mejora de la calidad de vida de la población en general, y en particular de los grupos sociales más empobrecidos y excluidos.
De 190 diputados que tienen privilegios y salarios de lujo, a costa de quienes pagamos impuestos, solo asistieron unos 90, con lo cual no se pudo tener el quórum necesario para considerar la ley de partidos enviada por el Senado; en la cual subyace como principal propósito el imponer, por todos los medios, las primarias abiertas y simultáneas, pues una parte de ellos sospechan que esta es la modalidad que mejor les conviene para retener el poder en las instituciones estatales y públicas más allá del 2020.
El editorialista de Acento (4-5-2018) sospecha que el danilismo no ha logrado asegurar (¿comprar?) los votos necesarios para pasar la ley, tal como fue enviada por el Senado, que algunos catalogan como un traje hecho a la medida de los intereses del PL-danilismo reinante. Así las ausencias del pasado jueves de diputados de la corriente del danilismo, del leonelismo, así como del PRM, pueden formar parte de todo una estrategia dilatoria orientada a dos posibles opciones: esperar hasta que el danilismo consiga o compre los votos necesarios para aprobar la ley de partidos tal como la envió el Senado; y en caso de que esto no sea posible, crear las condiciones para que no haya consenso en la ley de partidos y permitir que estas corporaciones sigan actuando sin ningún tipo de regulación social, pública y externa.
En la sociedad dominicana hay una alianza entre grupos económicos y partidarios y los grandes medios de comunicación para imponer los temas que a ellos les interesa. Y en la mayor parte de los casos sus intereses no parecen coincidir con las mejores causas nacionales. Tal parece suceder con el tema de las primarias abiertas o cerradas dentro de la ley de partidos. En este sentido ha afirmado lúcidamente J.L. Taveras: “Las discusiones han sido agobiantes; nos tienen en el umbral de una paranoia colectiva con un tema que en esencia es del interés de los partidos. Lo más surrealista es que en la propuesta de ley de partidos, contexto de esta sorda controversia, se abordan otros temas aún más trascendentes y que por su sensibilidad debieran convocar a serios debates académicos, como el financiamiento, los procesos de democracia interna, el régimen de derechos de los miembros, las precampañas, el control y la supervisión de las actividades, y ni hablar del modelo de participación electoral para darle un carácter inclusivo a través, por ejemplo, de candidaturas independientes; pero no: la idea inconfesa pero firme es llegar a las próximas elecciones sin una ley de partidos”.
El jurista Francisco Álvarez Valdez ha a afirmado con lucidez que detrás del debate por las primarias de los partidos está la lucha interna entre las dos facciones del partido en el poder, cuyo principales líderes, Danilo y Leonel, son representantes de dos corporaciones económico-partidarias cuyos intereses parecen irreconciliables en estos momentos. Ha dicho F. Álvarez: “Leonel y el presidente Medina han asumido la defensa de modelos distintos, pues los intereses políticos de ambos se podrían ver afectados dependiendo del modelo que se escoja (…). Al presidente Medina no le ganaría nadie la candidatura de su partido, con primarias abiertas o cerradas, pero ocurre que tiene un impedimento constitucional que se vislumbra difícil levantar y entonces tendría que cederle la precandidatura a uno de sus delfines y en ese escenario a Leonel, dentro del partido, no le gana nadie, pero fuera del partido las cosas son diferentes, y de ahí la gran batalla que libran con el tema de las primarias”.
Se impone el desafío, para las personas, colectivos e instituciones sociales comprometidas, de seguir exigiendo al congreso nacional involucrarse en los temas que realmente interesan a quienes priorizan el interés colectivo, sobre los intereses partidarios y grupales. Por eso hay que seguirle exigiendo responsabilidad en la interpelación de los miembros de la Cámara de Cuentas, prudencia en la aprobación de continuos préstamos sin analizar las consecuencias; y sobre todo seguir demandando una postura más coherente con el control de la ejecución presupuestaria, infectada por la corrupción pública y privada. En estos momentos deben ser prioridad los sobornos y sobrevaluaciones relacionadas con las obras construidas por Odebrecht –y en particular Punta Catalina- así como los temas pendientes de la OMSA, del Metro de Santo Domingo, la venta de los terrenos del CEA, entre otros. Estos deberían ser temas priorizados en la agenda de un Congreso que represente los verdaderos intereses nacionales.
Recuperar la identidad de los congresistas como representantes populares que asuman las necesidades e intereses de sus respectivas comunidades, provincias y regiones, es un imperativo ético y político. En esto nos pueden ayudar los aportes, con su compromiso ético y sus prácticas honestas y coherentes, de congresistas de la calidad de Fidelio Despradel y Faride Raful, entre otros. Pues en definitiva, para lograr avanzar en este sentido, sigue siendo una prioridad urgente fortalecer la vigilancia continua de ese órgano por parte de las organizaciones sociales e instituciones preocupadas por el fortalecimiento democrático e institucional de la sociedad dominicana.