En la próxima semana, a partir del 16 de agosto, asumirán funciones públicas nuevos/as funcionarios/as o funcionarios que repiten en el cargo. No obstante, para un conjunto de personas y organizaciones es necesario mantener una postura crítica y vigilante, pues la mayoría de las y los elegidos ocuparán sus cargos legalmente, según las reglas de juego establecidas, pero lo harán ilegítimamente, porque los medios utilizados para llegar al poder no son ni ética ni políticamente legítimos.
Los aportes del informe final sobre las elecciones de Participación Ciudadana nos puede ayudar a definir algunas de las principales acciones y acontecimientos, por las que las nuevas autoridades elegidas, tanto del nivel local, municipal, congresual, y presidencial son, la mayor parte de ellas, ilegítimas. Entre éstas podemos señalar:
- La reelección presidencial debilitó la institucionalidad democrática, involucrando a gran parte de la estructura del Estado, generando desigualdad entre las y los candidatos y restando legitimidad a los resultados. De hecho además del primer mandatario, se reeligieron el 90% de las y los senadores, tres cuartas partes de los diputados/as y más de la mitad de los alcaldes y regidores.
- La reelección llevó consigo acuerdos de impunidad que llevaron a la Suprema Corte de Justicia a declarar un no ha lugar ante un expediente por corrupción contra el senador Félix Bautista que involucraba la irregularidad en el manejo de más de 26 mil millones de pesos. A esto se sumó la complicidad del Procurador F.D. Brito al no apelar el caso ante la Suprema Corte, supuestamente por no confiar en la competencia y en la ética de dicho tribunal.
- Desigualdad y acaparamiento de los recursos públicos provenientes del fisco entre los partidos PLD, PRD y PRSC, quienes entre los tres recibieron el 80% ($1288 millones de pesos), mientras que el PRM, principal partido opositor, sólo $12 millones. Además, de 26 partidos reconocidos los restantes 23 y varios movimientos municipales y provinciales apenas recibieron entre todos $321.1 millones de pesos.
- Incremento del déficit fiscal del gobierno nacional y local para favorecer a las candidaturas de del PLD y sus partidos aliados. Sólo en el primer trimestre del año el déficit alcanzó los 34 mil millones de pesos. El gobierno pagó nominillas y personal transitorio hasta alcanzar los 27 millones de pesos diarios; en combustibles y lubricantes para las caravanas gastó 11 millones diarios; e igual suma en publicidad y propaganda.
- La JCE no cumplió con sus compromisos y se hizo de la vista gorda ante la violación de los principios de libertad y equidad y transparencia. Apenas adoptó tres resoluciones cautelares en el último tramo de la campaña, relacionadas con la prohibición de los vehículos estatales en el proselitismo, y que los tres medios de comunicación del Estado garantizaran igualdad de acceso a todos los candidatos presidenciales. Naturalmente esto se cumplió a medias.
- Gasto excesivo y poco transparente en la compra de equipos electrónicos a la empresa Indra Sistemas por US$31,831,680, sin concurso público transparente y desechando otras ofertas menos costosas. Además, se hizo un gasto excesivo en la logística para las votaciones, de tal manera que cada voto costó en promedio unos $US28.77 dólares, el más elevado de la región.
- Innumerables crímenes y delitos electorales entre los que se pueden identificar: compras de cédulas y de votos, de miembros de colegios y de delegados partidarios; acoso al ciudadano; la conversión de las elecciones en un libre mercado; campaña electoral en plena jornada de votación; venta de bebidas alcohólicas; y numerosos delitos en el conteo de los votos.
- Manejo abusivo en el conteo de los votos, en el manejo de las urnas electorales y en la anulación arbitraria de los resultados de diferentes colegios electorales. Destacándose las juntas del Distrito Nacional que anuló la votación en 153 colegios electorales, la de Santo Domingo Oeste que anuló los resultados de la votación en 147 colegios, básicamente en los niveles congresual y municipal. En el municipio de Santo Domingo Norte se recibieron 157 actas de colegios sin completar el cómputo en su mayoría, de los diputados. La Junta de San Juan le “asignó” 160,000 votos más a los candidatos a diputados del PLD, con la supuesta intención de asegurar “la victoria aplastante” del senador Félix Bautista.
Varias organizaciones e instituciones sociales se han pronunciado sobre la necesidad de reformas imprescindibles relacionadas con el tema de la organización y realización de las elecciones y el papel de los partidos políticos y el de las organizaciones sociales y comunitarias para lograr mayores niveles de institucionalidad y transparencia.
Participación Ciudadana, la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IID) de reciente articulación y el CONEP, a través de su presidente Rafael Blanco, han resaltado la necesidad de aprobar una nueva Ley General del Régimen Electoral, y una ley de Partidos y agrupaciones políticas, y la necesidad de elegir a los miembros de la Cámara de Cuentas y de las Altas Cortes con suficiente independencia de los poderes económicos y partidarios. Llamaron a la atención sobre la necesidad de elegir los miembros de la JCE y del tribunal superior de elecciones con capacidad y ética profesional, evitando elegir a dirigentes activos de partidos políticos.
Para que la vigilancia y la presión social sean una realidad la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática afirma la necesidad de: “Apoyar las iniciativas de las organizaciones sociales para que participen de manera activa y permanente como veedores sociales de las acciones del Estado desde sus comunidades y organizaciones, exigiendo el cumplimiento de su responsabilidad y la prestación de los servicios que le corresponde proveer a la población”.
De poco servirá hacer nuevas leyes si no hay una vigilancia constante y una presión social organizada para que las mismas se cumplan. En ese sentido el informe de PC concluye: “Solo una gran presión de las fuerzas sociales, compactadas en torno al objetivo de rescatar la institucionalidad democrática disminuida, y la renovación de partidos y dirigentes políticos, podrá generar las sinergias imprescindibles para retomar el camino del fortalecimiento institucional de la nación”.
En definitiva aunque muchos de los nuevos funcionarios o de los viejos reelegidos sean ética y políticamente ilegítimos, por las razones explicadas más arriba, es necesario exigirles, de manera organizada, y desde los diferentes niveles, local, regional y nacional, responsabilidad, transparencia y eficiencia en el desempeño de la función pública asumida.