Con un privilegiado flujo de información y su maduro sentido común, Bernardo Vega nos tiene acostumbrados a emitir juicios certeros sobre una gran variedad de asuntos nacionales. Su escalpelo analítico es siempre incisivo en materia económica. Resulta pues atrevido disentir de sus recientes conclusiones sobre el turismo y la pandemia y sobre la pertinencia del propuesto Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB). Pero como ambas se refieren al turismo y comportan enormes repercusiones económicas, la libertina enjundia del “turistologo” debe salir del closet para, atrevidamente, temperarlas.
En “Aislamiento”, su artículo del martes pasado, Vega nos espeta un contundente realismo. “Admitamos la triste verdad. El turismo en masa de ayer no va a retornar por ahora y tenemos que pensar en estrategias alternativas, como las adoptadas en Bahamas, Barbados y Cuba. La única y verdadera solución es acabar con la pandemia.” Pero este tajante dictamen habría que reevaluarlo en función de las últimas noticias sobre las medidas de los destinos turísticos caribeños. Y también habría que precisar mejor el prerrequisito de “acabar con la pandemia”.
Con ese flagelo han proliferado las restricciones de viaje. Al principio casi todos los países se cerraron totalmente, pero en semanas recientes las restricciones se han ido aligerando a medida que los países sienten la necesidad de rescatar sus económias y/o su flujo turístico. Ya hay un numero de sitios web que detallan las restricciones por país, siendo Wikipedia uno de ellos. Pero hay más que también reportan aunque no siempre están actualizados: https://blog.wego.com/covid19-travel-restrictions-by-destination-country/ /https://www.kayak.com/travel-restrictions / https://www.kayak.com/travel-restrictions. En general, la reapertura tiende a favorecer las llegadas provenientes de naciones con baja incidencia del virus.
Ya Bahamas echó para atrás su decisión de prohibir las visitas de los estadounidenses. Ahora las permite siempre y cuando el visitante llene un formulario online que certifique que una prueba PCR de 10 días o menos arrojó resultados negativos. Barbados, por su lado, requiere una prueba PCR con 72 horas antes del viaje. Cuba, por su lado, abrió los vuelos internacionales el 1 de agosto. Comenzarán a llegarle vuelos “charters” desde Estados Unidos a partir del 15 y, en consecuencia, los turistas ya no serán confinados a los cayos. Mientras, la Asociacion de Hoteles de Cancún predice que para el otoño sus hoteles habrán alcanzado un 60% de ocupación y ASONAHORES vislumbra que aquí llegaremos al 50% para diciembre.
Tal evolucion sugiere que los destinos turísticos han adoptado diferentes maneras de responder a la pandemia y a la necesidad de reactivar sus actividades turísticas. Aunque se queje la IATA, en el caso nuestro la escalada de los contagios que estamos viviendo justifica que se haya impuesto el requisito de la prueba PCR para las llegadas internacionales por aire. Los protocolos sanitarios de las líneas aéreas y de los hoteles ayudan, pero no son inexpugnables, como tampoco lo es, según la OMS, el “cribado” de pasajeros con pruebas. Sabemos que las pruebas no tienen un 100% de efectividad, además de que un turista puede ser contagiado aquí y llevar el contagio al hotel. Pero no hay ninguna fórmula mágica y debemos auxiliarnos de lo que esté disponible.
Por supuesto, cuando Vega sentencia que hay que “acabar con la pandemia” no significa que nosotros podemos desaparecerla del mapa mundial. La misma OMS ha advertido que tendremos coronavirus por largo tiempo. Lo que si significa es que mientras no haya vacunas preventivas y medicamentos probados para el tratamiento de la enfermedad seguiremos padeciendo los estragos del Covid-19 sobre el turismo. Aunque haya una “demanda contenida” que querrá abarrotar los hoteles tan pronto sea posible, la batalla consistirá en generar la confianza del potencial viajero. Esto pasa por una cierta recuperación económica en sus países de origen y la certeza de que una vez instalados los protocolos de seguridad sanitaria –como lo están haciendo los empresarios de la Ciudad Colonial— no contraerán el virus durante su estadía en el país anfitrión.
Es predecible que en el corto plazo se continuarán inventando y adoptando medidas que hagan posible una lenta recuperación de los flujos turísticos. Las líneas aéreas han avanzado mucho en la rápida desinfección de las cabinas de los aviones, los aeropuertos y los hoteles y restaurantes han desarrollado estrictos protocolos. Pero hasta ahora ningún turoperador ha inventado un paquete que garantice la inocuidad “desde la varilla inicial hasta la pintura final”. Lo seguro es que, si no se adoptan nuevas medidas draconianas, habrá una lenta recuperación a medida que los turistas vayan asimilando las restricciones. Las pruebas rápidas para el “cribado” de pasajeros, sin embargo, por las cuales abogan voces muy autorizadas, podrían acelerar la recuperación turística.
