La trágica muerte de un joven y cuatro adolescentes cuando el vehículo conducido por el primero a una velocidad prácticamente suicida se estrelló contra una caseta y una banca de apuestas en horas de la madrugada, concede de nuevo actualidad al irresuelto tema del gran número de accidentes vehiculares que tienen lugar en el país y la elevada proporción de víctimas fatales por ese motivo.
Son cinco vidas que se pierden apenas despuntando, otros tantos hogares enlutados por el doloroso drama y la comunidad francomacorisana sumida en duelo y pesar ante la irremediable ocurrencia.
Tan solo en el período enero a junio del presente año, la cantidad de muertes registrada de manera oficial a consecuencia de los accidentes vehiculares fue de novecientos noventa y seis. La cifra duplica la del mismo período del pasado año. Vamos en retroceso en tanto sigue siendo la principal causa de muertes violentas en nuestro país, sin que hasta ahora ninguna de las medidas adoptadas haya logrado aligerar la cifra, ni luzca que vaya a ocurrir en futuro previsible.
Es solo la manifestación mas reciente de la indetenible sangría de vidas humanas que arrastramos sin solución de continuidad desde hace décadas. Según las cifras ofrecidas por el Observatorio de Seguridad Ciudadana y el Observatorio Político Dominicano tan solo en el período que va del 2005 al 2019 los accidentes vehiculares ocasionaron 24 mil 537 muertes en tendencia creciente. Es una cantidad aterradora.
A tan fúnebre estadística habría que sumar, por otra parte, la cantidad de personas heridas. En no pocos casos, las lesiones recibidas son de tal naturaleza que no pueden rebasar su gravedad pese a todas las atenciones médicas que se les preste en un inútil esfuerzo por salvarles la vida. Otros sufren discapacidades que requieren un largo período de rehabilitación, en ocasiones también insuperables y que dejan a las víctimas limitadas por todo el resto de su existencia.
Sobre el elevado costo que la asistencia hospitalaria, prestaciones y procedimientos médicos, medicamentos y por lo general dilatados procesos de recuperación, acaba de llamar la atención el representante en el país del Banco Interamericano de Desarrollo, Miguel Coronado Hunter.
Aún cuando en esta ocasión no se mencionan cifras, en anteriores oportunidades se ha señalado que suman cientos de millones de pesos que drenan el limitado presupuesto que el país dedica a la salud pública. Hay que tomar en cuenta también el monto de las reclamaciones económicas para las aseguradoras, lo que a su vez hace subir la tarifa de las primas para la cobertura de vehículos de motor, aunque naturalmente el costo más elevado por irreparable es el de las vidas que se pierden.
El problema de los accidentes de tránsito y sus fatales consecuencias en el país es uno de los más difíciles de abordar y resolver. Con apenas 10 millones y medio de habitantes y en un territorio de apenas alrededor de 48 mil kilómetros cuadrados, la DGII tiene registrados unos 4 millones y medio de vehículos de motor. Si bien las motocicletas constituyen mayoría, esto solo hace aumentar el riesgo tomando en cuenta la forma temeraria en que son conducidas. Casi veinte mil conchos circulando tan solo en el Gran Santo Domingo, muchos ellos carros destartalados y en precarias condiciones mecánicas complican aún más la situación.
Pero lo peor son los pésimos hábitos de manejo. La agresividad de muchos choferes. Las continuas y en gran medida impunes violaciones de las normas de tránsito; el manejar bajo los efectos de la ingesta de bebidas alcohólicas cuando no drogas; el hacerlo mientras se habla por celulares pese a estar prohibido, y en las carreteras y autopistas el pisar el acelerador para lanzar el vehículo a velocidad desbocada, tal como al parecer ocurrió en el infortunado caso de estos cinco muchachos.
Hasta ahora tan grave problema no ha encontrado respuesta. Y peor aún: no parece figurar en la agenda de ninguno de los aspirantes a desempeñar el poder.