El Sistema Educativo Dominicano (SED) viene requiriendo de una profunda reorientación, por lo cual las actuales autoridades deberían hacer un alto y mirar hacia adentro para dedicarse a resolver PEQUEÑAS necesidades que afectan la educación en algunas comunidades.
La sociedad dominicana recibe constantemente por los medios de prensa, informaciones que llevan a pensar que el discurso sobre la educación y la acción concreta no van en la misma dirección. Y que los mandatos de la Constitución y la Ley de Educación 66’97 no siempre el Minerd los toma en cuenta, perjudicando a aquellos que con frecuencia no tienen voz, aunque pregona que el país vive una “revolución educativa”.
Los importantes programas de construcción y reparación de escuelas y la jornada escolar extendida (solo atiende el 60% del estudiantado), parecería que acaparan la total atención de las autoridades del Minerd porque es de lo que más hablan; y algunas direcciones regionales y distritales ante las necesidades que confrontan sus demarcaciones miran para otro lado, incumpliendo su función representativa y supervisora.
Se impone identificar todas aquellas escuelas que confrontan dificultades para desarrollar la docencia de calidad a que sus estudiantes tienen derecho. En esas direcciones regionales y distritales existe personal suficiente para realizar un estudio diagnóstico para aplicar las soluciones pertinentes.
Por derecho constitucional en República Dominicana “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley (Art. 39). Y en términos de “Protección de las personas menores de edad. La familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales…” (Art. 56). Asimismo, en el Art. 63 establece: “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”. Y en el numeral 3 establece: “El Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio…”
Por su parte, la Ley 66’97 en el Art. 7 establece: “…Compete al Estado ofrecer educación gratuita en los niveles inicial, básico y medio a todos los habitantes del país”. Y el Art. 9 expresa: “Son también obligaciones del Estado, en lo relacionado con la tarea educativa: a) Otorgar especial protección al ejercicio del derecho a la educación y la libertad de enseñanza;…d) Garantizar una educación gratuita que permita que toda la población tenga igual posibilidad de acceso a todos los niveles y modalidades de la educación pública…”.
Una gerencia eficiente y eficaz prioriza; pero priorizar no significa desatender otros aspectos que competen a las funciones del cargo, y mucho menos cuando se refieren a derechos establecidos legalmente. Dos reportajes que ilustran parte de lo que sucede:
El 5 de marzo pasado, José Miguel De la Rosa del periódico El Día publicó: Comunidad de Villa Altagracia a espera de ‘revolución educativa’. Los comunitarios solicitan al Ministerio de Educación la edificación de un nuevo plantel. Se trata del empobrecido sector La Represa de Isa, perteneciente al distrito municipal La Cuchilla, en Villa Altagracia, a unos 45 kilómetros de la Capital, dice De la Rosa.
La noticia impacta no solo por la fotografía de la casucha/escuela, sino porque lo único propio de un centro educativo que se ve a través de sus transparentes “paredes”, son mesas y sillas nuevas, y por esta petición/revelación: “Tanto los comunitarios como los estudiantes piden al presidente Danilo Medina que realice una visita sorpresa al lugar, porque se han cansado de reclamar y nadie les ha respondido… han solicitado en varias ocasiones al Ministerio de Educación un nuevo plantel, e incluso funcionarios de esa cartera han acudido a percatarse de la situación, pero nada se ha hecho”.
El otro reportaje presentado el 15 de abril del año en curso por Lery Laura Piña del digital 7dias.com.do se titula: Niños de Los Algarrobos sufren precariedades porque Educación paralizó la construcción de la escuela.
Dice la periodista: Los Algarrobos, en el distrito municipal de Medina del municipio de Villa Altagracia, es una comunidad tan paciente como pobre. Pero está harta de la precariedad con que estudian sus niños. Por eso sus moradores llevan más de una semana exigiendo, a través de distintos medios, que el Ministerio de Educación concluya el plantel escolar que empezó hace más de dos años, cuando demolió la precaria estructura que servía como escuela. La obra lleva unos ocho meses paralizada sin que las autoridades de Educación hayan expuesto causa alguna. Los siete cursos que funcionan en la escuela han paseado como nómadas, ocupando iglesias, casuchas prestadas o enramadas. Funciona en tres espacios distintos, todos carentes de condiciones mínimas para garantizar higiene y comodidad, algunos sin baños, sin agua, sin techo. Pero, tendido en un cordel se lee un letrero que reza: “todos somos la escuela”. ¡Qué animo! ¿Quién le está garantizando los derechos descritos a estos estudiantes? o ¿acaso el 4% se agotó?
Mientras en el país haya “escuelas” como las descritas, el SED indicará que las autoridades del Minerd no están haciendo lo que deben hacer, porque el derecho a igual educación no excluye. Además, los informes internacionales son recurrentes al señalar las dificultades que debe afrontar el SED para situarse en la vía de ser eficiente, eficaz e inclusivo. Como ejemplo, el informe mundial de la Unesco sobre Educación para Todos, divulgado este 9 de abril en Nueva Delhi, París y Nueva York, que revela que República Dominicana y Paraguay se coronaron como los países con menos del 40 % de niños en edad preescolar de América Latina.