De hecho, el valladar del tiempo que toman las pruebas PCR para el turismo podría tener solución en corto tiempo debido a “una nueva máquina denominada Abbott ID NOW COVID-19 que promete ser una excelente solución. Su capacidad de detección es impresionante y solo necesita 5 minutos para los resultados positivos y 15 minutos para los negativos, la más rápida de su tipo. A diferencia de otras pruebas rápidas que se han utilizado en otros países (no siempre con la necesaria efectividad) esta solución de prueba rápida utiliza el método de prueba molecular, que funciona con saliva y mucosidades tomadas de un paciente.”
Según el Dr. Anthony Fauci, el gurú de las enfermedades infecciosas en los EEUU, las perspectivas son de que comenzaremos la vacunación efectiva dentro de seis meses y eso podría significar una vigorosa recuperación turística para mediados del próximo ano. Mucho dependerá del proceso de producción y comercialización de las vacunas, pero como los países ricos son nuestros mercados emisores y allá será donde primero se efectuará la más amplia vacunación se podría esperar que habrá para entonces turistas potenciales interesados en viajar. De ahí que el juicio de que haya que “acabar con la pandemia” para restaurar el turismo sea algo exagerado. La “triste verdad” es que la pandemia ha desguabinado la industria, pero no es necesario acabar con todas las serpientes para poder visitar la jungla.
Desmontables, por su lado, son los argumentos de Vega para oponerse al desarrollo del AIB, en la Sección El Salado del municipio de Higuey. Sus argumentos son baladíes: su cercanía a los otros del aérea, la reducción de ingresos fiscales –“sacrificio fiscal”—debido a los incentivos turísticos, que no generaría nuevos empleos y que las tarifas de aterrizaje, y no la competencia, determinarían el costo al consumidor. De similar catadura es el alegato de ASONAHORES de que Confotur no debió aprobar el proyecto porque este “carecía de la documentación legal, en este caso el Decreto de Aprobación de Concesión del Aeropuerto” y debió pasar por una clasificación provisional primero.
Sobre la cercanía entre aeropuertos no existen estándares establecidos y cada país los fija independientemente. El AIB estaría a 22 kms del de Punta Cana y, a juzgar por las innumerables ciudades que tienen varios aeropuertos en su entorno, esa será una distancia prudente. (Ver también la cercanía de los aeropuertos a las ciudades en Europa.) Citar que el AIB dejaría de pagar impuestos al fisco es una majadería: si la Ley 195-13 de incentivo turístico existe para favorecer nuevos proyectos turísticos resulta evidente que, por su ubicación, más turístico que el AIB ninguno. Si de los empleos se trata parecería que su construcción y operación la harían fantasmas y si un aeropuerto adicional no sería competencia entonces habría que reescribir la teoría económica. Finalmente, a ASONAHORES hay que advertirle que la jerarquía jurídica de un decreto está por encima de cualquier resolución de Confotur u otra dependencia gubernamental.
Amparado en el Artículo 50 sobre la Libertad de Empresa consagrada en la Constitución, el AIB será una inversión totalmente privada que no costará nada al Estado. En una economía de mercado y libre competencia, sus promotores tienen todo el derecho de emprender ese proyecto siempre que no infrinja las leyes y regulaciones vigentes. Al haber sido el proyecto aprobado por tres agencias gubernamentales (Departamento Aeroportuario, IDAC, Confotur) es dable suponer que no infringe ninguna disposición. Tampoco sería valido decir que ese aeropuerto no es necesario porque existen otros en su cercanía. Los promotores tienen el derecho de invertir en algo no rentable y, para su aprobación, el Estado nunca ha exigido que un proyecto lo sea.
Los 63 kilómetros de litoral que discurren entre Cap Cana y Miches tienen una indudable vocación turística. A juzgar por los proyectos aprobados por Confotur para el tramo Macao-Miches es previsible que en los próximos diez años se construirán decenas de miles de nuevas habitaciones turísticas. La ubicación del AIB sugiere que el mismo se beneficiará, al igual que los demás aeropuertos del área, de ese enorme crecimiento. Si el nuevo gobierno objeta el decreto 270-20 que aprobó el AIB lo hará por razones insondables que escapan a la clarividencia de un “turistologo” libertino, aunque talvez no a Bernardo Vega.