El subempleo es algo muy diferente a la informalidad laboral que predomina en la región y nuestra isla, y ambos no guardan relación de causalidad. Se podría decir que son dos fenómenos de naturaleza distinta que coinciden de manera accidental como todo lo que nos acontece y toca enfrentar en esta tragicomedia orquestada por autócratas irresponsables, que transan con la normatividad que exige un Estado de derecho.
El subempleo está ligado directamente a la falta de productividad. Si la mayor parte de las empresas son Mipymes, tienden a tener poco capital físico y por ende poca productividad, lo que hace que no puedan contratar personal a jornadas completas y con salarios adecuados, y en ese mismo orden se ve reducido el capital humano, así lo explica el profesor de economía L. Fernando Alegría. La informalidad laboral por otra parte, es trabajar al margen de la ley; por lo que no hay estabilidad, no hay beneficios, no hay derechos de vacaciones y por tanto pagan por debajo de lo normal, la lamentable coincidencia entre uno y otro fenómeno se encuentra en el resultado, tanto en el subempleo como en la informalidad laboral, el ingreso es bajo y el número de horas, ¿pero qué sucede cuando en un país es el Estado que oficialmente coloca al trabajador en la categoría de subempleado?, ¿incoherente no?
En nuestra región, son las autoridades las que deliberadamente mantienen la calidad del empleo, el cual debería ser formal—adecuado a la actualidad y digno en su remuneración—en unas condiciones que rozan los márgenes de servidumbre, en cuanto a improductividad, ingresos, calidad de vida producto del trabajo realizado y realización a través del oficio desempeñado. El Estado contribuye a este flagelo en dos sentidos: primero; la concentración del poder económico y político es a tal grado tan agresivo que entre monopolistas y negociantes de la política, concuerdan ejercer un alto nivel de poder de mercado, un nivel que los países desarrollados apenas comienzan a alcanzar (ver el gráfico adjunto a este artículo). En ese mismo orden de control sobre el mercado, las dos principales vías que estructuran un empleo poco digno y bien remunerado son las que se expresan en operar con tecnologías ineficientes y reduciendo la inversión en innovación, ya que al controlar ampliamente el mercado, los monopolistas y negociantes de la política no se ve amenazados por la competencia, por lo que tienen menos presión en innovar y contar con un personal altamente cualificado. Lo que se manifiesta en las condiciones del empleo al que obligatoriamente debe recurrir el ciudadano y salarios mínimos de US$ 351,91 mensuales para empresas grandes, US$ 325,51 para empresas medianas; US$ 218,18 para empresas pequeñas; y US$ 202,35 para las microempresas; que nos lleva a ocupar el puesto número 12º de países con salario promedio que no rozan los mil dólares de ingresos, sino US$ 794; de dicho listado solo seis países latinoamericanos, hasta octubre 2021, tienen un salario medio por encima de los US$ 1000 dólares (PPA): Costa Rica, Panamá, México, Chile, Uruguay y Bolivia.
Y la segunda forma consiste en distorsionar la política fiscal más allá del ámbito del mercado. En el informe sobre la trampa de alta desigualdad y baja productividad que explora el informe del PNUD 2021, preocupa en esencia un rasgo distintivo de los sistemas fiscales latinoamericanos, y es su débil poder redistributivo. Los índices de Gini en AL permanecen esencialmente inalterados después de que los hogares pagan impuestos y reciben transferencias del gobierno.
Además, si bien el patrón de bajos niveles impositivos y escasez de recaudo fiscal proveniente de impuestos sobre la renta es resultado de diferentes factores, es para las élites empresariales en las que en general el diagnóstico está lejos de ser positivo, el grado de influencia empresarial en la esfera política son en parte responsables de mantener baja la tributación efectiva y de alejar los sistemas fiscales de impuestos más progresivos, a través de su conexión con el poder político. Esta influencia se ejerce interfiriendo en las reformas tributarias para proteger sus intereses, en formas que van desde el bloqueo a los aumentos de impuestos a los negocios y a sus propietarios, a través de la presión por exenciones y subsidios para sus operaciones, induciendo indirectamente el recaudo fiscal a presionar a un solo sector, gravando más los ingresos de la clase media, como actualmente la ley 11-92 y modificaciones, permanece con una carga impositiva de un solo lado, esto quiere decir que el ITBIS y el impuesto sobre la renta personales son las fuentes que nutren el erario y se les imponen a las Mipymes además de otras regulaciones, lo que indefectiblemente las conduce al estancamiento o a la quiebra en algunos casos, ya que no hay equilibrio en la recaudación, sino que todo el peso recae en los campeadores modernos.
De acuerdo con el Boletín de Competitividad Sectorial 2021 del MEPYD, cerca del 48.8% de la población se encuentra infraeducados para la posicion que desempeñan, y en contraste, el 20.7% de los ocupados en el mercado laboral se encuentran sobreeducados, es decir, que tienen un nivel educativo superior a lo que se necesita, razón por la cual las personas se encuentran rezagadas para adaptarse a las tecnologías de punta. Lo que nos ubica en un desajuste de aproximadamente el 70%, por encima del promedio regional que ronda el 50%, según la metodología de la OIT y ocupando lo que se denomina el empleo vulnerable, aquel que brilla por la ausencia de seguridad social.
Nuestra economía es esencialmente una economía de servicios, dicho modelo económico no es en sí de los más productivos, frente al industrial por ejemplo, pero para su posterior superación y combatir la baja productividad, los expertos son enfáticos en dos puntos que desde sus perspectivas resultan cruciales para el desarrollo de la región y para lograr los niveles de bienestar negados hasta el momento. En primer lugar; instalar de forma irrevocable la seguridad jurídica y sobre todo respetarla y, en segundo lugar; aumentar la seguridad personal, ya que los niveles de violencia e inseguridad física que se viven actualmente, no favorecen de ninguna forma la inversión extranjera, ni tampoco la local.
En un país donde te quitan la vida mientras trabajas para ganártela, donde las personas no pueden sentirse seguras y permanecen expuestos al asalto de cualquier desaprensivo que no escatima en afectar la integridad física de otros por arrebatarle sus pertenencias y donde el organismo creado para garantizar y preservar el orden y seguridad de la ciudadanía más bien parece estar compuesto en un chanchullo descarado con el crimen organizado, no solo es difícil la convivencia diaria, sino imposible siquiera pensar en un desarrollo sostenible bajo las condiciones actuales.